El Dinero
Electrónico ha sido un tema bastante debatido en el Ecuador trayendo
consigo una serie de miedos que han servido sólo para alimentar posturas en
momentos políticos concretos. Se ha mencionado que podría ser esta una moneda
paralela o que sería el paso para la desdolarización ¿Qué hay de cierto en
ello? ¿Es realmente una concesión de poder a la banca?
Para
responder estas preguntas es necesario entender la historia de la banca en el
país, su peso político y la reconfiguración de fuerzas en los últimos años en
relación a este sector.
Tras la
expedición de la primea Ley de Monedas en 1932
como resultado de una necesidad absoluta por evitar la falsificación e incluso
la emisión de billetes por establecimientos particulares la banca ha servido a
sus propios intereses. El lucro empresarial permaneció durante décadas sobre el
bienestar común con una estrecha relación con los gobiernos a fin de proteger
sus ganancias y mantener en contubernio el poder económico y político en el
país. Ejemplo de ello fue que en 1899, con la Ley de Bancos, seis entidades
tenían autorización para emitir dinero y sólo 15 años después se nombró una
autoridad que supervisara a los mismos.
Mientras tanto la
banca ponía presidentes y hacía préstamos al Estado de tal forma que los déficits presupuestarios anuales eran
cubiertos con una mayor impresión de billetes. Así la deuda crecía
proporcionalmente con el circulante de billetes sin respaldo legal.
Con el tiempo, la banca mantuvo su poder causando al Ecuador uno de los
atracos más grandes en la historia del país: el Feriado Bancario, el 11 de
marzo de 1999, con una depreciación del sucre en un 200% y con un botín de
8.000 millones de dólares.
En esa lógica, la idea de un posible dinero electrónico en el
país nace en 2011 cuando la Asociación de Bancos Privados del
Ecuador manifestaba que no se trataba de una
moneda paralela, sino de una herramienta de “inclusión social". Cinco años
después, la propuesta llegó desde el gobierno de AP pero los bancos ya no
estaban dispuesto. Claro, la rectoría la tendría el Banco Central del Ecuador. Entonces
se evidenció que la negativa de la banca era una jugada política que buscaba
proteger sus intereses.
Cuando la asociación de bancos lo propuso, se pretendía que
el respaldo del dinero electrónico sea sólo del 5%, mientras que la normativa
actual exige un respaldo del 100% de cada dólar virtual. En consecuencia, el
argumento sobre inclusión y democratización financiera se anuló bajo los
intereses del gremio.
Pero ¿qué cambió? ¿Cómo pasamos de un Estado regido por la
banca a uno regulado por el gobierno de turno?
Con la nueva Carta Magna, en 2008, se estableció que “las
actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse
previa autorización del Estado”. Desde entonces cada Ley promulgada apuntaba a
la regulación y control de la banca desde el Estado, con lo cual se evitaba la
especulación del mercado. En esa línea se aprobaron: la Ley de Creación de la
Red de Seguridad Financiera, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria
y La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado.
El 7 de mayo de
2011 el referéndum constitucional y consulta popular realizada en el país le
restó poder a la banca tras impedir que estos mantengan acciones en medios de
comunicación y viceversa. Esta medida sirvió no sólo para acabar con el
monopolio mediático sino para romper con una estructura comunicacional al
servicio del poder económico.
En julio de 2014 con el Código Orgánico Monetario y
Financiero se creó la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,
que se encarga de formular y dirigir las políticas monetaria,
crediticia, cambiaria y financiera en el país. En la normativa se establecen mecanismos
que evitan que vuelva a existir un feriado bancario en el país y refuerza la
idea del Estado como agente rector de la política económica con legítimo
derecho sobre el control y regulación de los bancos.
¿Qué quiere decir
esto? Que el panorama actual es distinto al que teníamos hace algunos años y
por tanto las condiciones en las cuales hoy trabaja la banca no son las mismas.
Es en ese contexto el por qué ahora el dinero electrónico puede ser una
competencia de la banca privada, aunque no de forma exclusiva. Es decir, que si
bien ellos establecerán su propio sistema para el uso del dinero electrónico,
no serán los únicos en administrarlo ya que será una responsabilidad compartida
con la banca pública y las cooperativas de ahorro y crédito.
En
consecuencia, el traslado del dinero electrónico al sistema financiero privado no
es un tema político, sino una necesidad que se ajusta perfectamente a un mundo
cada vez más digital. En esa medida, el dinero electrónico no es una concesión
a la derecha, es parte de una planificación de Estado sujeta a una
planificación de austeridad e inclusión financiera ya que para su uso no se
requiere un teléfono inteligente o tener cuenta bancaria.
El
dinero electrónico es un triunfo político del gobierno de Lenín Moreno porque
integra al gobierno, la banca público y privada, además de las cooperativas en
un mismo acuerdo por el desarrollo de un servicio en beneficio de la
ciudadanía.
La
banca fue enemigo ciudadano cuando no tenía una regulación y control del Estado
y hoy lo tiene. Por ello, todos los sectores desde el ámbito privado y público
suman esfuerzos para mantener y fortalecer la dolarización en el Ecuador.
El uso del
dinero electrónico será controlado por: el BCE, la
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria con la finalidad de reducir el circulante en el país y reducir los
costos sobre una moneda no propia en el país. Sólo entre 2015 y 2016 la demanda de dinero físico fue de $
2.000 millones anuales de las reservas internacionales del BCE lo cual
representa un gasto para el Estado.
Esta medida está
pensada desde el compromiso del gobierno de no crear una moneda paralela debido a la confianza y respaldo que
tiene la dolarización en el país. No olvidemos que el abuso de la
impresión de billetes a fines de los 90 ocasionó inflación y crisis en el
Ecuador.
Estos meses el BCE trasladará su plataforma de dinero electrónico
sin costo a las cooperativas para que estas puedan integrar rápidamente la
herramienta en beneficio de los ciudadanos. Mientras que las cuentas de dinero
electrónico existentes pasarán a los bancos o cooperativas, dependiendo de la
voluntad del usuario.
Con el dinero
electrónico la meta es disminuir la demanda de efectivo
al menos en $ 800 millones en los próximos 12 meses.
¿Pero,
es una concesión a la derecha? No. La historia de la banca y su reconfiguración
de fuerzas en los últimos años evidencia que hoy el control lo ejerce el
Estado. El compromiso de un manejo compartido entre diversos sectores es la
prueba más fehaciente de que el país está cambiando.
María Augusta
Espín
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