Por Mateo Izquierdo
El 10 de marzo de 2015, César Umajinga, asambleísta
por Pachakútik, desconoció unilateralmente 30 años de lucha por los derechos
colectivos del movimiento indígena ecuatoriano. En una infortunada intervención
en el noticiero de Ecuavisa, el representante por Cotopaxi sostuvo que “con León
Febres Cordero, que era gobierno de la derecha, nosotros tuvimos absolutamente
todo, hoy estamos mutilados”.
Además de lamentables, las declaraciones
del dirigente muestran pistas del estado de ánimo que existe entre las filas de
la Conaie, la organización indígena más importante del país. En su explicación,
Umajinga se refirió a los espacios que habría perdido la organización tales como
la educación intercultural bilingüe, la dirección de salud indígena, el Consejo
de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), entre
otras. La lógica de Umajinga, y por extensión la del resto de la dirigencia, es
que estos espacios institucionales les han sido arrebatados injustamente. Para
el dirigente, esos cargos fueron cuotas políticas ganadas de una larga lucha
por la reivindicación del patrimonio cultural indígena.
Estos espacios fueron prebendas que los
gobiernos de turno otorgaban a la dirigencia, creando instituciones,
secretarías o direcciones. Sin embargo, fueron espacios que nunca tuvieron
articulación con una política de Estado más amplia en función del
reconocimiento étnico. Se trataba simplemente de una mala práctica que tuvo
como fin apaciguar tensiones permanentes entre el movimiento indígena y los
gobiernos durante los años 90 y 2000. El efecto perverso de estas canonjías fue
el sometimiento de la dirigencia indígena que, progresivamente, se transformó
en una neo-elite burocrática. Es en este esquema de repartición que comienza a
sentirse el divorcio entre la dirigencia y las bases.
Para fracturar definitivamente al ya
lesionado movimiento indígena, solo hacía falta la irrupción de un gobierno que
aprovechase la situación. Ese gobierno fue el del fracasado coronel Lucio
Gutiérrez. La famosa alianza entre aquel régimen con el movimiento indígena
casi termina por dividir a Pachakutik (brazo político de la CONAIE) y significó
la expulsión de varios integrantes (mestizos) de la organización a fin de
“regresar a la esencia fundacional de la CONAIE y sus valores originales”. Lo
que se buscó con la separación de la CONAIE de aquel gobierno fue regresar a la
pureza ideológica, pero también étnica. Hubo el reconocimiento de que hasta ese
momento se había permitido a demasiados actores externos (activistas de
izquierda, ONG internacionales, políticos profesionales) lucrar del nombre de
la organización y de sus banderas de lucha por los derechos colectivos. No obstante,
el daño ya estaba hecho y la organización indígena cayó en una crisis profunda de
la cual, hasta el día de hoy, no logra recuperarse. Buscar culpables externos
puede servir momentáneamente pero, con el paso del tiempo, una reflexión más
profunda cae por su propio peso y, con ella, la dirigencia comienza asumir que
la culpa es netamente propia.
Las prebendas han sido, evidentemente, eliminadas.
La dirección intercultural bilingüe ya no existe pero lo que no asume Umajinga
es que ahora la educación intercultural es política de Estado y debe serla por
Ley. En ese sentido, y como política global, debe ser aplicada de forma
transversal a la política educativa nacional. El mismo caso es el de la
Dirección de Salud Intercultural. El CODENPE, a su vez, nació torcido y debió
desaparecer hace muchos años pues en vez de convertirse en el “Ministerio de
Relaciones Indígenas” cómo se lo pensó en un inicio, se convirtió en un aparato
burocrático inoperante que sirvió para cimentar prácticas clientelistas en las
comunidades rurales que más se habrían beneficiado de acciones
focalizadas.
En contraste con el tropiezo de Umajinga,
los dirigentes Miguel Lluco y Humberto Cholango mantuvieron un debate la noche
del 12 de marzo de 2015, que se transmitió en el programa Perspectiva 7. El
intercambio fue cordial y respetuoso, pues Lluco es un Taita reconocido por su
trayectoria desde las épocas de la organización comunitaria con el Monseñor
Leonidas Proaño, mientras que Cholango pertenece a la segunda generación de dirigentes
cuya trayectoria, si bien es reconocida, no alcanza la dimensión histórica de
Lluco.
Durante el diálogo surgieron varios puntos
esclarecedores sobre el impases que vive el movimiento indígena en su totalidad
y particularmente el fraccionamiento que existe dentro de las filas de la Conaie.
Ambos dirigentes admitían la escisión a tal punto de reconocer que la Conaie
habría perdido su “norte”. Ambos hicieron un llamado a la reconfiguración de
una organización indígena que recupere la esencia clasista, militante y de
izquierda que busque la consolidación de un proyecto político nacional. Hubo la
afirmación de que la Constitución de Montecristi fue un gran avance en términos
de reconocimiento de derechos y garantías para el segmento de la población más
excluida y explotada: la población indígena.
Sin embargo, tanto el intercambio entre
Lluco y Cholango como los pronunciamientos de Umajinga develan un conflicto
ideológico y conceptual que, me imagino, debe ser espeluznante a puerta cerrada.
Estamos lejos de aquellas épocas de la “folklorización” del movimiento indígena
cómo una entidad unitaria y consolidada bajo las reivindicaciones de tierra,
agua y patrimonio cultural. Hoy quiere participación activa en la toma de
decisiones pero la burocratización a la que se sometió su dirigencia dejó
sentada la mala costumbre de la “cuota política” como algo que cree que se
merece.
La dirigencia está llegando a la triste
conclusión de que sus supuestas conquistas no eran más que caramelos para que la
organización dejara de paralizar al país con movilizaciones. Es también la
oportunidad de que se retomen las banderas de lucha originales y se exija el
cumplimiento de ofertas de campaña, sí. Pero también es el momento de la
adopción global de la interculturalidad como política de Estado. Una política
de Estado que reconozca la diversidad cultural del país y que prohíba la
discriminación económica, política y social de los ciudadanos por su condición
étnica.
En su afán por recuperar los supuestos
espacios perdidos, algunos dirigentes han descartado los valores originales del
movimiento indígena y han mantenido acercamientos con los mismos actores que han
sido los culpables de su exclusión. La derecha ha anunciado su participación en
la siguiente ronda de manifestaciones. Son uniones anti-natura que en vez de
recuperar el sentido de la lucha y reivindicaciones históricas del movimiento
indígena, volverán a dejarlo damnificado y lo postergarán aún más al pasado. El
debate entre Lluco y Cholango demostró que las coincidencias con el gobierno de
Rafael Correa son mayores que las diferencias. Los llamados al diálogo no cesan
pero lo que falta es llegar a la mesa con el propósito único de lograr acuerdos
programáticos y políticos de largo aliento. Las dinámicas perversas de sometimiento
ya han sido superadas. Es momento de la confluencia de ideas para un proyecto
nacional de futuro, no de pasado.
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