El año de “estudio” - Atento Ecuador

Por Tomás Ojeda

Aquel sábado por la noche, Manny Pacquiao buscaba, con paciencia y poco alcance, la humanidad de Floyd Mayweather sobre el ring, mientras este lo esperaba midiendo cada uno de los tibios puñetazos que lanzaba y calculando el momento para abrazarlo. Hasta ese momento era un espectáculo aburridísimo, pero no podía esperar más del primer round de aquella a la que muchos calificaron como ‘la pelea del siglo’.

Y era obvio, el primer asalto en el boxeo, más conocido como “round de estudio”, es la oportunidad que tienen los contendores para inteligenciarse de la dinámica del combate, acercarse a la técnica del rival y explorar sus puntos débiles. Más claro, es la chance de reconocer el terreno para saber en dónde pisar. Sin embargo, se trata también de una carrera contra el tiempo pues ya para el segundo round la exigencia será mayor y la contienda más intensa.

Una progresión similar ocurre en la política y la administración pública. Menos impuestos, más y mejores servicios y la defensa de la continuidad de los proyectos, marcaron algunos de los discursos electorales que se escucharon durante la campaña para autoridades seccionales del 2014. Ha pasado un año y los libretos cambiaron drásticamente, ya sea por la “novatada” de varios funcionarios que resultaron electos por primera vez y que en ese momento se enteraban de cómo era eso de administrar una ciudad, o bien por la exigencia que impone el modelo jurídico-administrativo de descentralización que ahora impide a las autoridades eludir el manejo de varias competencias que estaban a cargo del Estado Central.

En este que ha sido el “año de estudio” (utilizando la analogía boxística) para las autoridades seccionales muchas cosas han pasado y otras no tanto. En Guayaquil el modelo prácticamente ha sido el mismo y la poca obra pública sigue siendo opacada por la poderosa figura caudillista de Jaime Nebot quien, incluso en campaña, no hizo grandes ofrecimientos a futuro sino que centró su discurso en resaltar lo que ya se ha hecho. Ello lo dejó en una cómoda posición para capear temas espinosos como el de la competencia del transporte y la revisión de las tarifas. En ese sentido, ha podido mantener su posición de “autonomía a la carta” y prácticamente ha delegado a la gente la delicada responsabilidad de decidir si suben o no los pasajes mediante una consulta popular que definirá el tema. Demás está decir que la negativa ciudadana a un incremento será el resultado obvio y el aplazamiento de un problema irresoluto, la consecuencia.

En Quito, la inexperiencia e improvisación del alcalde Mauricio Rodas lo ha llevado no solo a cometer errores sino a enredarse en la definición del modelo de administración que propone para la ciudad, algo que jamás planteó en su campaña centrada más bien a la simple y vendedora idea de “menos impuestos”. Las obras más grandes que ha inaugurado fueron ejecutadas por la administración anterior y Rodas aún no ha sido capaz de mostrar algún proyecto relevante ejecutado íntegramente por su equipo. Al parecer ha optado por volumen más que por impacto y en este año se ha dedicado a la remodelación de decenas de parques barriales que, al menos, han mantenido ocupada su agenda.

Hasta ahí lo que se puede ver en cuanto a la acción municipal propiamente dicha en dos ciudades que aglutinan a casi 6 millones de ecuatorianos. No obstante, existe también una dinámica política que ha marcado, al menos, la segunda mitad de este primer año y que tiene que ver con una reconfiguración de alianzas hacia las elecciones del 2017. En realidad no fue sorpresivo, al menos para mí, que Jaime Nebot y Mauricio Rodas confluyeran en un momento dado alrededor de una propuesta electoral a futuro. Lo sorprendente es que haya ocurrido de forma tan prematura y sin la consolidación de una plataforma de base real, al menos en Quito.

La integración de lo que han dado por llamar “La Unidad” ha copado el accionar político de Nebot y Rodas, a los que se suma el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, quien prácticamente ya está en campaña realizando recorridos en provincias como Zamora y Morona para promocionar su posible candidatura presidencial.

En medio de ese escenario, los medios de comunicación privados se juegan su propia pelea: han visto en estos cuadros seccionales de oposición al gobierno la posibilidad cierta de una “alternancia en el poder” en las próximas elecciones presidenciales y se han dedicado a la indecorosa tarea de, por decir lo menos, invisibilizar la inoperancia de varios de ellos y “fabricar” aciertos inexistentes para precautelar la aceptación de la ciudadanía ante esas autoridades. Es evidente, por ejemplo, el caso de una cuestionada “encuesta de credibilidad a los alcaldes” que publicó diario El Comercio de Quito y que no estuvo exenta de “problemas técnicos” que generaron suspicacias en las redes sociales respecto a que se pretendió favorecer al alcalde de Quito.

De todas formas, poco antes de que la encuesta de El Comercio saliera del aire para aparecer después con cifras distintas (es decir, cuando –se supone- los números que exhibía inicialmente eran de alguna forma “confiables”), se pudo notar que la tendencia en la calificación de casi todos los alcaldes de las principales ciudades del país, a excepción del de Guayaquil, eran negativas y aquello puede ser comprensible dadas las circunstancias de aprendizaje en que los neófitos alcaldes desarrollan su trabajo y, por tanto, perfectamente susceptible de revertir con equipos de trabajo eficientes y con rigor en la planificación posterior.

Más allá de todo eso, el triunfo de la oposición en la elección de alcaldes de las tres principales ciudades del Ecuador en 2014 fue interpretado por esa misma oposición como un momento clave de transición y de traspaso de poder político hacia los GAD. Se lo leyó como el comienzo del fin del correísmo y la oportunidad de eludir las responsabilidades que impone el COOTAD así como de recuperar el discurso de “autonomía genuina” al más puro estilo liberal. Nada más erróneo.

Los partidos tradicionales asumieron que era el fin de la imposición de la política pública del Estado Central a los gobiernos descentralizados, pero no ha sido así. Esa victoria del 2014 no ha logrado cuajar en una política pública alternativa al modelo de la Revolución Ciudadana y los gobiernos seccionales siguen acatando la ley, asumiendo competencias y cargando la cada vez más exigente tarea de velar por temas que rebasan las políticas de un gobierno y que tienen que ver con provisión de servicios como agua potable y alcantarillado, control y manejo del suelo y planificación territorial que están más allá del dilema político-ideológico.

En resumen, terminó el primer asalto pero se vienen otros aunque, al parecer, los protagonistas aún no encuentran el modo de no perder por puntos la contienda.