La ilusión del post-correismo

En su afán por aplicar la estrategia de la “tierra arrasada”, tanto la derecha como la izquierda radical, arropada por un sector de los movimientos sociales e indígenas –cada vez más desacreditados–, han dejado en evidencia nuevamente que en la oposición ecuatoriana priman los intereses particulares y tribales antes que una preocupación genuina por la gobernabilidad o la estabilidad a largo plazo. Es evidente que la dinámica de la desestabilización y la convulsión social no terminaron de cuajar en la ciudadanía.

A pesar de estas realidades, varios actores políticos nacionales siguen buscando la manera de consolidar un bloque de oposición articulado que pueda hacerle frente a Correa en lo que resta de su mandato, y si las condiciones lo permiten, implementar una agenda política post-Correa. Habiendo reconocido su desorganización permanente y la inviabilidad de la insurrección como fórmula válida y legítima para salir del correismo, la oposición ha entrado ahora en una fase de repliegue a fin de meditar cuidadosamente sus siguientes acciones; en la búsqueda de que actores políticos de diversa índole logren establecer acuerdos mínimos.

Sin embargo, su repudio manifiesto por Rafael Correa y el supuesto hiper-presidencialismo que rige el quehacer de la administración pública estatal, conllevan una radicalidad en el discurso opositor y su accionar que difícilmente permitirá la reconfiguración del escenario político-democrático de forma racional y/o pacífica. Para que exista la tan ansiada transición que pregona la oposición, primero debe haber un reconocimiento de la legitimidad del modelo correista y de la institucionalidad que pretende desmantelar. Esa primera condición no existe y de ello deriva la exageración y el absolutismo de las posturas opositoras.

A esto se suma la negación por parte de estos actores de que en el Ecuador haya existido una reforma administrativa del Estado ecuatoriano, cuando en la realidad ese Estado entró en un profundo proceso de construcción (no de re-construcción) y consolidación hace 8 años ya, en los que se ha levantado una nueva estructura de gestión y administración de la nación gracias a la confluencia de condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que lo permitieron. Negar la existencia de un nuevo sistema jurídico-político no hará que desaparezca.

En efecto estamos en lo que Guillermo O´Donnell denomina “democracia condicional”, una fase en la que el Estado y las condiciones de la gobernabilidad democrática se encuentran en vías de consolidación. Así mismo, el Estado continúa en ese proceso de construcción cuyo enfoque es el de garantizar estándares mínimos de desarrollo humano y de fortalecimiento institucional. Las insuficiencias del proceso son obvias -sería ingenuo negarlo- pero se trata de un proceso inconcluso y en permanente dinámica. La ciudadanía acepta esa realidad porque –si ponemos los resultados en blanco y negro-, en los últimos 8 años el desarrollo político, económico y social muestran un progreso paralelo y en beneficio de una mayoría que no estará dispuesta a ceder el espacio de la conducción nacional a actores sin trayectoria comprobada y que no cuenten con una plan de desarrollo que garantice -al menos- todos los elementos antes mencionados.

No obstante, en su afán por deshacerse de Correa, la oposición está lejos de visibilizar las precondiciones que deben existir antes de embarcarse en una empresa de transición del modelo actual. El pernicioso histrionismo adaptado a un discurso que propaga la idea de que en el Ecuador no se vive en democracia de que la sociedad ecuatoriana está subyugada a un modelo autoritario, no ha sido aceptado o internalizado por la amplia mayoría. El beneplácito ciudadano (10 procesos electorales con mayorías abrumadoras), que avaló la transformación institucional que llevó a cabo el correismo, le es intrascendente a la oposición. Este desconocimiento de la voluntad ciudadana y del capital político que habría acumulado Correa, le costará gravemente a la oposición ecuatoriana, pues no mide que el posible descontento con la situación del país no es precisamente un descontento con lo implementado hasta ahora.

A los actores de oposición les encanta citar datos que demuestran el supuesto declive de aprobación y credibilidad que ha sufrido el presidente. Sin embargo, se equivocan en su análisis al asumir que los motivos de esa descenso son los que ellos se han empeñado en posicionar; tales como el supuesto autoritarismo, la independencia de poderes, eliminación de derechos o persecución política. En su ceguera, la oposición no ha considerado que ello podría devenir de factores exógenos al sistema político, que están más allá del desgaste de 8 años del mandato de Correa, y que están relacionados con factores socio-económicos (motivados también por condiciones exógenas al escenario ecuatoriano) que han provocado el que la población perciba una afectación real a su calidad de vida.

Las distorsiones en las que cae la oposición al hacer una lectura de la realidad no se quedan allí; dentro de sus cálculos miopes y errados está el asumir que ese malestar generalizado se traduce en un apoyo o reconocimiento a sus principales líderes y a sus demandas. Con esa percepción desatinada piensan llegar triunfantes al 2017 y, lo más grave, reinventar al Estado ecuatoriano.

Intentar capitalizar el malestar ciudadano es una apuesta muy arriesgada que puede estallarles en la cara, particularmente porque no cuentan con el apoyo ciudadano o el “capital político” para implementar su estrategia. Pero vamos más allá: para llegar al poder, primero tendrán que tranzar con diversos sectores que esperarán el cumplimiento inmediato de ofertas de campaña, en una febril carrera contra el tiempo. El capital político con el que hoy cuenta la oposición es mínimo y tienen un año exactamente para ampliarlo y consolidarlo. Todo esto durante la vorágine electoral que se avecina a partir de enero, etapa durante la cual se avizora un legitimo catch-as-can entre múltiples contendores a la Presidencia de la República; cada uno ofreciendo “el oro y el moro”. Me pregunto: ¿cómo van a compaginar las diversas propuestas/promesas de campaña de los múltiples actores políticos que surgirán creyéndose presidenciables? Adicionalmente, cómo lidiarán los opositores con los rezagos de apoyo a Correa que indudablemente permanecerán tanto en la sociedad como al interior del inmenso aparato burocrático que pretenden desmantelar.

La oposición comete gravísimos errores de cálculo político que los induce a creer que el repudio que ellos tienen hacia el presidente y su modelo es generalizado. Está visto que eso no es real, de lo contrario el Gobierno no habría sobrevivido a medio año de constantes “movilizaciones”. Así mismo, cree que ese malestar -que sí existe-,  se traduce en un apoyo a su agenda. Sin duda lo más peligroso para la oposición es suponer que tendrá todo el apoyo popular (capital político) para llevar a cabo su estrategia de transición y el desmantelamiento del modelo correísta, sin medir el impacto social, económico y político que ese desmantelamiento implicaría para la propia supervivencia de un eventual gobierno opositor.

Por Mateo Izquierdo

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