Hace algunos días salieron a la luz
pública varias acciones que la Fiscalía General del Estado inició con la
finalidad de determinar responsables directos de los casos de corrupción
relacionados a la empresa brasileña Odebrecht.
Esta ha sido una demanda constante de la sociedad, que desde el 2016
presenció el inicio del escándalo de corrupción a nivel mundial más alarmante
de los últimos tiempos.
Hoy las tecnologías de la
información nos permiten acercarnos más rápidamente a los acontecimientos
coyunturales que suceden en el mundo, de ahí que la mediatización de los hechos
de corrupción de Odebrecht y su involucramiento con altos líderes políticos y
empresariales ha desatado una ola de usos y abusos en redes, cuya finalidad no está únicamente en
descubrir y sancionar a los implicados, sino generar zozobra y desinformación
con fines políticos y partidistas.
Pero ¿qué implica detener al
fantasma de la corrupción? ¿cuáles son los indicadores que miden los niveles de
corrupción en una sociedad? A medida que los escándalos en torno a este tema se
mediatizan, podemos ver que muy pocos países se encuentran exentos de este
problema. Sin embargo, hay que analizar cuáles son las redes por las que este
mal se fortalece y se inserta en las fibras más profundas del poder.
Varios factores explican el
fenómeno, el primero es el anquilosamiento de las estructuras de poder en
grupos políticos o económicos, y esto recae no solamente a un nivel político
sino a un status quo del mismo
proceso democrático latinoamericano. Con esto quiero decir que América Latina
no ha logrado remover las antiguas bases políticas sobre las que descarga su
accionar en escenarios locales y nacionales. En el caso colombiano no más de
tres corrientes políticas [familiares] se disputan cargos de toma de decisión
desde hace más de 30 años. Similar situación ocurre en México donde el PRIAN es
una estructura cerrada donde el quehacer político se ha detenido en acciones
paliativas que únicamente aseguran el
sostenimiento del sistema partidista bajo el interés particular.
Similar situación puede observarse
en Venezuela, el país más golpeado de Latinoamérica debido a una democracia
debilitada y altamente deslegitimada, pero con una oposición fraccionada que
solo puede irrumpir en el escenario político a través de la violencia
sistémica. La historia de Latinoamérica es la de la corrupción y el manejo
clientelar de los recursos de los Estados, que han sido objeto de graves daños
a la institucionalidad estatal y han limitado la creación de una conciencia
política transparente.
Si bien es cierto, en Ecuador las
estructuras políticas tradicionales perdieron fuerza con la llegada de Rafael
Correa, en los últimos 5 años muchos actores se mantuvieron a la sombra de
nuevas máscaras políticas con las que han incrementado un protagonismo paulatino
en los espacios de poder (Tibán, Bucaram, Zamora, Quishpe, Viteri, Nebot, Pozo,
Gutiérrez, Páez, Dahik, etc.) Es decir, no ha existido una transformación
integral de los actores políticos, especialmente aquellos vinculados a la
derecha.
Un segundo factor que se refiere al
problema de la corrupción recae en la rotación de funcionarios ‘técnicos’
mediadores en procesos de contratación de proyectos estratégicos, una
burocracia enquistada en las instituciones públicas encargadas de interactuar
de manera directa con funcionarios de alto nivel para seguir influyendo en la toma de decisiones que
favorecen a élites corruptas. Esto se ha visto en personajes como Capaya,
Capaco, Calvopiña, Bravo, entre otros. Ese estancamiento burocrático contribuye a la
conformación de mafias y redes ilícitas que se mantienen intocables en las
instituciones por años.
Finalmente un tercer factor tiene
que ver con el rol de los medios de comunicación, cuya relación con los actores
políticos tradicionales y con empresarios corruptores y corruptos, pone límites
al derecho que tiene la ciudadanía a ser informada de manera imparcial. No es extraño
encontrar en nuestros países medios que se vinculan al empresariado y que
defienden los intereses de grandes grupos económicos. Pero el problema va de
ida y vuelta, también presenciamos la acción de medios públicos que únicamente
ponen en relevancia acciones positivas del gobierno sin establecer una línea
informativa autocrítica, o denunciar actos irregulares por parte del mismo
gobierno.
La corrupción no es una novedad, ni
en Ecuador, ni en América Latina, que como bien lo dice el expresidente Correa,
es la región más desigual del mundo. Y esas desigualdades se dan por las
relaciones de poder y el sostenimiento de prácticas cotidianas basadas en
ejercicios de corrupción. ¿Quién es más
corrupto, el que coima o el que acepta la transacción? ¿El que observa y calla
o el que miente y manipula? Llegamos a un momento en que hacer frente a una
enfermedad tan grave e invasiva resulta una hazaña que pocos se atreven a ejecutar.
Hoy con el nuevo gobierno del
presidente Lenín Moreno, es momento de revertir este oscuro capítulo que
involucra a individuos de toda ideología política (gobiernistas y opositores) y
de todo nivel de autoridad (ministros, alcaldes, asesores, gerentes,
periodistas), es momento de aprovechar la institucionalidad pública fortalecida
para aplicar leyes y normas que identifiquen y sancionen a todos los
responsables de actos de corrupción. Estos días se han dado muestras
importantes del trabajo de la Fiscalía y la Policía Nacional para iniciar
investigaciones inmediatas sobre los involucrados en la famosa lista de
Odebrecht, pero existe también una corresponsabilidad de la sociedad civil y
los medios de comunicación, tema del que ya ha hablado el presidente Moreno en
diversas ocasiones. Este es un barco en el que todos navegamos, y por lo tanto
está en nosotros construir el escenario más apropiado para enfrentar el futuro
de la mejor manera.
Este vergonzoso capítulo trazado por
Odebrecht, nos ha dado la oportunidad de reconocer de qué lado del espejo se
ubica el interés de los líderes políticos y el empresariado en nuestro país. Nos
enseña además a no perder la perspectiva del cambio que necesitamos, un cambio
que favorezca el bien común en todos los niveles de acción. Solo atacando la
corrupción nuestro país podrá restituir la legitimidad y la confianza en la
institucionalidad estatal. El presidente Moreno tiene una tarea fundamental en
arrancar la corrupción estatal de raíz, pero la ciudadanía tiene la
corresponsabilidad de exigir que la cirugía que se propone para eliminar este
cáncer tenga asidero a todo nivel.
Por: Victoria Flores
Por: Victoria Flores
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