Por Mateo Izquierdo
Cuando el Presidente de la República
anunció el recorte de sueldos de los funcionarios pertenecientes al nivel jerárquico
superior del sector público, los oscuros profetas del desastre lanzaron sus,
para variar, malintencionadas sentencias: que eso denota remuneraciones astronómicas,
que se atiende a última hora un programa abandonado, que el gasto social está
mal administrado, entre otras cosas. Para desgracia de los agoreros, sus antojadizos
pronósticos están, como ya es usual, equivocados.
Resulta que el Ecuador, en los últimos 8
años, ha emprendido una misión por reducir la pobreza, mejorar la calidad de
vida de los más vulnerables, mejorar la calidad de la educación y los servicios
de salud en todo el ciclo de vida. Por ello, pese a los malos augurios, la
noticia de la reducción ha sido bien recibida, pues constituye una señal de que
los programas sociales no serán los damnificados del escenario económico que se
configura para este 2015 en el mundo, no solo en Ecuador. Y mientras el debate continúa en medio de la
vorágine de los sueldos, el país en general, ha pasado por alto un pequeño
detalle: al Ecuador le falta cumplir solamente uno de los ocho Objetivos del
Milenio planteados por Naciones Unidas.
Para quienes no lo sepan , la reducción de
salarios es un mecanismo mediante el cual se busca, en la superficie, justamente
alcanzar hasta este año el cumplimiento de este último Objetivo del Milenio
(ODM) pendiente: mejorar la Salud Materna. Digo en la superficie porque hace
mucho tiempo el Ecuador había superado el acompañamiento del Sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo de políticas públicas sociales. El mismo
Presidente había declarado innumerables veces que los ODM eran una camisa de
fuerza que limitaba el accionar del gobierno en materia de inversión social.
Pese a ello, el Estado mantiene su intención de cumplir con sus obligaciones
internacionales, pero sobretodo con alcanzar el conocido “Buen Vivir”
Es así, que la declaratoria de emergencia
para reducir la mortalidad materna en el Ecuador es parte de un programa
integral que implica mejora en infraestructura y equipos, una campaña
educativa, el desarrollo de una base de datos nacional para optimizar la
información estadística relacionada a muertes de madres por falta de servicios
y cuidado neonatal, y la contratación de 2187 médicos y especialistas.
Justamente para este último rubro se hace una reducción de entre el 10% y el 5%
de los salarios de funcionarios del nivel jerárquico superior de diferentes
áreas del Estado.
El Estado ecuatoriano ha venido
implementado desde el 2008 políticas sociales en cumplimiento con las
recomendaciones internacionales pero, además, ha implementado las suyas
propias. Varios factores propiciaron el superar esa dependencia, entre ellos la
orientación de un Plan Nacional del Buen Vivir con su respectiva
institucionalidad en el Consejo Sectorial de Desarrollo Social; la
profesionalización de una masa crítica de técnicos especializados en el país y
el exterior en temas de economía del desarrollo y protección social; y el
destino de cuantiosos recursos (como un porcentaje objetivo del Presupuesto
General del Estado) hacia la inclusión social y el desarrollo. El Buen Vivir
como paradigma y como código de ética se transformó en la guía para el
desarrollo de programas, proyectos e iniciativas que en su totalidad únicamente
han buscado mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía más vulnerable.
Al llegar al 2015, año en el que los países
signatarios debían cumplir los 8 Objetivos del Milenio, el Ecuador ha sido
líder en protección social y políticas redistributivas. Esto implica que los
niveles de reducción de pobreza que ha tenido el Ecuador no lo han tenido sus
países vecinos. Este hecho ha sido reconocido por organismos multilaterales y
cooperación. Tanto es así que el Ecuador ha visto una reducción significativa
de actores de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Ecuador,
precisamente por ser ahora un país de renta media. Esto, en efecto, sucede
cuando los Estados ya cuentan con la suficiente institucionalidad y capacidad
técnica para el diseño de políticas públicas que no requieren de aquel
permanente acompañamiento al que estábamos acostumbrados.
Ahora, luego de la distracción de los sueldos
de los funcionarios de alto nivel, queda por dedicar completa atención a lograr
que ninguna mujer embarazada o en periódo de lactancia muera en el Ecuador por
falta de servicios o atención. Es una meta humana que supera la tutela de las
Naciones Unidas y los indicadores sociales a los que tanto se acude a la hora
de evaluar la eficacia de las políticas. A los ciudadanos nos corresponde poner
también el hombro y exigir que los servicios mejoren, que las mujeres de
escasos recursos se informen y que todos seamos partícipes y beneficiarios de
la excelencia en Salud en el Ecuador.
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