Por Mateo Izquierdo
Desde hace pocas semanas se ha
incrementado la bulla del comentario político en torno a la inminente convocatoria
a una consulta popular. Como si se tratase de un partido de futbol callejero, ahora
salen de sus tugurios algunos politiqueros vivarachos que sueñan con ser
capitán del equipo. Lo que para algunos constituye una adhesión política sobre
el llamado a consulta popular, para otros es la señal que evidencia una abrumadora
dispersión de agendas. Casi a diario aparece un nuevo colectivo o coalición que
se suma al pedido de consulta y cada uno lo hace con su pliego de demandas
excesivas e irrealizables.
Solo esta semana asomó Diego
Borja, exministro de Economía, ahora “líder” del incipiente movimiento Poder
Ciudadano, a manifestar su respaldo. También apareció la coalición Unidos Contra
la Impunidad que, supuestamente, agrupa a 16 organizaciones y movimientos. Este
colectivo quiere consulta popular para que se apruebe la instalación de una Asamblea
Constituyente. A la chanfaina también se monta con entusiasmo Unidad Popular
(ex-MPD), organización que ya ha presentado ante la Corte Constitucional una
lista de preguntas para que califique su constitucionalidad; tan diligentes
ellos.
El club social de octogenarios
de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNACE), junto al Colectivo Unitario de
Trabajadores (CUT), además, han desarrollado su propia lista de preguntas que exigen
incluir en la consulta. Los abuelitos y los sindicalistas se han adjudicado la
representación de la ciudadanía sin que nadie les haya otorgado ese privilegio.
También están la Mesa de Convergencia y la Plataforma por la Defensa de la
Democracia y los Derechos Humanos, integrada por la Corporación Participación
Ciudadana, Fundación Esquel, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la
Plataforma por la Salud, el Observatorio de Derechos y Justicia, la Federación
Nacional de Periodistas, el Observatorio Electoral Ciudadano, Nosotras por la
Democracia, la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, la Unión Nacional de
Periodistas, Fundamedios, la Confederación de Comerciantes Minoristas, la
Ecuarunari, la Unión Nacional de Educadores, Yasunidos, entre otras
organizaciones de la sociedad (no tan) civil. Hasta la Cámara de Comercio de
Guayaquil, sede alterna del partido CREO del banquero-candidato Guillermo
Lasso, ha metido su pico sugiriendo temas de interés netamente particulares
como la eliminación de la Ley de Plusvalía, del anticipo del Impuesto a la
Renta y la supresión de otros impuestos.
En lo poco que coinciden las
diversas iniciativas es en el gran abstracto de “descorreizar” las entidades de
control, propuesta reduccionista, estomacal y cortoplacista que en la práctica
no termina siendo más que una cacería de brujas y depuración arbitraria de
autoridades que determine (quién sabe bajo qué parámetros) quiénes son fieles a
Rafael Correa y al correísmo. La supuesta “metida de mano a la justicia” ahora
se convierte en la muletilla más útil para justificar todo tipo de locuras que,
casualmente, ignoran que toda reforma institucional se realizó en su momento con
el beneplácito de la ciudadanía mediante, justamente, una consulta popular.
Por si esto no fuera
suficientemente inquisitorio, muchos han llegado a proponer el cese de
funciones de todas las autoridades designadas mediante procesos de mérito,
oposición e impugnación realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana.
En una generalización absurda y prejuiciada se ha definido que absolutamente
todo lo actuado por esta entidad ha estado viciado de irregularidades y
favoritismo. Por este motivo, las propuestas de preguntas terminan develando
una intencionalidad revanchista y persecutoria, más que un deseo genuino por
consultar a la ciudadanía sobre temas trascendentales para el desenvolvimiento
nacional. En toda la vorágine “consultista” de las organizaciones políticas y
de la sociedad civil no hay una sola mención sobre el fortalecimiento de la
participación ciudadana.
El presidente Lenín Moreno anunció
que está analizando cuatro temas para una posible consulta popular: mejorar el
sistema político para tener más democracia; profundizar la participación
ciudadana; lograr absoluta transparencia en la elección de autoridades de
control; y fortalecer el equilibrio en las funciones del Estado. Estos ejes dejan
entrever intencionalmente la posible orientación del contenido de lo que va a
preguntarse. De eso podemos colegir que la consulta se enfocará hacia ciertas
reformas institucionales y modificación de los procedimientos para la elección
de autoridades de control. Al parecer se han percatado que el desmontaje
institucional no conduce necesariamente a mayor gobernabilidad. Al fin de
cuentas, la Consulta es una suerte de medición de fuerzas y referéndum sobre la
gestión. Lo que se pregunte termina siendo intrascendente mientras que el
objetivo de fondo sea el consolidar una Agenda Política propia con la
estabilidad democrática que faltó en los últimos dos años de gestión de Correa.
Al analizar la radicalidad de
las medidas que solicitan las organizaciones entusiastas, podemos suponer que más
de un actor saldrá insatisfecho con el proceso consultivo por no desembocar
efectivamente con Rafael Correa crucificado en el Panecillo con las letras RC
pintadas en el pecho desnudo, como algunos quisieran.
La discusión de las supuestas
bondades de la consulta popular y su respectiva atención mediática, ha opacado ciertos
pormenores del ajedrez político. Los grupos de oposición han buscado
protagonismo frente a la coyuntura pero en su desesperación han revelado su
mayor problema: una fatal desarticulación que impide que un grupo sobresalga a
otro. Y, peor aún, que surja un liderazgo claro que se apadrine del malestar de
esos sectores. Un error garrafal que cometen estas organizaciones es asumir que
sus demandas son las de la ciudadanía. Al autoproclamarse representantes del
malestar ciudadano, asumen de forma muy arrogante que actúan en representación
de la colectividad entera sin preguntarse siquiera si la ciudadanía quiere lo
mismo que ellos. ¿Acaso no fue la continuidad del correísmo la que ganó las
elecciones?
El alcalde de Guayaquil, Jaime
Nebot, se pronunció al respecto manifestando que sería un grave y peligroso
desacierto politizar la consulta popular por tratarse de un tema que rebasa a
los partidos políticos y a los líderes. Nebot envía su mensaje velado a todos
los politiqueros golositos pero, sobre todo, va con dedicatoria a uno en
particular: Guillermo Lasso. El mismo que hace 100 días desconocía los
resultados electorales y armaba un berrinche indecoroso. El banquero-candidato
ha visto con particular apetencia a la consulta popular como una oportunidad para
recuperar relevancia política luego de su malogrado intento de promover una
desestabilización institucional mediante una denuncia ficticia de fraude
electoral en los comicios del 2 de abril. Al que en algún momento fuera la cara
visible del anticorreísmo se le vuelve más y más difícil diferenciarse de la
masa de denunciólogos pseudo-cívicos y surgir como líder redentor por decisión
popular. Guillermo Lasso se fumó con su circo del fraude el poco capital
político que habría acumulado en la campaña. No ayudó a Lasso el desaparecer
del escenario público sin pena ni gloria durante casi tres meses porque,
mientras a escondidas se lamía las heridas de su vergonzosa derrota, en su
ausencia un sinfín de actores de segundo y tercer orden se apropiaron de su espacio.
Mientras algunos celebramos la desaparición de Lasso en perpetua irrelevancia,
su ausencia refleja una falencia de un sistema político que no resuelve su
crisis de representación.
Si de algo ha servido el
torbellino democrático de la consulta popular ha sido para anular a las voces
más visibles de la oposición y convertirlas a todas en un conglomerado de
actores que exigen, con alevosía pero sin propuestas concretas, soluciones a
los problemas nacionales. En ningún momento se ha visto semejante necesidad del
surgimiento de nuevas y jóvenes figuras políticas, pero tampoco jamás se ha
visto tanta irrelevancia política de los que juran ser nuestros representantes.
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