Los malestares de la transición




El lunes 10 de julio, el expresidente Rafael Correa abordó un vuelo hacía Bélgica y su estancia en el país europeo será indefinida. Con su partida, Correa deja un enorme vacío de poder pero el que se vaya es una muestra fehaciente de que la transición del poder, efectivamente, ha ocurrido. Hacía qué exactamente, es desconocido. Sin la figura imponente de Correa, el presidente electo, Lenin Moreno, tendrá espacio de maniobra para definir su propio estilo de gobernanza y plantear ante la ciudadanía una agenda política distinta, para bien o para mal.

Algunos analistas han planteado, con nula visión retrospectiva, que el gobierno de Correa fue hiperpresidencialista y hasta autoritario. Sin embargo, la realidad muestra que la gestión de Correa consolidó el presidencialismo que se hallaba excesivamente debilitado por la crisis de gobernabilidad que vivió el país entre los años 1996 y 2006. El tema de este artículo no gira precisamente en torno a ese debate, pero sí cabe plantear que hubo una reestructuración institucional que incluyó al caduco sistema de partidos. También agregaré que fue la misma inoperancia de la clase política tradicional la que permitió que se siembre y consolide firmemente la hegemonía de un partido aglutinante y neopopulista que tuvo la buena fortuna de gobernar durante una década sin obstaculización o impedimento significativo.

Estos hechos sin precedentes en la historia del Ecuador marcaron la capacidad de gestión de Rafael Correa y crearon una institucionalidad incipiente que, a pesar de varios tropiezos, ha podido garantizar el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas ciertas instituciones: principalmente la reducción de la pobreza y la consolidación de un Estado de bienestar social que no se había podido construir desde el retorno a la democracia. Estos son hechos irrefutables que a la oposición le causan urticaria y convulsiones, pero que definen el legado de un gobierno que generó estabilidad democrática, a pesar de genuinos intentos de desestabilización y que terminó su mandato en los tiempos dispuestos por la Ley y el orden constitucional. Es la primera vez que eso sucede desde el año 1995 cuando Sixto Durán Ballén dejaba Carondelet tras la ola privatizadora más agresiva que haya vivido el país.

Ahora bien, a Moreno le queda la tarea de comprobar que la institucionalidad nacional está lo suficientemente consolidada para soportar la transición del poder, que la sostenibilidad de esa institucionalidad será duradera en el tiempo y que, además, posee la solidez necesaria para permanecer incólume ante cualquier circunstancia de inestabilidad. Esta premisa es en extremo importante pues, mucho más allá de cualquier disquisición coyuntural, el verdadero compromiso de un proyecto político con la sociedad, en teoría, es que el Estado logre el nivel de madurez necesario para solventar eficientemente un sistema de justicia social que constituya uno de los basamentos más fuertes en los que se apoye la estabilidad democrática de un republicanismo real, muy diferente a ese pseudorepublicanismo elitista, unas veces plutocrático y otras veces bancario, que pregonamos como nación desde hace casi 200 años.

El escenario actual al que nos vemos avocados es, ciertamente, inédito: acaba de concluir su mandato un presidente como Rafael Correa que permaneció 10 años en el poder con absoluta legitimidad democrática, y cuya salida se produjo en estricto apego al orden institucional pero además con niveles de aprobación que ningún presidente saliente ha tenido en la última etapa democrática y, si vamos más allá, quizá en los últimos 65 años. Este hecho irrefutable es el que la oposición ecuatoriana se rehúsa a aceptar y es esa negación la que la lleva a chocar estrepitosamente con otra verdad igualmente irrefutable: el legado de Correa es enorme y muy difícil de igualar o superar. Si un candidato de oposición hubiese ganado las elecciones del 2 de abril se encontraría, en estos momentos, inmóvil tratando de descifrar una compleja maquinaria de ingeniería institucional que es justamente la que ha permitido garantizar estabilidad democrática, crecimiento económico y avances reales en cuanto a redistribución de la riqueza y desarrollo social en esta última década. Es muy probable que ese hipotético presidente opositor hubiese optado por el camino fácil de destrozar esa maquinaria institucional a la que, seguramente, habría sido incapaz de comprender, con las nefastas consecuencias y retrocesos que aquello implica. El caso argentino es bastante didáctico al respecto. 

El hecho es que el gobierno de Rafael Correa tuvo un nivel de ejecución permanente y dio respuestas reales a las expectativas de la ciudadanía, generando certezas positivas sobre crecimiento, desarrollo, infraestructura y servicios que la sociedad ecuatoriana ya se acostumbró a tener. Hemos llegado a un momento histórico en que si un gobierno no llega a garantizar esas cosas, ha fracasado. Lo lamentable de esto es que, ciertamente, el nivel de ejecución se daba gracias a la gran cantidad de recursos que ingresaron al Fisco con un boom petrolero que hoy por hoy ya no existe.

Ningún gobierno entrante iba a poder cumplir a cabalidad con todo lo que ofrecía. Sin embargo, lo que Moreno sí puede garantizar es la continuidad de políticas sociales intersectoriales que son y deben ser la base de un proyecto político para la reducción de la pobreza transgeneracional y todas sus aristas. El hecho de que Lenín Moreno haya ganado las elecciones no solo permite esa continuidad de los logros sociales sino que abre la posibilidad real de consolidar la institucionalidad que es imprescindible para la sana supervivencia y crecimiento del país en general. En este punto es importante precisar que la oposición, si quiere ser parte del sistema político, debe aceptar la existencia y funciones de los organismos de garantía y control del conjunto del Estado, a pesar de reparos muy particulares e infundados. Estas mismas instituciones deben ser desarrolladas y fortalecidas al margen del marco político para su mejor aplicación y de este modo lograr que tengan un alto grado de aceptación por los ciudadanos. Lo opuesto es simplemente promover la desinstitucionalización y el caos.

Para Moreno, la tarea fundamental a continuación es combinar las reformas institucionales, económicas y sociales con el logro de la estabilidad política y el fortalecimiento de la protección de los derechos civiles y políticos de la población ecuatoriana. No podemos volver a la desastrosa y absurda dualidad segregacionista que sometía a la Nación a escoger entre el desarrollo institucional y la estabilidad política. Las dos son imprescindibles, necesarias, simbióticas, simultáneas.

La clave de la época de gobernanza de la Revolución Ciudadana fue el afianzamiento de un Estado democrático y social de derecho en el Ecuador que ha permitido el fortalecimiento del respeto y la protección de los derechos ciudadanos y la sujeción, en la práctica, del poder político a la Constitución y las leyes a pesar de que algunos actores políticos se juren perseguidos políticos y consideren sus derechos vulnerados. Simplemente el Estado de Derecho se ha impuesto. Se ha otorgado a la ciudadanía nuevos medios para el ejercicio de sus derechos y para protegerlos de las acciones u omisiones del Estado y de otras personas físicas o jurídicas. Por otra parte, se acercó la Constitución y las leyes a la vida de las personas.

El gobierno de Rafael Correa definitivamente marcó una etapa de profundos cambios políticos e institucionales que dieron como resultado un nuevo escenario de relacionamiento de poderes en el Estado, en el que el vetusto sistema de partidos nunca halló la forma de encajar y por eso lo denuesta. Pero además de esos cambios políticos e institucionales también cambiaron las relaciones entre la ciudadanía, los partidos políticos y las instituciones públicas. Lamentablemente, lo que no se garantizó de forma adecuada fueron los canales de ventilación de los conflictos sociales, por lo que buena parte de la oposición se ha vuelto antisistémica por naturaleza y no ha cambiado su visión tozuda, miope y arcaica de refundar la Nación desde cero, a pesar de la relativa satisfacción ciudadana con el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Es decir, a pesar de la existencia de diversos grados de descontento ciudadano, la mayoría absoluta sigue creyendo en la democracia como la mejor forma de gobierno. En este marco, la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en el funcionamiento de la institucionalidad es clave para la consolidación de la democracia. Al parecer ciertos segmentos de oposición no han comprendido esa parte de sus responsabilidades y pretenden instaurar una agenda revanchista y persecutoria so pretexto de la lucha contra la corrupción, a fin de lograr cierto apalancamiento que su derrota en las elecciones no permitió. Ese comportamiento opositor antisistema no ha cambiado y permite vislumbrar que la confrontación permanente será la tónica de su participación “democrática”, aunque es evidente que la ausencia de una agenda política y ahora la ausencia de un cuco como Correa, la han dejado desorientada y desarticulada. No cabe duda que si contaran con apoyo popular para su agenda, estarían incitando a la movilización social y a la violencia en estos mismos momentos.

En esta fase de “transición”, se ha decidido que es necesario que Moreno marque sus diferencias respecto del gobierno anterior si quiere tener un margen de discrecionalidad y acción independiente. Si quiere cimentar su gestión con acciones contundentes, deberá empezar por atacar a la médula del asunto: la corrupción enfrascada, lamentablemente sí, en las filas del movimiento y del Gobierno. Nadie lo niega y precisamente por ello es importante marcar distancia de aquellos actores a los que, previa investigación, auditoría y proceso ordenado, se les compruebe que han participado o se han beneficiado mediante cohecho, tráfico de influencias, peculado u otros delitos. Esta es la clara demostración, para ser creíble ante la oposición, de que se vienen cambios radicales. Sin embargo, entregar como concesión la cabeza del vicepresidente en bandeja de oro, no permitirá la gobernabilidad que tanto se cree ya que la oposición no va a satisfacer su hambre insaciable hasta llegar al premio gordo y la raíz de todo su repudio: Rafael Correa. Tampoco cabe duda de que si hubiese ganado un candidato de oposición en estos precisos momentos estaríamos viviendo una de las cacerías de brujas más sanguinarias e indiscriminadas que ha vivido el Ecuador.

Se puede prever así una suerte de depuración de las filas de Alianza PAIS que, sin duda, causará conmoción, inestabilidad y malestar, pero que, al menos, apaciguará momentáneamente las ínfulas golpistas de algunos opositores. Si, por último, se identifica al vicepresidente Glas como cabecilla de una red de corrupción, como se ha argumentado, no hay otra alternativa que su salida y, con ella, la de todos quienes han traicionado el proyecto político en el que muchos creímos. Pero, si llegara a producirse ese escenario extremo, que caiga bajo la indignación y repudio de sus compañeros y supuestos coidearios a quienes también habría traicionado. De ninguna manera este desenlace puede ser obra de una oposición enceguecida y premio a su sed de venganza ya que sus prejuicios y obsesión buscan embarrar a todo un proceso político, cuando únicamente ciertos lastres son los culpables de aquella traición y son los únicos culpables de enturbiar el legado de transformación que hemos vivido estos últimos diez años.

La transición no debe significar un cisma o ruptura dialéctica en sí, sino un ajuste a nuevas realidades que, por naturaleza, acerquen el quehacer público a las demandas de la ciudadanía en su totalidad y bajo las nuevas condiciones sociales en las que nos encontramos. Siguen existiendo actores políticos que más bien son delegados de grupos de interés que velan por su bienestar, y no representantes de segmentos de la ciudadanía. Son lastres del pasado y son el enemigo del futuro. Las divisiones al interior del movimiento revolucionario deben, al final del día, sacar en blanco y en negro qué y quiénes son los verdaderos antagonistas.

Por Mateo Izquierdo


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