“Cacht as can” a la criolla

Por Tomás Ojeda

Lo que en principio pareció una figurativa invitación formal se convirtió en una cascada: para la tarde de este martes 26 de septiembre, el Gobierno había recibido más de 400 planteamientos para incorporarlos a la consulta popular que el presidente Lenin Moreno anunció que impulsará.

Y no, no estoy para nada en contra de la participación ciudadana. Ni más faltaba. Pero ese solo ejemplo da pie a ratificar algo que desde hace meses sostenemos: la participación ciudadana no puede existir si de por medio no hay una concertación social para salvaguardar el principio de orden que garantizan la institucionalidad y los procedimientos que marcan el camino para conducir, en el más benigno sentido de la palabra, esa participación y lograr que ella surta los efectos que la misma sociedad ansía.

Visto el escenario en ese contexto, no debe asustarnos el hecho de que las propuestas sean tan numerosas y hasta es loable que cada persona o agrupación ejerza su libertad para plantear sus inquietudes. Hasta ahí, todo bien pero, insisto, no descuidemos el valor del orden. Me refiero a que, así como todos aquellos colectivos e individuos que han entregado sus sugerencias para la consulta lo han hecho amparándose en el estado de derecho que garantiza esa participación, respeten también los dictámenes, procedimientos e instituciones que ese mismo estado de derecho contempla para procesarlas, analizarlas y, al final, incorporarlas o desecharlas.

¿A qué viene esta reflexión que podría parecer elemental? Pues al hecho de que muchos líderes políticos han lanzado sus propuestas vistiéndose de expertos en derecho constitucional y, a la vez, colocándose un cuchillo entre los dientes. Muchos ya han amenazado con deslegitimar a la consulta si no se acogen sus planteamientos, confundiendo este valioso un recurso de participación con una elección de popularidad.

El derecho a la participación no se puede entender como un logro social con final abierto para convertirse en cosecha indiscriminada de uno solo. Pensar que la participación es un valor que me beneficia solamente a mí y que el resto “aguante no más en la cola”, conduce, como de hecho ya está conduciendo, a no pocos líderes políticos y periodistas de corta visión o interesada estrategia, a pisotear el principio de igualdad que guió la recepción de más de 400 propuestas para la consulta popular y asumir, por no decir imponer, que mi opinión y parecer es mucho más relevante que el de los demás.

Justamente para enfrentar esas taras están el orden y el debido procedimiento que deben ser respetados desde el inicio hasta el final de un proceso como este, y no solamente en aquellas partes que me convienen y atropellando a las que no. Creer que MIS preguntas son las únicas importantes y que las demás me sirven únicamente como plataforma para ratificar un falso ejercicio democrático que legitime la imposición de MI propuesta o, de lo contrario, que TODA la sociedad se atenga a las consecuencias (atentados contra la gobernabilidad, ataque a la institucionalidad, radicalidad violenta en las calles) es el germen de un caos que muchos quisieran para pescar a río revuelto.

El gobierno se está jugando una carta muy arriesgada. Quizá lo hace porque realmente quiere que la noción de la participación político-social cambie entre todos los actores que la han reclamado durante varios años. Ojalá exista una actitud madura y verdaderamente democrática de parte de esos protagonistas políticos que han hecho del incendio, el show, la trama, la mentira, el ataque y la construcción individual de percepciones que pretenden imponer al resto, un modo de actuar que ya hecho carne en ellos.

Respeto al orden desde el principio hasta el final: se impuso el respeto al derecho de cada organización y cada persona a plantear lo que creen es importante consultar al electorado. Se impone entonces también el respeto de esas organizaciones y personas hacia las decisiones que los organismos que llevan adelante el proceso adopten al calificar las miles de sugerencias y determinar si estas se enmarcan en los principios jurídicos de la República para aceptarlas o desecharlas.

Esto, porque muchas de las preguntas planteadas están pisoteando justamente esos principios y quienes las han propuesto lo han hecho en un tono de “mandato” unipersonal así sean, como de hecho lo son, absurdos de lógica elemental, no se diga de doctrina jurídica. Sino veamos la propuesta de Guillermo Lasso de derogar la Ley de Comunicación. Al parecer el banquero no se ha enterado, o lo sabe perfectamente pero es incapaz de controlar su carácter prepotente, que el nacimiento de esa ley se produjo justamente porque “el pueblo” (a quien él dice representar) ya se pronunció en el 2011 a favor de que esa ley y los organismos encargados de velar por su cumplimiento existieran.

¿Es eso respetar la voluntad popular? Esto aún no comienza pero él ya quiere atropellar ese pronunciamiento al proponer volver a preguntar sobre lo mismo. Imaginemos que, absurdamente, pasa la propuesta del banquero y se incorpora en la consulta la pregunta de si estamos de acuerdo en que se elimine ese cuerpo legal. E imaginemos que, posteriormente, el electorado dice no estar de acuerdo y con su pronunciamiento ratifica la existencia de esa ley. ¿Qué va a decir Lasso? ¿Que se cometió fraude? ¿Que la pregunta estuvo perversamente planteada e indujo a una respuesta que no es la que quería? ¿Que esa respuesta no vale porque “el Estado-candidato” hizo un lavado de cerebro a la población? ¿Qué va a hacer Lasso dentro de dos años más: poner nuevamente en las calles a SU gente (cuyo apoyo está condicionado a las capacidades que su emporio financiero tenga para financiarla) y presionar por una nueva consulta que vuelva a preguntar lo mismo hasta que la respuesta sea favorable a sus intereses y a los de sus evidentemente cercanos amigos propietarios de las corporaciones privadas de comunicación?

Habrá preguntas muy candentes, una de ellas la de la postulación indefinida a una elección, sí, esa a la que desde hace semanas algunos políticos psicóticos y varios medios de comunicación y sus estrellas periodísticas se han encargado de distorsionarla posicionándola como “la pregunta de la reelección indefinida”. Especialmente a ellos hay que recordarles que la consulta popular tiene como desenlace la definición electoral de las personas por una u otra opción. No se andarán enojando con la gente si al final esa definición no es la de su agrado. La misma admonición hay que hacerla para los del bando contrario.

A eso, señoras y señores, llamamos orden y sin eso ni sus derechos más elementales existirían. Tómenlo en cuenta.