En la opinión pública la realidad de la audiencia es, en
buena medida, una percepción resultado de lo que ocultan o muestran los medios
de comunicación. Esto no es ninguna novedad, sin embargo, sí es todavía un tema
de debate con criterios confrontados.
Este viernes 22 de septiembre fue posible observar un caso
muy concreto que se presta para el análisis y en el que se evidenció una
especie de acción a conveniencia de los medios. El caso es la detención del
hermano de Andrés Páez.
Mientras en los casos de corrupción de otros políticos existió
una amplia cobertura mediática, algo que está perfectamente justificado, en el
caso de la detención del familiar del ex candidato por la alianza CREO- SUMA no
tanto. ¿Existe acaso un tratamiento de la agenda informativa a conveniencia?
Describamos los hechos.
En la madrugada del 22 de septiembre, la Fiscalía General del
Estado detiene a Eduardo Ulpiano Páez, hermano del excandidato a la
vicepresidencia, Andrés Páez. La noticia fue difundida por cuentas oficiales y
hasta el mediodía, pese al habitual comportamiento de la prensa de difundir
este tipo de hechos, apenas la información circulaba en algunos medios de
comunicación de forma muy escueta.
Diario La Hora, El Telégrafo y un par de medios más
mencionaron el tema, casi sin mayor detalle ni explicación. Los otros medios,
sobre todo los de mayor audiencia, nada decían, ni siquiera en sus cuentas de
redes sociales. En los noticieros del medio día, entre ellos el de Ecuavisa,
apenas sacaron una leve mención al caso, otros no dijeron nada, como si de un
hecho sin importancia se tratara.
Decir que medios de comunicación que han recibido importante
cantidad de dinero a través de auspicios de empresas vinculadas al partido de
Lasso y Páez, omitan o callen el tema de la detención del hermano de un
político tan conocido por estafa al Estado resulta, por decir lo menos,
sospechoso y un argumento de falta de independencia y agenda a
conveniencia.
La falta de independencia y, por el contrario, una
dependencia de los medios a intreseses económicos y políticos es una
posibilidad muy sólida. Por eso no es sorprendente que el relato de los hechos
que se difunden en los medios está influido por personas y grupos que con su propia
ideología e intereses los dirigen. En el marco de estas prácticas, no todas las
personas y actores sociales gozan de una libertad de expresión efectiva que les
permita visibilizar sus ideas y realidades. Tampoco la audiencia y la opinión
pública pueden disponer en igualdad de condiciones de verdadera información de
interés social.
Este problema se ha intentado reducir con la creación de un
mayor número de medios de comunicación de carácter público. La iniciativa suena
bien pero el proceso es difícil, tortuoso y no ha estado exento de polémicas.
Mientras organizaciones sociales y un sector de la ciudadanía celebraron los
nuevos medios, los gerentes y propietarios de los medios privados han levantado
su voz de protesta porque consideran que estas políticas son restrictivas.
De momento, el Estado en Ecuador tiene una
responsabilidad legal de defender, hacer
respetar y garantizar el derecho de toda la sociedad a una comunicación e
información veraz, intercultural, diversa, incluyente, participativa, ética, sin censura ni
autocensura y hecha con responsabilidad. Parámetros muy altos que se ponen en
tela de juicio en casos como en el del hermano de Andrés Páez, donde si los
medios alternativos no informan los medios tradicionales en lo posible guardan
silencio.
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