Por María Augusta Espín
Ecuador se ha caracterizado por ser
un país escéptico a la justicia. Su sistema no fue garantía de derechos, ni
mucho menos de autonomía. Para ser una función del Estado, su quehacer ha
estado ligado a los intereses partidistas y de gobierno. La selección de
magistrados fue muchas veces un trueque de favores deslegitimando a la administración
de la justicia.
Lamentablemente muchas veces claudicó ante el poder del dinero y la presión
política dejando de lado el cumplimiento de los derechos humanos y la
Constitución. Por ello, hoy la consulta popular que se pretende llevar a cabo
es de fundamental importancia para evitar que la partidocracia recupere su
poder en la justicia. La pugna entre la dispersa derecha estará en cómo elaborar
la pregunta y posteriormente en cómo hacer las reformas que les permitan volver
a cooptar este espacio de poder.
Tener jueces que
obedezcan sus designios es el objetivo de fondo. Un drama que ha pasado ya
factura al país. Recordemos como durante la dictadura del general Guillermo
Rodríguez Lara se establecieron Tribunales Especiales que dio paso a una serie
de abusos y casos de corrupción. Estos sirvieron para perseguir a opositores y usar
la justicia de forma parcializada.
Otro ejemplo
claro fue el gobierno de León Febres Cordero con una fuerte injerencia política
en el alto tribunal de justicia. Recordemos que en octubre de 1984, la mayoría
legislativa conformada por la Izquierda Democrática y Democracia Popular se
dedicó a renovar toda la Corte Suprema de Justicia colocando personajes muy cercanos
a los mismos. Resultado de ello, el entonces presidente Febres-Cordero declaró inconstitucional
las designaciones e impidió la posesión de estos. Durante dos meses el Ecuador
tuvo dos Cortes.
Más tarde en
1993, el gobierno de Durán Ballén intentó poner un nuevo sistema de nominación
de magistrados con el cual la asignación de cargos fue totalmente absorto por
la partidocracia. Dos años después, el Presidente de la Corte fue llevado a
juicio por no haber actuado bajo la ley en un millonario caso contra el IESS. El
presidente de la Corte que lo reemplazó acusó al entonces Vicepresidente Alberto Dahik de manejo doloso de
fondos reservados por un pacto con el Partido Social Cristiano de quien el
gobierno recibía dinero por cada ley aprobaba en el Congreso. Pero salió
indemne del juicio.
Pero las cosas sólo siguieron empeorando, ni la nueva Constitución de 1998 logró establecer cambios
en la administración Judicial que den como resultado un sistema independiente. Con
una mayoría de derecha, la Asamblea Constituyente de 1998 dejó por fuera varios
temas como: reforma de los tribunales (Supremo Electoral y Constitucional), no
hubo cambios significativos en la Función Judicial, se mantuvo la misma Corte y
no se estableció la forma de elección a los magistrados de la Corte Suprema que
para entonces mantenían una designación vitalicia.
Más tarde en las presidenciales del 2002 Lucio
Gutiérrez llega al poder con apoyo del PSP, PK y el MPD. Pero su plan de ruta
cambia en 2004 y esta vez aliado del PRE y el PRIAN decide enfrentar al PSC y
su poderío en el Congreso y la Corte Suprema. Empeñado en una reorganización de
la justicia, el 8 de diciembre del 2004, el Congreso cesó a los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y nombra a nuevos integrantes. El objetivo era
despolitizar los cargos y quitar la injerencia de Febres Cordero sobre el
organismo. Pero además se preveía que la nueva Corte retirara los cargos contra
el ex presidente Abdalá Bucaram y así permitir su retorno al Ecuador.
Sin duda este repaso en la historia sólo evidencia una profunda crisis
institucional en la que el nombramiento de jueces obedecía a un reparto de
cuotas políticas. Las designaciones a dedo era el pan que alimentaba los
intereses políticos partidarios.
Transparencia e independencia no eran características de la Función
Judicial. El Ecuador vivía una justicia totalmente politizada. Es por ello que
con la Constitución de 2008 se intentó marcar una nueva hoja de ruta en los
sistemas judicial y penitenciario del país. Se creó el Consejo de la Judicatura
que más tarde pondría orden en todo el sistema judicial.
A partir de entonces se buscó una modernización y renovación
del sistema judicial con mejores infraestructuras para la administración de defensores
públicos, fiscales y jueces. Se incrementó el número de servidores judiciales
generando así una tasa de 12,6 jueces por cada 100.000 habitantes, una tasa
mayor al promedio regional. Con ello se logró brindar una atención eficiente a la
ciudadanía.
Pero
además la reforma constitucional de Montecristi determina que los órganos de la Función Judicial deberán ejercer la
administración de justicia como una medida de independencia de poderes y
garantía del debido proceso.
El presidente Lenín Moreno que se ha
embarcado en una lucha contra la corrupción ha mantenido una postura alejada de
las entidades de control con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura,
la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Contraloría actúen con independencia.
Es más convocó a los jueces a actuar con libertad y sin presiones.
Hoy tenemos un sistema más trasparente
sin intromisión política, con una designación
de jueces por concurso de méritos obligados a rendir cuentas. La persecución
política sin base legal ya no tiene cabida.
¿Qué implica independencia? Que un
ciudadano tiene derecho a ser juzgado sin arbitrariedades garantizando el uso
de la Ley y el respeto a sus derechos.
Los hechos en la historia hablan por sí
solos. Durante años la derecha metió mano a la justicia para gobernar a su
antojo y perseguir a ciudadanos o castigar políticamente a sus opositores. Pero
las reformas legales y constitucionales han ido cambiando en el tiempo y hoy el
sistema de justicia que aún es perfectible debe ver la forma de avanzar y no
caer en un retroceso que perjudique al país.
Una posible consulta popular deberá
considerar bien las preguntas que se realicen. No podemos volver al país del
pasado donde la voluntad de los partidos prevalecía sobre el Poder
Judicial. La ley debe ser al final del
día la que mande sobre los procesos.
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