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| Autor: Calvin |
Las actividades recientes del colectivo Yasunidos se enmarcan dentro de una
línea de pensamiento extremo sobre la conservación y preservación del ambiente
que no considera la opción de un manejo sustentable de los recursos naturales.
Grupos cómo este considera únicamente la relevancia de la naturaleza intacta
sin dimensionar la importancia estratégica que esta pueda tener a nivel
económico y social a mayor escala. Las últimas tendencias de la conservación
promueven un manejo de los ecosistemas que permite hacer uso de los bienes y
servicios ecosistémicos abandonando el conservacionismo puro sobre todo en
países con una densidad poblacional alta como el Ecuador. Igualmente, este tipo
de grupo sobredimensiona el impacto real y la amenaza a la naturaleza que
representan las actividades extractivistas, llegando a niveles de radicalización
y violencia innecesaria como ha sido el caso de Intag o Sarayacu. Sin embargo,
el daño más grande que ha hecho esta organización se la ha hecho a sí misma al
incursionar en el ámbito de la política y la movilización social con el intento
de recaudar 700 mil firmas para una Consulta Popular referente a la explotación
del Yasuní-ITT.
La propuesta original del Estado Ecuatoriano con respecto al Yasuní – ITT (entre
2007 al 2013) era resolver de manera creativa el problema de la amenaza de la
extracción del crudo localizado en un sitio de alta vulnerabilidad como es el
Parque Nacional Yasuní. Con esto se buscaba la conservación de la
biodiversidad, la reducción de emisiones del CO2 y el respeto a los derechos de
los pueblos indígenas. El Presidente Correa señaló, en su momento, que la
primera opción para el país era mantener el crudo bajo suelo. Para este fin se
buscaría estimular a la sociedad nacional e internacional para contribuir con
el Estado Ecuatoriano en la aplicación de esta decisión nacional. Bajo la
Iniciativa, el Estado ecuatoriano se comprometía a dejar bajo tierra, de forma
indefinida, cerca de 856 millones de barriles de petróleo dentro de la reserva
ecológica Yasuní, a fin de evitar la emisión a la atmosfera, de 407 millones de
toneladas métricas de dióxido de carbono que se producirían por la quema de
esos combustibles.
Se esperaba lograr obtener el 50% de los que obtendría de extraer el crudo.
Esto implicaba que el Estado emitiera bonos por el crudo que permaneciera bajo
tierra. Con el compromiso de no extraer nunca ese crudo y de proteger el parque
Nacional Yasuní. Se estimaba que el Estado podría recibir alrededor de 350
millones de dólares durante 10 años, sin embargo se calculaba que al sexto año
habría un decrecimiento constante de los ingresos. De esta forma, se buscaban
alternativas que le produzcan al Estado el 50% de los recursos, y que pueda
representar una renta en forma definida. Adicionalmente, estos montos debían
ser destinados a actividades que permitan al país librarse de la dependencia a
las exportaciones y consoliden la soberanía alimentaria. El Estado planteaba
que estos recursos se destinen al manejo de 19 áreas protegidas, un programa de
reforestación nacional y acciones relacionadas al cambio de la matriz
energética. Uno de los argumentos principales a favor de mantener el crudo bajo
tierra fue el tema del cambio climático que estaba en la agenda internacional
debido a la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Era importante la
conservación del Yasuní puesto que múltiples informes científicos comprobaban
que el Parque Nacional concentraba la mayor cantidad de biodiversidad del
planeta. La recaudación de fondos internacionales fue débil y en agosto de
2013, el gobierno puso fin a la iniciativa y dio inicio a la explotación de
1000 ha en la zona. Se estima que la explotación de este bloque generará
alrededor de 600 millones de dólares anuales durante 30 años.
Si bien la intencionalidad del Colectivo Yasunidos para una Consulta
Popular fue noble, las formas del activismo radical y los intereses mezquinos
de sus voceros, causaron rechazo significativo en la ciudadanía, o en su
defecto, ambivalencia. De tal forma que, los activistas que se encadenaban a
los árboles no pudieron convencer a la ciudadanía que la pelea por el 1x1000
del Yasuní valía la pena. De hecho es una pelea perdida cuando se considera la
importancia estratégica de estos bloques cuyos ingresos se podrían destinar al
desarrollo de las comunidades más afectadas por la explotación de los recursos
naturales. No olvidemos, son comunidades que por alrededor de 50 años (sino
más) han sido víctimas de la negligencia tanto estatal como empresarial que ha
descuidado la inclusión de este segmento de la población a un proceso de
ciudadanización. En términos prácticos, la población amazónica ha estorbado y
no se le ha considerado parte del país en firme. Es una realidad bochornosa,
con décadas de retraso, que se ha empezado a remediar mediante distribuciones
más equitativas de las regalías (Ley 010) o construcción de infraestructura y
facilidades mediante el ECORAE y Ecuador Estratégico.
De permitir articular adecuadamente la política de desarrollo social, la
ambiental y la estratégica el panorama sería otro para estas poblaciones. Sin
embargo, organizaciones radicales como Acción Ecológica, Fundación Pachamama y
el colectivo Yasunidos, lo ha impedido. Para sus fines activistas, Yasunidos
cuenta con un contingente de apoyo internacional de ONG altamente cuestionada
por sus prácticas Anarco-Ecológicas. Entre los grandes
financistas del Colectivo se destacan Amazon Watch, Greenpeace, The Rainforest
Foundation, OilWatch International. Estas ONG internacionales han apoyado a Acción Ecológica y a la Fundación
Pachamama con asesoría legal y financiamiento de acciones de activismo. La
asesoría legal también se ha brindado a organizaciones indígenas quienes han
emprendido innumerables juicios contra el Estado Ecuatoriano por violaciones de
derechos humanos, derechos colectivos, entre otros.
A pesar de que el Ecuador se ha convertido en líder latinoamericano sobre
el cambio climático, organizaciones como las mencionadas han protestado cada
paso del camino. Cuando el Estado ecuatoriano ha implementado medidas y
políticas que se replican a nivel regional, los activistas en una
representación autoproclamada de comunidades indígenas, han exacerbado la
conflictividad socio-ambiental en vez de apaciguarla, no solo a escala nacional
sino incluso internacional, intentando dejar en duda las acciones gubernamentales
en pos del bien común. El Ecuador ha logrado reducir su tasa de deforestación y
a pesar de que sea uno de tres países que haya implementado una Estrategia
Nacional de Cambio Climático y programas cómo Socio Bosque; Socio Manglar;
Socio Manejo, Socio Páramo, y otras medidas como la exoneración de impuestos
por conservación, las organizaciones radicales obstaculizan el desarrollo pleno
de estas medidas al boicotear el posible acercamiento entre el Estado y las
comunidades que se beneficiarían más de estos programas. Y es que se oponen a
los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); se oponen a proyectos de Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD); se oponen a
los transgénicos, agrocombustibles, geoingeniería, mega-proyectos
hidroeléctricos, centrales nucleares, fractura hidráulica, agricultura
climáticamente inteligente, entre varias otras. Pues parece que únicamente se
oponen.
Y como se ha vuelto costumbre, nuevamente se oponen a algo, en esta ocasión
se oponen a la vigésima Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) y la Conferencia de las Partes
del Protocolo de Kyoto (CMP10). La Conferencia se llevará a cabo del 1 al 12 de
diciembre del 2014 en Lima, Perú. Son 195 países los que han firmado el
Convenio Marco, y el Ecuador es uno de varios a la vanguardia sobre cambio
climático en Latinoamérica. En este sentido, el Estado Ecuatoriano estará
representado por la Ministra de Ambiente. A su vez, la sociedad civil y las
indefensas comunidades indígenas ecuatorianas estarán representadas por…Yasunidos.
De forma paralela a la COP20 se realizará la Cumbre de los Pueblos frente al
Cambio Climático en la misma ciudad de Lima, Perú. En una sala de conferencias
distinta, se encontrarán los dirigentes, conferencistas, indigenistas y
pachamamistas de todo corte para exigir que las medidas que se adopten en la
COP20 se descarten.
La intención de torpedear la participación del Ecuador en la COP20 es una
de un sinnúmero de acciones que han realizado los ambientalistas radicales en
su perpetua lucha contra el Estado. Su accionar bordea en la sedición cuando en
ningún otro momento en la historia ecuatoriana ha habido los avances en
términos de política pública ambiental. El protagonismo de los ambientalistas
radicales en las esferas de la sociedad civil internacional ha sido importante
y ha traído atención a una problemática profunda, la esquizofrénica dicotomía entre
ser un país primario exportador y ser un país post-petrolero. Esta dinámica es
de contraposición y de contradicción puesto que si de la lucha contra la pobreza
hablamos, el fin lamentablemente justifica los medios. Sin embargo, para los
ambientalistas radicales, el fin es la utopía del Jardín del Edén. No existe.
La resistencia al progreso no debe contaminar la voluntad de los pueblos
por superar sus condiciones, no puede ser el obstáculo que mantenga
empobrecidas a comunidades que de otra manera podrían ya lograr suplir sus
necesidades más básicas, incluyendo la garantía de los derechos humanos. El
sabor de la política ha envenenado a las cabezas de Acción Ecológica/Yasunidos.
A pesar de decir que su organización no participa de actividades políticas,
todo su accionar es político y con la doble intención de elevar el perfil de
Alberto Acosta y Esperanza Martínez a una palestra verde internacional. La
perpetua victimización a la que se someten estos actores políticos es
deplorable y no promulga el supuesto “Buen Vivir” sino la confrontación ilógica
entre la ciudadanía y la conservación. Pues me atrevo a pensar que la población
ecuatoriana estaría más presta a acudir al llamado de la conservación del medio
ambiente sino fuera por la constante martirización de estos personajes y su
acoso a los que no compartan con su visión extrema de la naturaleza intacta. Es
lamentable que los cambios y la evolución que ha tenido el país en materia de
conservación se vean manchados por intereses propios. Los activistas radicales
que van a la Cumbre de los Pueblos, no me representan, no representan al
Ecuador y difícilmente representan a las comunidades indígenas que terminan siendo
objeto de su salvación. Me pregunto: ¿Y quién salvará a las comunidades
indígenas de los activistas?
Por Mateo Izquierdo
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3 comentarios
Write comentariosEs grave cuando ciertos grupos se proponen paralizar el progreso, cuando deberian apoyarlo y simplemente dar sugerencias para mejorarlo. Ecuador es un ejemplo para mitigar danios ambientales, es un ejemplo en utilizar energia alternativa y mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, entonces como podemos estar representados por grupos que pretenden figurar, mas no ayudar??
ReplyTipico, ni saben que significa medioambiente y se hacen los que luchan si esos grupos son los pincipales en dar efectos negativos contra la naturaleza y hacer danio al entorno animal y vegetal... y ahora quieren interrumpoir el progreso!
ReplyDise el dicho perro que ladra no muerde asi esque Sr. presidente siga adelante com su monumental obra que los que lo apoyamos somos muchisimos mas
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