Por:
L.F.
El presidente Rafael
Correa anunció el pasado 30 de agosto que implementará un impuesto a los
consumos nocivos, especialmente a la comida chatarra. Correa afirmó que los ingresos
serán destinados al sistema de salud que atiende estas enfermedades provocadas
por la mala alimentación.
Sin
embargo, esta noticia incomodó a cierta parte de la población que crítica las políticas del
actual Régimen, y manifiesta que es un acto desesperado por parte del Gobierno
para “sacar dinero” y cubrir el déficit del Estado. No se puede obviar los
problemas económicos del país, pero tampoco olvidar los datos alarmantes de
salud y nutrición en Ecuador.
Según la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2011- 2013), el Ecuador presenta una
realidad perturbadora sobre la manera en que nos alimentamos. El informe indica
que 5'558 185 de ecuatorianos entre 19 y 59 años sufren de sobrepeso u
obesidad; un 29,9% entre niños de 5 a 11 años tienen sobrepeso; y el 26% de
adolescentes entre 12 y 19 años padecen la misma condición.
Esto genera la
siguiente duda: ¿La medida que toma el Gobierno puede ser la solución para mejorar
el hábito alimenticio en el país?
El problema alimenticio,
en nuestro país y a nivel mundial, no depende del precio de los productos, va
más allá, implica atacar a todo un sistema de consumismo en la cultura, de no
ser así, sería difícil la batalla mundial contra la mala alimentación, el
sobrepeso y la obesidad.
Por tanto, un
impuesto no arreglará el problema de raíz. Sin embargo, es el inicio de un
largo proceso por erradicar un mal hábito.
El presidente
Correa manifestó que este impuesto tratará de crear un efecto de sustitución,
consumir lo nacional, por ello el
arancel está destinado a las grandes cadenas internacionales. Pero, si la idea del Gobierno es crear un impuesto que
desmotive el consumo de productos nocivos, ¿por qué los pequeños negocios que
ofrecen comida chatarra no serán regularizados?, ¿acaso sus productos no son
perjudiciales para la salud de los ciudadanos?
Al
transitar cerca de instituciones educativas observamos varios negocios que
brindan este tipo de comida, e incluso en algunos casos, bajo ningún control de
salud. No hay garantía que sus insumos para producir sean frescos,
especialmente el aceite que es el componente principal para la preparación de la
comida chatarra.
Según el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el país funcionan 8.082 negocios
de comida rápida, que ofertan hamburguesas, hot dogs, salchipapas, tacos,
burritos, pizzas, tortas. La justificación de personas que consumen comida
chatarra es por el precio, accesibilidad y rapidez con la que se despacha el producto.
Pese a que el Ministerio
de Salud ha implementado mecanismos de control como el etiquetado de los
productos, el control en bares escolares y promoción de prácticas alimentarias
para prevenir enfermedades, cambiar una cultura nutritiva es tarea de todos, y
el hábito alimenticio debe partir de casa.
Los malos
hábitos alimenticios generan más gastos al sistema público de salud gratuita. El
problema de salud y nutrición en Ecuador debería ser un tema de política central
donde se busque detener el incremento de enfermedades a causa de la mala
alimentación.
En el 2008, se
implementó el impuesto a los licores y cigarrillos bajo el argumento de reducir
su consumo y cuidar la salud de los ecuatorianos, sin embargo el consumo de
esos productos no ha reducido, incluso creció la demanda porque se incentivó el
contrabando y se ofertan productos baratos en el mercado.
La
implementación de políticas públicas que regulan el consumo de comida chatarra
se ha dado en algunos países de América Latina. Perú, Uruguay y Costa Rica
prohibieron este tipo de comida en escuelas públicas. Otros países como
Bolivia, Chile y Brasil, han discutido un posible impuesto. El arancel, según
el Presidente, tiene fines de cambio de comportamiento social para que la gente
consuma lo socialmente deseable.
Sabemos que la
mala alimentación es un problema real que afecta a millones de ecuatorianos, y planteamos
las siguientes preguntas: ¿Los mecanismos utilizados por el Estado son los
adecuados para cambiar una cultura alimenticia?; ¿Debemos esperar a que una
política sea la que nos obligue a cambiar nuestros estilos de vida?; ¿El
comportamiento de cada individuo es influenciado por mecanismos de consumismo?
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