La crisis de representación en el movimiento indígena

Por Mateo Izquierdo


A propósito de la solicitud del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de desalojar la casa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), vienen a mi memoria varios puntos de inflexión que nos han conducido hasta este momento. En particular, me refiero a la crisis de representación que actualmente vive la CONAIE y que no es más que el desenlace de un conflicto que la organización arrastra desde hace, al menos, 15 años. Me atrevería a decir, incluso, que se trata de una crisis auto-infligida, en gran parte, por la distancia que se ha creado entre la dirigencia tradicional y las bases sociales en las comunidades y organizaciones de segundo grado (OSG). Esta brecha, si se quiere, se ha venido ampliando progresivamente a tal punto que los actuales dirigentes han dejado de representar de forma orgánica al segmento de la población que más debería beneficiarse de su accionar.

La concentración de poder en pocas figuras del movimiento no es casual y, de hecho, fue parte del diseño de un proceso organizativo aupado por programas de cooperación multilateral del Banco Mundial, a través del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) y de la cooperación internacional de USAID a través del Proyecto Gestión Integrada de Territorios Indígenas, entre otros. Los programas en mención estaban dirigidos al “fortalecimiento” de una dirigencia que fuera funcional a los intereses de estos cooperantes en el territorio ecuatoriano. De la mano de estos programas de cooperación, se produjo un proceso de burocratización de aquella dirigencia hacia espacios de incidencia política como lo fueron el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), que hubo de ser el equivalente a un “Ministerio de Relaciones Indígenas”. Esa instancia, pese a contar con recursos públicos, recibía también financiamiento directo de la cooperación multilateral pero sus logros fueron nulos. Es más, se descubrió que ciertos dirigentes mal utilizaron estos recursos para beneficiarse directamente y a sus allegados más cercanos en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. Es así que la dirigencia indígena, en lugar de convertirse en el puntal de un largo proceso de construcción ideológica y conceptual, cayó en las peores mañas de la burocracia tradicional. La corrupción ya no tenía una particularidad étnica, pero para algunos analistas esta realidad no estaba reñida con disquisiciones de índole ético sino más bien con un tema de “inclusión”, a pesar de la evidente contaminación de la emergente dirigencia institucional indígena con los vicios de la política tradicional.

No fue casualidad que entre los años 2000 a 2007 surgiera el término despectivo “Ponchos Dorados”, que trataba de identificar a aquellos dirigentes que se habían beneficiado, ilícita e injustamente y por encima de líderes tradicionales, de prebendas políticas y económicas provenientes tanto de la cooperación internacional para el desarrollo como del aparato público, con la intención de crear un escenario que provocara dos efectos: controlar la capacidad de desestabilización que tenía el movimiento, al entregarle a su dirigencia una entidad pública con presupuesto propio; y, por otro, utilizar a la dirigencia como elemento funcional de los intereses de los Estados Unidos en la región, dentro del escenario político. El cálculo era que al contar con un contingente organizativo que fuera perfectamente capaz de desestabilizar a un gobierno, se podría mantener un punto de equilibrio “détente” entre los grupos de interés ecuatorianos y, simultáneamente, condicionar el factor “gobernabilidad” a la amenaza permanente de la movilización. Los dirigentes, a su vez, fueron engañados al hacerles creer que todo lo que se les estaba otorgando era parte de conquistas sociales y el fruto de la lucha por las reivindicaciones históricas del movimiento indígena. Sin embargo, la dirigencia aprendió bien su lección y desde aquellas épocas ha mantenido en vigilia a todo gobierno de turno, bajo la permanente amenaza de la desestabilización mediante la movilización de las bases.

Si bien se buscaba que los pueblos indígenas se conviertan en sujetos sociales activos, la participación política de la dirigencia indígena ha estado marcada por errores de cálculo al haber sido parte de la destitución del gobierno de Jamil Mahuad en el año 2000, hasta el acompañamiento del movimiento indígena al gobierno de Lucio Gutiérrez en el 2003 y su participación en el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2007/08. En efecto, la participación más activa del movimiento indígena coincidió con los mayores actos de desestabilización e inconstitucionalidad que han sucedido en el país. En su cúspide, durante la llegada del coronel Lucio Gutiérrez al poder, la CONAIE ostentaba un aglutinamiento del 80% de la población indígena. Bajo esa coyuntura, la dirigencia adquirió gran capacidad de chantaje sobre el sistema político y la institucionalidad democrática. Accedieron a cargos de elección popular para así promover sus agendas étnicas y culturales. Se trataba de la politización del conflicto social ecuatoriano y la ineludible incorporación de fuerzas sociales a un sistema político en constante evolución. Lo irónico es que el movimiento indígena se articuló principalmente en torno a la protesta contra el modelo neoliberal y los efectos de esas políticas en los sectores sociales rurales. Sin embargo, fue ese mismo modelo el que provocó el desarrollismo de los “Organismos No Gubernamentales” para financiar y sostener el activismo indígena.

A pesar de estos “logros”, los tropiezos fueron múltiples y ante todo la dirigencia, habiendo probado las mieles del poder, se alejaba más de las bases sociales que decía representar. Las reivindicaciones históricas del derecho a la tierra; la educación intercultural-bilingüe; la salud intercultural; la participación política se estaban cumpliendo en mayor a menor grado. El problema ha sido que al irse cumpliendo las demandas de las bases sociales, los argumentos de la dirigencia para la permanente resistencia han perdido eco. A su vez, la dirigencia ha sido excesivamente hermética y no ha permitido la inclusión de organizaciones indígenas secundarias. En eso, su aislamiento ha sido catastrófico puesto que, tanto las demandas de “moda” como las necesidades de las bases se han actualizado a una realidad distinta, pero esa dirigencia no se ha adaptado. Su intransigencia y oposición a cualquier iniciativa que presente el gobierno (en la agenda legislativa tanto como en programas dirigidos a la población indígena) ha sido tal que han cedido espacios de participación importantes en los cuales se podría haber aportado a que ciertas leyes y/o programas tengan mayor impacto y sean más eficientes.

El argumento actual sobre la sede de la CONAIE es que fue otorgada como parte de una conquista de lucha y que es un derecho. Sin embargo, el argumento legal del MIES es apropiado cuando este plantea que al ser un bien público, sus fines deben ser destinados al público. En ningún momento debió entregarse el bien inmueble a una organización en particular y mucho menos para ser utilizado como central de acopio para la conspiración y la confrontación con el Estado.

El vaivén de los argumentos durará algún tiempo; sin embargo, me da la impresión de que en ese intercambio de palabras entre el gobierno y la dirigencia se pierde lo medular del problema: la CONAIE ha dejado de ser representativa de sus bases y, para modernizarse, deberá ser más inclusiva con otras organizaciones indígenas. Dudo que tenga derecho a apropiarse de la mencionada casa, así como ningún otro partido político tiene derecho a apropiarse de un bien público. De servir como instalaciones para la promoción de la organización social y de base, la actual dirigencia deberá mostrar mayor apertura de otras agrupaciones indígenas y afro descendientes y deponer los celos que han marcado su accionar de los últimos años. No se trata de provocar la subordinación sino la participación activa de una mayor cantidad de voces que todavía no han sido escuchadas.

Los argumentos de la lucha y de las conquistas son inconsecuentes cuando se comparan con las necesidades más amplias del resto de organizaciones indígenas y agrupaciones que requieren atención e inclusión. La intransigencia de la presente dirigencia de la CONAIE/Pachakutik, representado por dirigentes cómo Lourdes Tibán y Jorge Herrera, ha perdido su norte y no ha permitido la innovación del movimiento para actuar, de forma orgánica, frente a las nuevas condiciones sociales del país. Es momento de que se aproveche la coyuntura de confrontación para provocar la innovación del movimiento indígena, de la CONAIE y de Pachakutik a fin de que sean más consecuentes con el segmento de la población que dicen representar y que, coincidentemente, es el segmento de la población más vulnerable del país.
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1 comentarios:

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Og Mandino
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7 de enero de 2015, 14:53 delete

excelente articulo, clarifica muchas dudas

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