La trivialidad de la resistencia

Los colectivos aglomerados en la Asamblea Popular de Quito han convocado a una nueva ronda de movilizaciones para el 16 de septiembre a nivel nacional. El presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, ha proclamado que esta movilización será tan o más contundente que las que se realizaron a mediados de agosto pasado. Organizaciones sindicales, facciones del movimiento indígena y “pachamamistas fashion” saldrán nuevamente a manifestarse en contra de las políticas del gobierno, particularmente de las 16 enmiendas a la Constitución que entran a segundo debate en la Asamblea Nacional a fines del mes de noviembre. Con esta acción, la dirigencia indígena y sindical nuevamente pretende plasmar en el imaginario público el malestar de las organizaciones sociales con el gobierno de la Revolución Ciudadana, además de posicionar algunos temas coyunturales como son la educación intercultural bilingüe; el libre acceso a la Universidad; el deseo de no registrar sus organizaciones en una base de datos nacional; el deseo de no perder espacios comunitarios de control como son las juntas de regantes; y la redistribución (confiscatoria) de la tierra.

Ante toda la alharaca que ha hecho la dirigencia a propósito de sus reivindicaciones, queda la sensación de que estas demandas, por justas que ellos crean que sean, son demandas excesivamente irreales y por ende, insensatas. Ello conduce a pensar y repensar si realmente son estas las verdaderas motivaciones para la confrontación virulenta que promueve la dirigencia. Utilizan un discurso desafiante, como si estuvieran preparándose para una guerra campal: “seguimos en pie de lucha”, “resistencia o la muerte”, proclamas que acaban siendo enunciados incomprensibles para el ciudadano común que preferiría no tener que ver cómo hermanos ecuatorianos se acribillan mutuamente y sin sentido en las calles de Quito o de otras localidades. Esto de la “resistencia” ha sido el pretexto para que la dirigencia movilice mujeres, niños y jóvenes campesinos contra fuerzas del orden que, al margen del alarmismo acerca de la supuesta represión, han estado cumpliendo su trabajo de guardar el orden público, garantizar el derecho a la libre movilidad y velar por la seguridad ciudadana. Sí, esa ciudadanía que por diferencia o indiferencia no ha participado en las movilizaciones y no comparte la miope cosmovisión de la dirigencia.

Herrera, en rueda de prensa del 27 de agosto, manifestó que el último paro nacional y levantamiento fueron un “éxito”.  Sin embargo, nadie sabe aún cuáles fueron los objetivos finales de aquellas movilizaciones y, en consecuencia, es imposible medir cuán “exitosa” pudo haber sido. En la realidad, y pasando las cosas a limpio, nos encontraremos con que un grupo de manifestantes vinieron y se fueron sin haber logrado adhesiones ciudadanas orgánicas o que el gobierno ceda un milímetro.

Al consultarle a Herrera sobre las motivaciones para la movilización, dijo que llevaban adelante la medida de hecho para “presionar al presidente Rafael Correa para que desista de las reformas constitucionales”. También declaró que los manifestantes detenidos eran “presos políticos del régimen autoritario y dictatorial de Correa”. Es lamentablemente el nivel de exageración y el lenguaje exacerbado que utiliza la dirigencia, pero más lamentable aún es que tengan eco en una prensa privada absolutamente obsecuente y castrada en su criticidad, que esquiva la responsabilidad de hacer un análisis objetivo de los hechos y en su lugar enfoca su discurso informativo a minar la imagen del gobierno y apelar a los afectos con un sensacionalismo insidioso que convierte en trampa cualquier apariencia de persecución o represión. No obstante, ese sobredimensionamiento sí ha calado en medios y organizaciones no gubernamentales extranjeros y lejanos a la realidad ecuatoriana. Si algún logro tuvo la movilización de agosto en Ecuador fue que medios internacionales como CNN en Español o entidades como Human Rights Watch tomen nota de los eventos en el país y den la apariencia que el país ha degenerado en una crisis económica gravísima y en una convulsión social desbordada. Es decir: una crisis manufacturada.

Ante toda la teatralidad y el melodrama de la supuesta represión, la ciudadanía sigue todavía sin entender el por qué de tanta virulencia desde los dirigentes sindicales e indígenas. No dejo de pensar que las bases indígenas están siendo utilizadas para fines mezquinos y cortoplacistas de algunos de sus dirigentes en la búsqueda de un protagonismo político que les garantice supervivencia, ante la inminente transformación del escenario político del año venidero. Año que por cierto, se perfila como de plena confrontación y campaña electoral salvaje. Sin embargo, antes de entrar en ese baile, estos actores políticos de la dirigencia necesitan desmarcarse de sus patrocinadores principales: los grupos oligárquicos de derecha que tras bastidores han financiado alguna parte de la movilización; y a la vez, requieren mostrarse como una alternativa frente al modelo actual, pues bajo su cálculo, es el que estaría en declive y posiblemente de salida a fines del 2016.

Mucho se ha dicho de la supuesta intención del gobierno por “dividir” al movimiento indígena, pero ha sido la propia dirigencia de la ECUARUNARI la que por sí sola, ha causado más daño que cualquier acción que pudo haber impulsado el gobierno. Igualmente se ha visto cómo la coordinadora nacional de Pachakutik, Fanny Campos, ha sido marginada y desautorizada por la CONAIE debido a sus acercamientos con actores de la derecha más retardataria como son el banquero Lasso y los gutierristas. Seguramente la cúpula indígena ha tomado nota de todo esto y precisamente por ello, en lo que quizá es el único gesto verdaderamente orgánico que ha logrado la actual dirigencia –muchísimo más que el de las mil y un movilizaciones–, la dirigencia se ha cuidado en estos meses de callar en sus pronunciamientos públicos una realidad incómoda: queda pendiente la recolección de firmas de adhesión para la inscripción de Pachakutik como partido ante el Consejo Nacional Electoral. Está por verse si en efecto, las movilizaciones de agosto y septiembre rendirán fruto y se traducirán en el re apoderamiento forzoso de Pachakutik por parte de los máximos representantes de la ECUARUNARI, tema muy espinoso que amenaza con generar rupturas aún más profundas al interior del movimiento.

Todo esto es simplemente minúsculo frente al mal sabor que deja el mísero rol funcional que tanto la dirigencia como las bases sociales están ejerciendo, dentro de un juego político de reparto que es mucho más grande y que va mucho más allá de lo que ellos mismos imaginan. Fuertes actores políticos de oposición que en julio protagonizaron una ronda de manifestaciones al norte de Quito, prefirieron mantenerse –al menos públicamente– al margen de la movilización indígena, lo que no quiere decir que no apoyaron con financiamiento y/o logística tras bastidores. De todas formas queda claro que muchas de las demandas que tiene la dirigencia de las organizaciones sociales no son del todo compatibles con las exigencias de la derecha. Quizá el debilitamiento del gobierno es lo único que podrían tener en común ambos bandos opositores. Es así que, a pesar de no coincidir en ningún otro objetivo, al menos coinciden en que su enemigo común es Rafael Correa y el modelo de desarrollo que ha promulgado los últimos 9 años. Será interesante ver a posteriori si esos dos polos opuestos logran plasmar sus propuestas en una agenda política concertada y  quien sabe, en una nueva Asamblea Constituyente. Lo dudo.

Frente a todo esto, se supone que los ciudadanos de Quito debemos sentarnos pasivamente a observar cómo manifestantes de otras ciudades llegan a El Arbolito, caotizan el tráfico y destruyen el patrimonio a vista y paciencia de las autoridades municipales. Debemos sentarnos pacientemente a esperar que una vez que hayan lanzado sus consignas de lucha y lastimen a un par de policías, regresen pasivamente a sus localidades para seguir fraguando su campaña de deslegitimación y desgaste del gobierno. Sí, tan democráticos ellos. Y como si eso no fuera suficiente, se nos anuncia que el costo de la reparación de los daños al centro histórico de la ciudad de Quito se incluirá en nuestras planillas de servicios como un impuesto adicional.

El resultado final nos ratifica que la movilización, la supuesta resistencia (¿a qué? quién sabe) y la ebullición social son insulsas, por no decir absurdas, en un momento tan delicado para el país; nunca conducirán al logro de acuerdos constructivos en pos de la gobernabilidad democrática, sino más bien hacia el debilitamiento institucional de la nación. Y sin embargo, hay todavía dirigentes que pretenden nuestra ovación. ¡Aplausos!

Por Mateo Izquierdo

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