Por Mateo Izquierdo
El delator de Odebrecht ha
declarado. Mediante videoconferencia desde Brasil, José Conceição Santos Filho
rindió su testimonio sobre su participación en actos de corrupción que se
habrían efectuado en el Ecuador para la adjudicación de millonarios contratos
en los sectores estratégicos. El delator aseguró que pagó más de 30 millones de
dólares en sobornos por varias obras que realizó la constructora en el país. Al
menos 16 millones habrían sido para el vicepresidente de la República, Jorge Glas:
dos millones para que regrese Odebrecht al Ecuador y otros 14 millones por el
1% de todos los contratos que obtuvo la empresa a su retorno al país. En su
intervención el brasileño mantuvo que pagó por la adjudicación de contratos
como el poliducto Pascuales-Cuenca, Manduriacu, trasvase Daule-Vinces, refinería
del Pacifico y el acueducto La Esperanza, entre otros.
A pocos días de que concluya la
instrucción fiscal, el panorama no es bueno para el vicepresidente quien se
defiende a capa y espada de las acusaciones. De acuerdo a Santos, el mismo Glas
habría solicitado dinero para la campaña electoral. Justo en estos días ha
llegado información de EEUU, Bahamas y Panamá que está siendo procesada. Además,
de lo declarado por Santos, existen audios y videos de conversaciones con el
excontralor Carlos Pólit, con Ricardo Rivera y con José Terán.
Me remito netamente al impacto
político de los sucesos y dejaré lo jurídico para los abogados. Es decir, el
análisis de las consecuencias de que un hombre de peso del gobierno de Rafael
Correa esté implicado en una trama de corrupción sin, aparentemente, ningún
otro recurso adicional para sostener que es inocente. La oposición ya lo había
juzgado y condenado en el concierto público y en redes sociales. Sin embargo,
mucho del entusiasmo opositor por obtener un trofeo opacaba, a su vez, una
necesidad genuina de llegar al fondo del asunto de forma ordenada y regular.
En esta inquisición criolla,
la oposición ha demostrado su absoluto repudio por la institucionalidad, el
procedimiento y el Estado de Derecho pues lo que desea es un castigo cuasi
medieval para actos de corrupción perpetrados por actores pertenecientes al
oficialismo. Imparcialidad no existe en estos denunciólogos de juguete que
juran tener la autoridad moral y ética para lanzar todo tipo de juicios de
valor y dictar sentencia. A mi criterio, los mismos que aniquilaron a la moneda
nacional, causaron la migración de 2 millones de ecuatorianos y quebraron al
Estado, y luego impulsaron a uno de los suyos para que asuma la Presidencia, no
son pues acusadores legítimos. ¡¿Con qué cara?!
Al margen de los alaridos
condenatorios de una oposición revanchista e infantil, existe un Estado de
Derecho, una institucionalidad y un proceso político que están siendo
vulnerados. El mantener a un vicepresidente sin funciones indefinidamente es un
atentado a la institucionalidad del Estado y es insostenible.
A la oposición le encantaría
asociar todo lo realizado en la década de la administración correísta con la
corrupción pues para ellos no hay tal avance. Pero la realidad es que en sus
actitudes vemos el verdadero retroceso no solo a los años 90, sino a principios
del siglo XX cuando grupos oligárquicos sentían cómo el poder se les extirpaba
de las manos para ampliar derechos, acceso a servicios y todo lo que
conoceríamos posteriormente como el Estado de Bienestar. No es una cuestión
ideológica, sino una cuestión profundamente clasista que ha impedido que las
instituciones perduren, precisamente porque su caotización ha sido funcional a
intereses perversos y particulares. Estos son los que hoy entusiastamente se
suman a la imputación.
En cuanto al proceso en
marcha, es importante notar que las instituciones, hasta ahora, han superado a los
arrebatos. La justicia funcionará a pesar de las voces disonantes y un delincuente
será tratado como tal. La inculpación de Glas no debería afectar en lo más
mínimo a los objetivos genuinos del proyecto político que buscaba mejorar la
calidad de vida y acceso para la población más vulnerable de nuestro país. Que
Glas vaya a la cárcel no debería afectar en lo más mínimo el objetivo de sacar
al país de ser una miniatura plutocrática a ser un país competitivo y
autosuficiente.
Es doloroso aceptar que entre
los líderes del movimiento están unos que se alejaron de esos objetivos en
beneficio personal. Ellos no sólo han violentado los principios que guiaron el
accionar de miles de militantes y creyentes en la justicia social, la equidad y
el desarrollo, sino que han traicionado a un país que les depositó su confianza
para que trabajen en función de un proyecto que nos condujera a mejores épocas.
Ellos, quienes se corrompieron y corrompieron el proceso, han comprobado ser
igual que los de antes. Nos han demostrado que no se hizo lo suficiente por
transformar al país, no se hizo lo suficiente por depurar al sistema político y,
mucho menos, lo suficiente para erradicar un problema social tan enquistado en
nuestra psiquis que ahora se vuelve casi imposible pensarla sin asociarla con la
función pública: la corrupción. También estoy convencido de que toda la verdad
aún no sale a la superficie pues habría otros involucrados que cuentan con
fuero de corte. Sin embargo, debo sostener, y con mucha fuerza, que un opositor
envenenado no será el que me los señale.
Al margen del desenvolvimiento
del caso Odebrecht, está en juego la consolidación de la institucionalidad. No
por errores de unos cuantos se podrá revertir lo avanzado. No por errores de
unos cuantos se podrá entregar las llaves de Carondelet a los que esperan cual
buitres carroñeros apoderarse de los estamentos que, sin controles eficientes,
simplemente caerían en los mismos vicios.
Las definiciones políticas son
claras. Alianza PAIS deberá desmarcarse de Jorge Glas y demás corruptos o
hundirse con ellos. El movimiento deberá reinventarse y ser el primer
proponente del cambio genuino puesto que no es opción retornar a las épocas de
un sistema político feudal al estilo de la partidocracia. En aquellas épocas campeaba
el caos, la inoperancia y sí, también la corrupción: corrupción de la que formaron
parte muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras señalando con su asqueroso
dedo acusador y pretendiendo ser angélicos jueces de facto.
La mayoría de la población votó
por la continuidad del proyecto político y no se le permitirá a una oposición
fraudulenta y revanchista arrebatarle ese deseo a la ciudadanía. Sin embargo,
la inmovilidad, la parálisis ante los sucesos, empieza a pesar gravemente en la
capacidad del gobierno y de la ciudadanía de actuar con firmeza hacia objetivos
claros.
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