Por
Mateo Izquierdo
La concentración de poder en pocas figuras
del movimiento no es casual y, de hecho, fue parte del diseño de un proceso
organizativo aupado por programas de cooperación multilateral del Banco
Mundial, a través del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros
del Ecuador (PRODEPINE) y de la cooperación internacional de USAID a través del
Proyecto Gestión Integrada de Territorios Indígenas, entre otros. Los programas
en mención estaban dirigidos al “fortalecimiento” de una dirigencia que fuera
funcional a los intereses de estos cooperantes en el territorio ecuatoriano. De
la mano de estos programas de cooperación, se produjo un proceso de
burocratización de aquella dirigencia hacia espacios de incidencia política como
lo fueron el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE),
que hubo de ser el equivalente a un “Ministerio de Relaciones Indígenas”. Esa
instancia, pese a contar con recursos públicos, recibía también financiamiento
directo de la cooperación multilateral pero sus logros fueron nulos. Es más, se
descubrió que ciertos dirigentes mal utilizaron estos recursos para
beneficiarse directamente y a sus allegados más cercanos en las provincias de
Cotopaxi y Chimborazo. Es así que la dirigencia indígena, en lugar de
convertirse en el puntal de un largo proceso de construcción ideológica y
conceptual, cayó en las peores mañas de la burocracia tradicional. La
corrupción ya no tenía una particularidad étnica, pero para algunos analistas esta
realidad no estaba reñida con disquisiciones de índole ético sino más bien con
un tema de “inclusión”, a pesar de la evidente contaminación de la emergente
dirigencia institucional indígena con los vicios de la política tradicional.
No fue casualidad que entre los años 2000 a
2007 surgiera el término despectivo “Ponchos Dorados”, que trataba de
identificar a aquellos dirigentes que se habían beneficiado, ilícita e injustamente
y por encima de líderes tradicionales, de prebendas políticas y económicas provenientes
tanto de la cooperación internacional para el desarrollo como del aparato
público, con la intención de crear un escenario que provocara dos efectos: controlar
la capacidad de desestabilización que tenía el movimiento, al entregarle a su
dirigencia una entidad pública con presupuesto propio; y, por otro, utilizar a
la dirigencia como elemento funcional de los intereses de los Estados Unidos en
la región, dentro del escenario político. El cálculo era que al contar con un
contingente organizativo que fuera perfectamente capaz de desestabilizar a un
gobierno, se podría mantener un punto de equilibrio “détente” entre los grupos de interés ecuatorianos y, simultáneamente,
condicionar el factor “gobernabilidad” a la amenaza permanente de la movilización.
Los dirigentes, a su vez, fueron engañados al hacerles creer que todo lo que se
les estaba otorgando era parte de conquistas sociales y el fruto de la lucha
por las reivindicaciones históricas del movimiento indígena. Sin embargo, la
dirigencia aprendió bien su lección y desde aquellas épocas ha mantenido en
vigilia a todo gobierno de turno, bajo la permanente amenaza de la
desestabilización mediante la movilización de las bases.
Si bien se buscaba que los pueblos
indígenas se conviertan en sujetos sociales activos, la participación política
de la dirigencia indígena ha estado marcada por errores de cálculo al haber sido
parte de la destitución del gobierno de Jamil Mahuad en el año 2000, hasta el
acompañamiento del movimiento indígena al gobierno de Lucio Gutiérrez en el
2003 y su participación en el gobierno de la Revolución Ciudadana en el
2007/08. En efecto, la participación más activa del movimiento indígena coincidió
con los mayores actos de desestabilización e inconstitucionalidad que han
sucedido en el país. En su cúspide, durante la llegada del coronel Lucio Gutiérrez
al poder, la CONAIE ostentaba un aglutinamiento del 80% de la población
indígena. Bajo esa coyuntura, la dirigencia adquirió gran capacidad de chantaje
sobre el sistema político y la institucionalidad democrática. Accedieron a
cargos de elección popular para así promover sus agendas étnicas y culturales.
Se trataba de la politización del conflicto social ecuatoriano y la ineludible incorporación
de fuerzas sociales a un sistema político en constante evolución. Lo irónico es
que el movimiento indígena se articuló principalmente en torno a la protesta
contra el modelo neoliberal y los efectos de esas políticas en los sectores
sociales rurales. Sin embargo, fue ese mismo modelo el que provocó el
desarrollismo de los “Organismos No Gubernamentales” para financiar y sostener
el activismo indígena.
A pesar de estos “logros”, los tropiezos
fueron múltiples y ante todo la dirigencia, habiendo probado las mieles del
poder, se alejaba más de las bases sociales que decía representar. Las
reivindicaciones históricas del derecho a la tierra; la educación
intercultural-bilingüe; la salud intercultural; la participación política se
estaban cumpliendo en mayor a menor grado. El problema ha sido que al irse
cumpliendo las demandas de las bases sociales, los argumentos de la dirigencia
para la permanente resistencia han perdido eco. A su vez, la dirigencia ha sido
excesivamente hermética y no ha permitido la inclusión de organizaciones
indígenas secundarias. En eso, su aislamiento ha sido catastrófico puesto que,
tanto las demandas de “moda” como las necesidades de las bases se han
actualizado a una realidad distinta, pero esa dirigencia no se ha adaptado. Su
intransigencia y oposición a cualquier iniciativa que presente el gobierno (en
la agenda legislativa tanto como en programas dirigidos a la población
indígena) ha sido tal que han cedido espacios de participación importantes en
los cuales se podría haber aportado a que ciertas leyes y/o programas tengan
mayor impacto y sean más eficientes.
El argumento actual sobre la sede de la
CONAIE es que fue otorgada como parte de una conquista de lucha y que es un
derecho. Sin embargo, el argumento legal del MIES es apropiado cuando este
plantea que al ser un bien público, sus fines deben ser destinados al público.
En ningún momento debió entregarse el bien inmueble a una organización en
particular y mucho menos para ser utilizado como central de acopio para la
conspiración y la confrontación con el Estado.
El vaivén de los argumentos durará algún
tiempo; sin embargo, me da la impresión de que en ese intercambio de palabras
entre el gobierno y la dirigencia se pierde lo medular del problema: la CONAIE
ha dejado de ser representativa de sus bases y, para modernizarse, deberá ser
más inclusiva con otras organizaciones indígenas. Dudo que tenga derecho a
apropiarse de la mencionada casa, así como ningún otro partido político tiene
derecho a apropiarse de un bien público. De servir como instalaciones para la
promoción de la organización social y de base, la actual dirigencia deberá
mostrar mayor apertura de otras agrupaciones indígenas y afro descendientes y
deponer los celos que han marcado su accionar de los últimos años. No se trata
de provocar la subordinación sino la participación activa de una mayor cantidad
de voces que todavía no han sido escuchadas.
Los argumentos de la lucha y de las
conquistas son inconsecuentes cuando se comparan con las necesidades más
amplias del resto de organizaciones indígenas y agrupaciones que requieren
atención e inclusión. La intransigencia de la presente dirigencia de la
CONAIE/Pachakutik, representado por dirigentes cómo Lourdes Tibán y Jorge Herrera,
ha perdido su norte y no ha permitido la innovación del movimiento para actuar,
de forma orgánica, frente a las nuevas condiciones sociales del país. Es
momento de que se aproveche la coyuntura de confrontación para provocar la
innovación del movimiento indígena, de la CONAIE y de Pachakutik a fin de que
sean más consecuentes con el segmento de la población que dicen representar y
que, coincidentemente, es el segmento de la población más vulnerable del país.
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1 comentarios:
Write comentariosexcelente articulo, clarifica muchas dudas
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