El Fin de la Partidocracia

Por Mateo Izquierdo

En noviembre de 2004, el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, mediante actos desesperados e inconstitucionales desencadenó eventos que llevaron a su propia defenestración cinco meses después. Mucho se ha dicho en los últimos diez años sobre la movilización progresiva de la ciudadanía que llegó a desbordar en una crisis de gobernabilidad insostenible. Sin embargo, los factores que inciden en la caída del presidente “Dictócrata”, yacen más en el fracaso del sistema de partidos ecuatoriano y la incapacidad de la clase política de manejar el descalabro institucional y el conflicto social que vivió el país a fines de 2004 y principios de 2005.

La caída de Gutiérrez fue consecuencia directa de la podredumbre de un sistema que en el 2005 ya tenía diez años de decadencia (algunos dirían 25). Tras la deshonrosa salida del vicepresidente Alberto Dahik, la caída del presidente Abdalá Bucaram y el posterior golpe de estado del gobierno de Jamil Mahuad, el país vivió un atropello constitucional tras otro que dejaron a la frágil institucionalidad de la nación aniquilada. La articulación entre poderes del Estado, la función pública y el sistema judicial dependía, más que nunca, de relaciones clientelares perversas con una brecha enorme entre las demandas ciudadanas, las capacidades (reales) del Estado para atenderlas y los intereses particulares de autoridades de elección popular.

Es materia de otro análisis el por qué, bajo condiciones de absoluta precariedad, la sociedad ecuatoriana no recurrió a la violencia para resolver uno de los mayores conflictos sociales de su historia y las razones que dieron lugar al milagro de que no hayamos desatado una guerra civil con efectos catastróficos. Sospecho que, como sociedad, habíamos llegado a un cierto nivel de tolerancia a la anarquía que nos volvía (y nos vuelve) pasivos e inmóviles debido a una ambivalencia ideológica avasalladora.

En retrospectiva, podemos ver que la clase política ecuatoriana, perteneciente a los partidos tradicionales ecuatorianos, había fracasado en su pretensión de dar una orientación constructiva al país desde el retorno a la democracia. Fue el hastío de la ciudadanía frente a la “partidocracia” lo que, precisamente, permitió la irrupción de un “outsider” como Lucio Gutiérrez en el poder. Sin embargo, lo que muy pocos analistas han dicho es que Lucio llega a Carondelet en un momento en el que el país ya empezaba a vivir una recuperación macroeconómica significativa. La estabilización del dólar y el alza en el precio del petróleo hubieran favorecido a cualquier gobierno para implementar una agenda política de largo aliento. Se puede colegir entonces que las causas de la caída no fueron económicas sino más bien de tipo ético y moral. La llegada de un personaje, supuestamente, ‘nuevo’ al poder debió dar un giro de timón en el curso del desarrollo del país, que se había empantanado en una crisis de gobernabilidad. A tal punto llegó la desgracia del país, que los organismos internacionales empezaban a debatir la condición del Ecuador como el de un Estado fallido.

Las esperanzas de todos se esfumaron cuando desapareció el misticismo del supuesto líder redentor que venía a recuperar la democracia. Colectivamente caímos en cuenta de que había llegado al poder un ex-militar de rango medio que tenía poco o ningún conocimiento de cómo administrar una nación y, mucho menos, una red de apoyo de base real y orgánica.

Desde un inicio se notó la improvisación del coronel y súbitamente fue cayendo en las prácticas más burdas de los partidos tradicionales, a saber: el nepotismo, la corrupción y el juego de las alianzas que empezaron a minar la imagen de su régimen. No había llegado un nuevo actor a redimir el sistema político; había llegado un político neófito en malas mañas que comenzó a aprender cómo funcionaban los resortes del sistema corrupto que ‘dizque’ pretendía cambiar, y que se quedó a medias en su intento y más bien entendió que era más rentable acomodarse en ese escenario para sobrevivir y usufructuar de él.

El coronel no tardó mucho en evidenciarse por lo que era: un gobernante improvisado sin plataforma o apoyo. No era un estadista cómo tal pues nunca comandó el papel con autenticidad o la legitimidad que el cargo exigía. Ante esta realidad, la figura política del presidente, tuvo que buscar la tutela de los líderes tradicionales para garantizar su supervivencia. Primero con el Partido Social Cristiano (PSC) y luego con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el Partido Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN). A nivel internacional, el coronel buscó la protección del gobierno norteamericano de George Bush. Estas y muchas cosas más le costaron la alianza con el sector indígena de Pachakutik que le había ayudado llegar al poder.

Estas alianzas estratégicas tenían como fin garantizar la continuidad del gobierno del coronel pero a su vez terminaron costándole el cargo pues ninguna era sostenible. A falta de un programa de gobierno concreto o una agenda política de corto o mediano plazo, el coronel y su gabinete tuvieron que adaptarse a la dinámica de la supervivencia diaria. De tal forma que en los últimos días del gobierno el coronel había quedado arrinconado, deslegitimado y abandonado por culpa de su propia ineficiencia. En ese marco, el desmantelamiento del gobierno fue relativamente fácil pues no había mayor aparataje que deconstruir.

Fue particularmente una crisis de representación y de legitimidad democrática en la que tanto los partidos tradicionales cómo el coronel fueron desenmascarados por sus actuaciones profundamente antidemocráticas y mezquinas. Surgió el rumor de que a Guillermo Castro Dager, el “Pichi”, le tomó media hora decidir la anulación de los juicios contra Abdalá Bucaram, Alberto Dahik y Gustavo Noboa. La inoperancia del Congreso se evidenció, por ejemplo, en su incapacidad de tomar una decisión (cualquiera) respecto a la ilegítima “Pichicorte” y sus providencias, tras cuatro meses de discusiones y acuerdos de pasillo. Así mismo, el coronel no tuvo empacho en movilizar a las fuerzas armadas para reprimir violentamente a las incipientes expresiones de acción colectiva. En este punto una gran diferenciación con los análisis de los hechos desde la academia ecuatoriana: no hubo proyecto autoritario porque no hubo proyecto como tal. Aquellas fueron medidas de desesperación, así como la repentina destitución de la tan criticada Pichicorte, que el coronel tomó por infortunio, inexperiencia y falta de criterio político.

Cabe destacar que en ese momento había una dispersión salvaje de intereses contrapuestos que impedían la consolidación de proyectos mayoritarios y/o hegemónicos, por lo que cualquier actor habría sufrido la misma o similar suerte que el coronel. La inestabilidad política del Ecuador en 2005 no se entiende sin comprender el largo proceso de desinstitucionalización que se vivió antes del coronel.

Era necesaria una reconstrucción nacional y una relegitimación institucional que nunca llegó con Gutiérrez. Recordemos que el coronel llega a la presidencia en un vacío de poder y con un sistema de partidos fragmentado que le impidió cualquier autonomía de gestión. El gobierno de Gutiérrez, en ese sentido, estaba destinado al fracaso obstaculizado por los grupos oligárquicos y presionado por las demandas ciudadanas que no estaba en capacidad de atender. A esto se suma que el coronel en su desesperación llevó a cabo un asalto a las instituciones (Corte Suprema, Tribunales), al frágil estado de derecho e intentó maquillar sus acciones con un discurso anti-oligárquico evidentemente contradictorio a sus acercamientos con esos sectores.

La debilidad política del presidente era palpable y los partidos políticos aprovecharon la oportunidad para dejar que se caiga el gobierno y a su vez que se termine de desbaratar el sistema y toda su institucionalidad. Lo triste de este hecho es que los partidos políticos no aprendían las lecciones de la historia que llevaron a este impasse y lamentablemente aun no aprenden. La naturaleza de esa dinámica no ha cambiado significativamente pues muchos de los mismos actores fueron a conformar el Congreso (De los Manteles) y una minoría en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Hoy muchos de los mismos actores son Asambleístas de oposición, claro está en distintos partidos políticos que los de aquella época. Han hecho lo que han podido para sobrevivir, cuan mala hierba se rehúsan a morir.

La mal llamada rebelión de los Forajidos no fue más que la efervescencia de un malestar ciudadano que crecía con cada actuación descarada de la clase política. Sin embargo, concentrarse en aquella movilización social distrae de lo que sucedía tras bastidores cuando los actores políticos causaron un descalabro institucional intencional. Únicamente así podemos comprender la disolución, desaparición o cooptación de los Forajidos a posteriori.

Entre los actores que se beneficiaron de estas acciones de sabotaje están la banca, los medios de comunicación, que curiosamente no reportaban la crisis sino hasta cuando ya era inminente la caída del coronel, los partidos tradicionales y mandos militares. La movilización social fue importante, pero no fue la causante de la caída del coronel y mucho menos la gran coalición democrática de la sociedad civil que se le ha pretendido atribuir. Los intereses de la partidocracia pudieron más y la amenaza de que se les arrebatara sus privilegios llevó a un complejo juego político de conspiración en el que nadie salió victorioso, mucho menos la democracia.

En esta fecha vale recordar que han pasado 10 años desde que unos pocos destruyeron el país, sus instituciones y su democracia con el único objetivo de no perder sus amadas prebendas y soltar esa teta que los alimentó durante un cuarto de siglo. Vale también recordar que son los mismos actores, aquellos que destruyeron el país, los que están perfectamente dispuestos a volverlo a hacer con tal de regresar a esa dinámica del caos e inestabilidad. Pues ellos son los únicos que se benefician cuando la ciudadanía adolece.

El Fin de la Partidocracia

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