Volver o no volver a cero, nueve años después

Imaginemos por un momento que estamos en plena construcción de un edificio. Tenemos un arquitecto, un diseño, materiales y mano de obra. Se han colocado sólidos cimientos para soportar la estructura del proyecto y, aunque la obra aún está muy lejos de concluir, ya hay varios pisos que se han levantado tras arduo trabajo. Pensemos que sobreviene un imprevisto, un factor ineludible que provoca el necesario cambio de arquitecto que está a cargo de la obra. ¿Qué cree usted que debería ocurrir?

El sentido común nos dice que si bien el nuevo profesional que administrará el proyecto aplicará su propia metodología de trabajo, el objetivo final es que continúe la construcción. ¿A quién en su sano juicio se le podría ocurrir que como cambia el arquitecto, es necesario demoler la obra y empezar de cero? Pues eso, estimado lector, es lo que ha sucedido con el Ecuador durante gran parte de su vida republicana. 

No ha sido extraño para la sociedad ecuatoriana el escuchar en reiteradas ocasiones y en diferentes momentos de la historia aquella muletilla de que “es necesario refundar el país”. Y de refundación en refundación, el Ecuador ostenta el no tan respetable récord de haber tenido 20 constituciones en poco menos de 200 años de régimen republicano.

Seguramente usted dirá que el proceso político que vivimos actualmente no escapa a esa misma práctica refundacional y que para instaurarlo, necesariamente se derrocó lo que había anteriormente para empezar de cero. A ese razonamiento no le falta razón, salvo por la irrefutable evidencia de que aquello que se echó abajo estaba en tal condición de putrefacción e insostenibilidad, que cualquier intento de reforma o reparación era simplemente inútil.

Debido a la fragilidad de la memoria colectiva y a la amnesia inducida por medios de comunicación dedicados a confeccionar lecturas inmediatistas, convenientes y descontextualizadas de la realidad, es fácil encontrarse ahora con otra muletilla reiterada: “nunca habíamos estado peor”. Sin embargo, ¿recuerda usted o ha narrado a sus hijos o nietos cómo era el país hasta antes de 2007? Pierda cuidado estimado lector, no es un intento de persuadirlo a caer en el manido lugar común de que ahora “tenemos modernas carreteras” y antes no.

Hagamos un simple ejercicio de memoria: ¿recuerda usted las sucesiones presidenciales que tuvimos desde el retorno a la democracia en 1979 hasta el 2007? Bueno, en realidad el ejercicio no resulta tan simple pues durante ese lapso de 28 años el Ecuador tuvo 15 presidentes cuando, se suponía, debieron ser solo siete. La decadente institucionalidad de un Estado maniatado por un vicioso e insaciable sistema de partidos, o más bien dicho, de corporaciones partidistas que eran apéndices de la banca y de los grupos empresariales poderosos, dieron lugar a esa perniciosa “alternabilidad”.

¿Recuerda usted la parálisis institucional a la que se sometía al país cuando ocurría la elección de autoridades del Congreso, con escupitajos, cenicerazos, camisetazos, mentadas a la madre y camorra incluidos? El viejo parlamento se demoraba hasta tres semanas en elegir a su presidente, mientras la nación miraba impávida cómo se desbandaban los diputados de sus bloques al son de un maletín lleno de billetes. Esa práctica se reeditaba para escoger a las cortes de justicia y a los órganos de control que los elegía ese mismo Congreso vicioso. ¿Lo recuerda?

Hablando de parálisis, ¿recuerda aquella despreciable tradición bianual que caracterizó a la UNE por hacer paros cada octubre en la Sierra y cada mayo en la Costa para exigir prebendas? ¿Recuerda al gremio de choferes paralizar su servicio cada mes de enero para exigir alza de pasajes y al gremio de gasolineros cerrar el despacho de combustibles durante semanas para exigir mayores ganancias, mientras miles de personas se disputaban un espacio para colgarse de una camioneta que los llevara al trabajo y a cientos de carros que permanecían semanas enteras formando interminables colas fuera de las estaciones de servicio?

El análisis no apunta, ni mucho menos, a eso de “mal de muchos, consuelo de tontos”. Simplemente se trata de mirar fríamente cuál era el escenario institucional en el que se debatía este país, cuya sociedad y Estado eran incapaces de dictar, y mucho menos acatar, reglas mínimas de convivencia o nociones básicas de gobernanza. Por eso los banqueros y los gremios empresariales poderosos, con la complicidad de presidentes, ministros y diputados, hicieron cuanto les vino en gana. Por eso tres movilizaciones en la calle derrocaron a los gobiernos de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, quienes se refugiaban dentro de un Estado que lejos de constituir aquel estamento esencial para la supervivencia de una nación y el gestor máximo de la administración pública en función del bien común, era más parecido a las dos endebles casas de ese cuento que narra la fábula de tres cerdos y un lobo.

Es ese edificio putrefacto y colapsado el que se demolió en 2007 para levantar la nueva infraestructura institucional que ahora sostiene la gobernabilidad y la estabilidad social, económica, política y de gestión en la que hemos vivido casi una década. Ese estado de bienestar no es únicamente el fruto de la acción de un gobierno sino también el producto de un acuerdo social que en aquel año recogió una coalición de ideas provenientes de varios sectores para ejecutar un plan nacional transformador que suponía el fin de la partidocracia. La decadencia de partidos poderosos como el PSC y la desaparición de otros como la ID y el PRE son una señal de ello. En algo se logró desmontar ese fracaso institucional.

Se aprendió que ese sistema corporativista y clientelar no permitía ejecutar un plan de desarrollo o un proyecto de país porque las élites económicas y políticas lucraban del desorden que imperó durante décadas. Como se dará cuenta, se trata de una construcción socio-política y jurídica que va mucho más allá de miles de kilómetros de carreteras o cientos de escuelas y hospitales.

Tras nueve años de Revolución Ciudadana es justo reconocer que muchas cosas se han hecho bien y que tanto el país como su sociedad han dado saltos importantes que los colocan en una situación inmejorable para enfrentar una fase superior de avance. Eso, estemos de acuerdo o no, se ha logrado gracias a la voluntad política expresada desde el Gobierno de privilegiar la inversión pública y de recuperar al Estado como un gestor fundamental del desarrollo en el marco de un Plan Nacional, tendencia que rompió radicalmente con la anterior política económica que priorizaba la canalización de recursos para alimentar al capital financiero especulativo nacional e internacional y la reducción de ese Estado a su mínima expresión y mínimas fortalezas para que se limitara a “controlar” y mal.

Sin embargo, es pertinente mencionar también que el desgaste del proceso es evidente, como es evidente la falta de entusiasmo ciudadano. Quiéranlo o no, vivimos un estado de confort y comodidad en el que la crisis del pasado no está más. La vida era mucho más precaria para un profesional en los años 90 que ahora, pero también el Gobierno se ha encargado de erosionar el discurso revolucionario.

Es hora de reinventarse sin perder de vista lo logrado y el modo en que se lo ha logrado, sin perder de vista las líneas maestras del plan que nos han conducido a disfrutar del país que ahora tenemos y es tiempo de enfrentar la necesidad de evolucionar hacia nuevos retos como la explotación máxima de las enormes oportunidades que brindan las nuevas capacidades competitivas nacionales levantadas durante este período. Con las actuales condiciones de competitividad sistémica creadas en 9 años gracias a la inversión estatal, es mucho más viable para la empresa privada, por ejemplo, pensar en una más agresiva expansión de sus mercados, a diferencia de los años 90 o al primer lustro del siglo 21 cuando una elite empresarial pretendía que un Ecuador destrozado y en soletas firmara un TLC con Estados Unidos.

No obstante, ya estamos enfrascados en un año políticamente agitado y el panorama futuro nos exige responder con sinceridad varias preguntas, más allá de cualquiera que sea la tendencia del gobierno que releve a Rafael Correa: ¿estamos dispuestos a que se desmantele el nuevo estado de derechos y el acceso a educación, salud y servicios? ¿Está la creciente clase media dispuesta a perder su espacio de confort y vivir nuevamente una tendencia de pauperización como en el pasado? ¿Está la sociedad ecuatoriana dispuesta a ver impertérrita cómo los recursos que ella produce escapan para llenar las bóvedas de algunos bancos en Miami, en lugar de convertirse en inversión pública para financiar programas sociales y de infraestructura que potencien aún más las capacidades del Ecuador?

Habrá que responderse todo eso sinceramente, antes de escuchar a algunos candidatos que vivieron lucrando de ese putrefacto edificio que se demolió en el 2007 y que ahora prometen un nuevo futuro pero con la muletilla insultante de volver a “refundar el país”. Arquitectos que quieren hacerse cargo de la obra con la condición de destrozar el edificio en construcción y derrocarlo para comenzar de cero.

Sin duda, la gran amenaza de la contienda electoral futura se reduce a eso: querer o no regresar al caos.

Por Tomás Ojeda

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