¿Consulta y ya? - Atento Ecuador

La inusitada dinámica de aguas turbulentas que ha rodeado a la política ecuatoriana en las últimas semanas, se ha convertido en el escenario perfecto para que algunos sectores interesados comiencen a plantear, como solución mágica a todos los problemas nacionales, un elemento aún más perturbador: la consulta popular. Muchos recurrirán a aquella desgastada frase de “la democracia se cura con más democracia”, dando a entender que el pronunciamiento en las urnas resuelve de manera concluyente y definitiva cualquier desavenencia social. Sin embargo, más allá de llamar a la gente a pronunciarse con su voto, el sentido común obliga a cuestionarse -al menos- cuáles son los temas a tratar, quién impulsa el proceso, con qué objetivo y cuáles son sus efectos (reales y artificiales).

Es muy fácil usar la tribuna de las redes sociales o la plataforma de los emporios de comunicación masiva para promover una iniciativa de consulta popular, y es más fácil aún, por no decir irresponsable, el plantear de forma arbitraria e inapelable cuáles son los tópicos a tratar, arrogándose unilateralmente “la demanda de la ciudadanía”. Bueno, eso es justamente lo que varios actores políticos de poca importancia y mínima representatividad están haciendo para tratar de captar algo de la atención pública.

El problema para la oposición es que no ha sido capaz de articular una propuesta única en este sentido sino que son varias las iniciativas provenientes de distintas organizaciones que tienen en carpeta sus respectivos planteamientos de consulta. En lo que sí coinciden es en dos temas: desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y anular la reelección indefinida.

Sin embargo, ¿quiénes son los supuestos “voceros de toda la ciudadanía ecuatoriana” que están recogiendo “el clamor nacional” por una consulta? Simple: actores de mínima representatividad que se hallan en una carrera contra el tiempo por captar el liderazgo interno de sus respectivas tiendas políticas, con el ojo puesto en las elecciones seccionales que se efectuarán dentro de apenas año y medio. Tan verdad es esto que los proponentes de la consulta popular no están dispuestos a empujar sus iniciativas por su cuenta sino que todos coinciden en exigir al Presidente de la República que cargue con ese fardo. Claro, no quieren exponer su mínimo capital político al ridículo rotundo que harían en el proceso de recolección de firmas, dada la exigua representatividad que poseen.

Esa precaria condición política ha obligado a estos actores a recurrir a sainetes tan absurdos como el ir a la Presidencia de la República y entregar firmas allí para presionar por una consulta, cuando esa acción no está prevista en ninguna parte de ninguna ley y, en consecuencia, no tiene efecto jurídico alguno. El rocambolesco espectáculo no tendría importancia de no ser porque lo protagonizó la asambleísta Mae Montaño (CREO) quien, se supone, debe conocer por lo menos los rudimentos básicos de la juridicidad y la legislación. Puro show circense de la peor calaña.

¿Quién puede creer que Guillermo Celi y su pálida organización política SUMA o los deplorados dirigentes de Unidad Popular son capaces de recabar firmas suficientes a nivel nacional para impulsar una eventual consulta popular? Nadie; ni siquiera ellos. Por eso pretenden que sea Lenín Moreno quien “les dé haciendo” el deber.

El nivel de esquizofrenia, o de desvarío provocado por una desesperada manía de llamar la atención, ha llevado a varios de esos actores políticos de poca monta a insistir en una consulta popular, amparados en argumentos tan absurdos como la “revelación” de correos desde un canal de Internet manejado por una venezolana acusada de asesinato en su país, en los que, dicen, se confirma “el secuestro de la justicia”. Para esta gente, por suerte muy pocos, liderados por un oscuro personaje como el exgutierrista Fernando Balda. Esta es razón suficiente para pedir a los ecuatorianos que vayan a la urnas y decidan cambiar el sistema de justicia que al Ecuador le tomó 10 años recuperar y modernizar estructuralmente, de una manera técnica y planificada. Ese es su objetivo: destrozar aquello que se construyó desde una visión metódica plasmada en efectiva gestión institucional, usando para ello el revanchismo político incendiario que los ideólogos de la enésima “refundación nacional” se encargarán de inocular en el electorado al que piden pronunciarse en las urnas.

Pero vamos más allá. La demagógica insistencia de una consulta popular para eliminar el CPCCS, por ejemplo, es insensata, disparatada y miope, por decir lo menos. Pero también tramposa como tramposos son quienes la plantean. En primer lugar, una propuesta así implica cambios en la estructura fundamental de la Constitución pues estamos hablando de la supresión de uno de los poderes del Estado y, por lo tanto, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, el trámite a seguir es el de una reforma parcial a la Carta Magna. El mismo artículo expresa que para ello el proyecto de reforma puede ser presentado por el Presidente de la República, la mayoría de los asambleístas o por la ciudadanía con el respaldo del 1% del electorado. Esa propuesta debe tramitarse en dos debates parlamentarios, el segundo de los cuales se realizará al menos 90 días después del primero, y deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional con la mitad más uno de los votos. Una vez aprobado el proyecto de reforma a la Constitución se convoca a un referéndum para su aceptación o no, dentro de los 45 días siguientes. Ese es el procedimiento legal. No una consulta y ya.

En el caso de que tomásemos en cuenta la supresión del CPCCS simplemente como su mera desaparición y punto. Pero las cosas no son tan triviales como cree la oposición (o como lo sabe perfectamente pero lo oculta para no mostrar su trampa): la eliminación del CPCCS implica la vulneración del derecho a la participación ciudadana y la Constitución, en el mismo artículo 442, se señala que ninguna reforma parcial puede suponer una restricción en los derechos y garantías constitucionales. En pocas palabras: lo que piden y cómo lo piden es inviable.

¿Por qué, entonces, insisten en lo fantástico? Porque al encontrarse con una realidad lógica que negará su solicitud delirante, pasarán a una fase posterior más radical aún en la que irán al todo o nada: plantear una consulta para convocar a Asamblea Constituyente, “refundar” el país y sumir a la nación es una inestabilidad e incertidumbre político-institucional que, creen, les puede ser propicia. No olvidemos que en los ríos revueltos de 1997, 2000 y 2005, quienes hicieron pesca gorda fueron los mismos líderes de la partidocracia que precipitaron aquellas crisis.

Es justamente este hecho el que les obliga a pedir, además de la supresión del CPCCS, la anulación de la “reelección indefinida”, término que, para comenzar, es completamente erróneo. Si desean referirse a aquello con rigor deberían mencionarlo como postulación indefinida, que no es lo mismo ni se escribe igual. Podrán ser opositores con ínfulas ridículamente payasescas pero tontos, lo que dice tontos, no son. Quieren eliminar este derecho constitucional como antídoto al eventual apocalipsis político que les sobrevendría si pasase su planteamiento de Asamblea Constituyente y con él la posibilidad de que su “pesadilla particular” vuelva a atormentar sus cándidos sueños: Rafael Correa.

Personalmente, aunque sea solamente como hipótesis lejana, me encantaría ver el gesto de esos payasescos opositores al darse cuenta que ellos mismos le colocaron en bandeja de plata “al dictador atrabiliario y autoritario” que tanto denostaron en una asamblea, y no cualquier asamblea sino una de plenos poderes.

Me encantaría imaginarlo, así sea para matar el tiempo.

Por Tomás Ojeda