Los sables y la balanza

La reapertura en estos días de un trauma colectivo irresuelto del pasado, agita la calma y olvidadiza memoria social ecuatoriana. Por primera vez en el país, varios ex militares enfrentan un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad a raíz de su participación en la desaparición forzosa, tortura y violación de tres miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Veintiocho años después de los hechos, la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra algunos generales y coroneles en servicio pasivo por su presunta responsabilidad en el caso "Vaca, Cajas, Jarrín". La Fiscalía convocó a 69 testigos y además presentará 11 pericias y más de 70 documentos, detalló el jefe de los fiscales en una conferencia de prensa.

En medio de lo que el Fiscal General ha llamado una "estructura de represión estatal que, de forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad", se busca juzgar a los culpables de esos delitos que todavía manchan nuestra historia colectiva de sangre y dolor. Este es apenas uno de los 136 casos que investiga la Comisión de la Verdad creada en 2007.

Frente a este escenario judicial, las FF.AA. han asumido una posición institucional de negación absoluta de alguna irregularidad en su actuación durante las campañas de represión a grupos de izquierda en los años 80. No es casualidad que tanto la cúpula militar como militares en servicio pasivo hayan aparecido en la sala de la corte, el lunes 9 de noviembre, para mostrar el “espíritu de cuerpo” en solidaridad con sus hermanos en armas. Aquel espíritu de cuerpo, que más parece un cuerpo putrefacto muy pesado, ha colocado toda su capacidad de presión para amedrentar a jueces y víctimas e impedir el pleno desenvolvimiento de la justicia en el Ecuador. Hasta uno de los últimos dictadores ecuatorianos, Guillermo Rodríguez Lara hizo su aparición con andador y todos sus años encima, como si tuviera algo que aportar.

Sin embargo, el Fiscal ha aclarado que esta no es una persecución política contra la institucionalidad de las FF.AA. Se trata de juzgar mediante el debido proceso a actores que estarían vinculados con los actos más tristes de nuestra historia.

Este, al fin de cuentas, es un debate que la sociedad ecuatoriana no ha realizado y esa tarea tarde o temprano habrá que cumplirla. Las FF.AA. quisieran que este y tantos otros hechos de violaciones de derechos pasen a la historia olvidados y sin repercusión alguna para los indignos actores que participaron en la persecución inmisericordiosa de sus conciudadanos. 

Como contexto, podemos decir que las dictaduras sudamericanas fueron funcionales a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en el escenario de la Guerra Fría, y actuaron con brutalidad y violencia sin igual a fin de cumplir con ese encargo. Progresivamente comenzaron a salir a la luz las atrocidades cometidas contra los derechos humanos en casi todos los países que vivieron ese proceso de contención. Son archiconocidos los casos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, etc. En cada nación, el tratamiento que sus sociedades e instituciones ha dado a la problemática ha tenido un desenvolvimiento particular, y el Ecuador no es la excepción.

No obstante, la particularidad del caso ecuatoriano yace en que, a comparación de otros países que vivieron represión y persecución, en el Ecuador los casos fueron menores en magnitud y frecuencia, factor que fue aprovechado por determinados grupos y actores políticos, económicos y mediáticos para que esos episodios pasaran relativamente desapercibidos ante la ciudadanía en general. Otro elemento importante que ha distorsionado la percepción general de lo que fue una verdadera persecución sistemática y violación de los derechos humanos en el Ecuador es, como lo destaca el Informe de la Comisión de la Verdad, que esas violaciones no ocurrieron en el contexto tradicional de las dictaduras militares, sino durante el gobierno civil de derecha de León Febres Cordero y en medio de un período de supuesta consolidación de la institucionalidad democrática.

Durante la década de los 80 no solo cambió el contexto institucional ecuatoriano sino también el contexto jurídico internacional, que por primera vez estaba evaluando el impacto de las políticas de contención del comunismo en América Latina. En los años 80, tanto el Sistema de Naciones Unidas (Corte Internacional de Justicia) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empezaron a valorar la participación de ONG y organizaciones de la sociedad civil en la investigación y veeduría de los gobiernos latinoamericanos. Fue así que Amnesty International, por ejemplo, ya en el año 86 emitió un informe crítico de la actuación de las FF.AA. ecuatorianas durante aquellas campañas de desarticulación de organizaciones subversivas y organizaciones de izquierda. 

La ciudadanía también olvida que los actores “subversivos” que cometieron actos de violencia fueron juzgados y muchos cumplieron sus condenas en prisión. Tan es así, que en el año 1991 el presidente socialdemócrata Rodrigo Borja concedió la amnistía a Alfaro Vive Carajo y ellos, a su vez, depusieron las armas y prometieron participar pacíficamente en la vida política del país. Es decir, en medio de un Estado de Derecho se llegó a un acuerdo en pos de la consolidación democrática del país. Pero, ¿y los militares y sus actos? Bien, gracias.

Y es que el retorno a la democracia para casi todos los países, incluyendo el Ecuador, implicó el retiro progresivo de las FF.AA. del escenario público-estatal y con ello, la desaparición de su oscura historia de persecución en servicio de otros amos. La justificación que dieron los participantes fue y es hasta hoy, que actuaron en derecho y en función de los intereses de la seguridad nacional. Detenciones arbitrarias y sin que medie el debido proceso, desapariciones forzosas, tortura y asesinato se justificaron mediante la supuesta lucha contra el narcoterrorismo y la insurrección armada. El discurso, poderosa arma de alienación colectiva al servicio de los verdugos y de la impunidad en detrimento de las víctimas y su memoria, fue posicionando a nivel nacional y de modo intergeneracional que Febres Cordero habría librado al país de la “guerrilla”, describiendo un escenario ficticio en el que el Ecuador estaba a un tris de replicar la amarga y violenta realidad de Colombia. Lamentablemente, este discurso se ha mantenido a lo largo de los años y ha permeado de tal forma que los esqueletos han permanecido bien guardados en el clóset de la historia, sin que un solo militar pague por sus excesos durante los años 80. 

Es por todas estas razones y por un mínimo de consecuencia con la justicia histórica de esta nación, que la única posición institucional que tiene que asumir las FF.AA. debe ser la del respeto al Estado de Derecho y de acatamiento a cualquier decisión que tome la administración de justicia, dentro de los cánones judiciales pertinentes. No hay justificación para la violación de derechos humanos y aunque la ciudadanía pueda haber olvidado voluntaria o involuntariamente hechos o escusado actuaciones, eso no implica que se deba, por la misma consolidación del Estado de Derecho, dejar impunes los más cruentos actos de persecución que ha vivido el país en su historia reciente.

Por Mateo Izquierdo

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