Ha transcurrido un mes desde que el Gobierno
Nacional hizo un llamado al “Diálogo Nacional por la Equidad y la
Justicia Social”. La convocatoria tiene como objetivo final la
mitigación del conflicto social que en junio pasado amenazó con desbordarse. En
gran medida, la convocatoria al diálogo logró apaciguar las ínfulas de
confrontación que venían acumulándose desde hace más de un año, pero también
significó la aceptación por parte del Ejecutivo de la necesidad de establecer
canales de mediación y trámite de demandas ciudadanas que al cabo de ocho años
de gestión se habían agotado. El Gobierno confió en que su capital político le
permitiría implementar su agenda política sin el debido control social que
tanto caracterizó el inicio de la gestión de Rafael Correa. Así mismo, la
convocatoria sirvió para visibilizar la verdadera intencionalidad de distintos
sectores políticos que se han negado rotundamente a sentarse a la mesa de
negociación e insisten en su estrategia de confrontación y caotización del
sistema político. Es decir, lejos de aportar a la desactivación de un conflicto
que amenaza con romper el orden constitucional, es evidente que ratifican su
inamovible voluntad de continuar por el mismo camino de la desestabilización.
La convocatoria es a todos los sectores de
la sociedad para discutir ampliamente el escenario político y estructural
actual, en procura de construir una sociedad más justa y equitativa. Para este
fin se han establecido mesas de trabajo, debates con organizaciones gremiales,
y un espacio de presentación de propuestas, objeciones y recomendaciones que se
presenten articuladamente tanto a la Función Ejecutiva como a la Legislativa.
En mayor o menor grado, varios sectores sociales y políticos han recibido la
invitación con entusiasmo para debatir y aportar desde distintos espacios
ciudadanos. Hasta la fecha se han realizado reuniones con sectores
estudiantiles, campesinos, indígenas y representantes de gobiernos locales de
la Amazonía. El liderazgo de esta convocatoria la ha asumido la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), pues gran parte de la
temática que se discutirá es de su competencia, al igual que de los sectores
sociales, políticos, productivos, estratégicos, de conocimiento y talento
humano, y empleo. Además, la convocatoria al diálogo se la hace también desde
la Asamblea Nacional y de la misma ciudadanía.
Se prevé que la fase de diálogo nacional
esté estructurada en tres momentos clave: en primer lugar, la SENPLADES, los
ministerios y secretarías de Estado escucharán y recibirán propuestas de
diversos espacios como los consejos ciudadanos, asociaciones, gremios,
sindicatos, organizaciones sociales, universidades, entre otros. En segundo
lugar, se impulsará un proceso de sistematización de los planteamientos
divididos por propuestas de política pública, regulaciones y proyectos de ley,
y se realizará una evaluación del proceso de diálogo. Finalmente, se expondrán
los resultados obtenidos con los actores sociales y políticos en el marco de un
gran acuerdo nacional por la equidad y la justicia social.
No obstante, en la realidad, el meollo del
proceso estará en el tercer momento, es decir cuando se midan los resultados de
las propuestas ya sistematizadas y articuladas a la gestión gubernamental, para
implementarlas. Digo esto porque solo en ese momento veremos si este esfuerzo logró
ante la sociedad la legitimidad necesaria para enfrentar el rechazo de los
sectores y grupos de interés que decidieron no participar del proceso. Para
entonces habrá una nueva medición de fuerzas entre el Ejecutivo y la oposición
en la que estará en juego, precisamente, aquella estabilidad o normalidad a la
que se intenta retornar con estos diálogos.
Es innegable que existe un intento de
reconfiguración de las fuerzas políticas de oposición que, coincidentemente,
pertenecen a sectores del antiguo sistema de partidos y grupos de interés que
se han visto afectados por las recientes iniciativas del Gobierno (herencias,
plusvalía, enmienda). Lo curioso es que les ha tomado más de ocho años intentar
esa reconfiguración y que su falta de coordinación y articulación no es
atribuible directamente al Gobierno de la Revolución Ciudadana. Las derrotas
electorales han debilitado a las organizaciones políticas pero además es
notoria su incapacidad de estructurarse dentro de las reglas de juego
establecidas en el Código de la Democracia que exigen una estructura
democrática partidista, elecciones internas, etc. Pero, ¿por qué esa
inoperancia? La realidad nos lleva a la simple conclusión de que los grandes
caciques dueños de los viejos partidos se resisten a salir de su lógica corporativa
que rige el manejo de esas organizaciones desde hace décadas.
El problema de esta situación radica en que
tampoco la sociedad civil ha logrado consolidar una dinámica propia que canalice
la participación ciudadana por fuera de la lógica del Estado. Justamente, uno
de los errores del proceso político actual tiene su origen en la malinterpretación
de las funciones que ha impedido que los canales de comunicación entre el
Estado y la ciudadanía sean orgánicos y permitan la canalización oportuna de
demandas ciudadanas. La sociedad civil nunca debió permitir que la
participación ciudadana se la coordine desde el Estado y, a su vez, el Estado
debió dar todas las facilidades y garantías para que esa participación ocurra pero
sin su coordinación.
Esta es una lección que se ha aprendido muy
tarde y con gran perjuicio del tejido de apoyo de base y estructura
organizativa del movimiento Alianza País. Digo muy tarde para todos, no solo
para el Gobierno. A las organizaciones de la sociedad civil, sea cual fuere su
área de preocupación, les toca nuevamente configurar desde cero esa dinámica de
participación sin la sombra paternalista del Estado de Bienestar y sin la
dependencia de la cooperación internacional que tanto aportó en su momento al
“fortalecimiento organizativo y la gobernabilidad”. Ese vacío de participación
ciudadana orgánica ha dado lugar a que otros actores -que ya no son padrinos
sino más bien financistas- ocupen ese lugar y se autoproclamen como los únicos
interlocutores válidos del contrapoder. El problema está en que sus intenciones
están muy lejanas de la tan ansiada democracia que todos pretendemos defender. El
más vivo ejemplo de ello es el acercamiento del banquero Guilllermo Lasso con
la dirigencia de Pachakútik: pese a no coincidir en materia ideológica, tienen el
mismo interés estratégico de promover la desestabilización del orden
constitucional. La construcción de un contrato social no puede erigirse sobre la
lógica del “enemigo de mi enemigo, es mi amigo” que, más bien, es utilitaria y
funcional a la actual coyuntura, pero no más. El anuncio de un paro nacional
por parte de la dirigencia indígena es clara demostración de que para estos
actores el fin justifica los medios, aún si esos significan el sacrificio de
valores intrínsecos al movimiento indígena.
De otro lado están los partidos políticos
incipientes que tienen la obligación democrática de pronunciarse a favor o en
contra del orden constitucional. La defensa de la democracia y de la actual
Constitución de la República es exactamente lo mismo, y quien se rehúse a
asumir ese compromiso, sencillamente tiene otra agenda en mente. Lo digo porque
existen movimientos y líderes políticos que dicen defender la democracia, pero
buscan a toda costa la aniquilación del actual modelo de desarrollo. Unos los
han dicho directamente y otros han dejado entrever su respaldo tácito a un nuevo
proceso constituyente.
Si esos actores no anuncian con honestidad
intelectual e ideológica su verdadera intencionalidad será imposible lograr un
diálogo, y mucho más difícil aún será el involucrar a la ciudadanía propiamente
dicha en ese diálogo en condiciones como las actuales donde ve cómo su calidad
de vida mejora y palpa la realidad de un estado de estabilidad en el que no
cree necesario tomar partido por un sector u otro. Talvez la bonanza generó una
apatía irreconciliable con la movilización social, pero también generó una
ciudadanía inconsecuente ideológicamente.
El diálogo por la Equidad y la Justicia
Social es necesario, siempre lo ha sido. A pesar de los grandes logros en la
reducción de la pobreza, las grandes brechas entre los ricos y pobres en el
Ecuador no se ha reducido significativamente, en particular porque ese 2% de la
población se ha resistido a capa y espada a ceder los espacios de poder y de
riqueza, en desmedro de enormes sectores que han permanecido excluidos de los
procesos democráticos y de grandes decisiones que les conciernen. Si bien
nuestra madurez democrática es distinta a aquella de los inicios del Gobierno
de la Revolución Ciudadana, aún estamos lejos de cumplir con una de las metas
principales del fortalecimiento democrático: tener una ciudadanía deliberante y
con mayor participación en la consecución de su desarrollo y bienestar.
Por Mateo Izquierdo
Por Mateo Izquierdo
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1 comentarios:
Write comentariosPARA EL DIALOGO NACIONAL, PRIMERO TIENEN QUE SOLICITAR PERDON ¿A QUIÉN? LUEGO DIALOGAMOS
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