La Constitución de la República del Ecuador faculta al Presidente la posibilidad de decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional (Art. 64). En caso de (…) calamidad pública o desastre natural, el decreto determinará la causal y su motivación así como los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan.
De acuerdo con la información hecha pública por María del Pilar Cornejo (Secretaria de Gestión de Riesgos) y por el Ministro César Navas (Seguridad), una posible erupción del volcán Cotopaxi afectaría de manera directa a 110 mil personas en Cotopaxi, 20 mil en Pichincha y 15 mil en Napo, sin contar con la afectación por la emanación de ceniza en flujos aéreos a nivel nacional y transporte de bienes por una de las principales carreteras del país: la Panamericana Sur. Está claro entonces, que un escenario de erupción del volcán tiene todo para convertirse en una catástrofe de grandes proporciones y con afectación en todo el territorio nacional.
El estado de excepción faculta al Presidente con la utilización de fondos públicos destinados a otros fines (excepto los correspondientes a salud y educación), así como el de disponer la censura previa en la información de los medios de comunicación con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. No pequemos de inocentes, la prensa es corresponsable en la generación de opinión pública al constituirse en uno de los principales canales de difusión de mensajes. Un claro ejemplo fue que un periodista estuvo hablando de “desalojos” y luego atribuyó su error a la rapidez de la información. Es un riesgo generar información incorrecta ya que puede generar caos y pánico en la población.
Actores políticos de oposición han criticado la declaración del estado de excepción, sobre todo en una coyuntura política donde se han producido varias protestas a nivel nacional; al fin y al cabo este faculta al Presidente a suspender o limitar derechos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Es verdad, suena extremo, pero tomando en cuenta el nivel de peligrosidad de uno de los volcanes más altos y activos del mundo con un glaciar con varias quebradas que desfogarían posibles lahares, resulta innegable la justificación para un decreto de esta índole.
Mucho se ha dicho que lo adecuado hubiera sido declarar la emergencia; que de acuerdo al Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se incluyen también terremotos o catástrofes naturales, lo que permitiría una contratación sin seguir los lineamientos habituales, pero no se estipula la posibilidad de liberar recursos económicos para enfrentar la emergencia.
Tomando en cuenta la peligrosidad de una potencial erupción del volcán Cotopaxi, una decisión de estado de excepción se justificaría sobre la posibilidad de liberar recursos económicos para enfrentar una situación de esta naturaleza. Recomendamos entonces dejar de lado la hipersensibilidad y hacer creer que se utiliza algo como una emergencia de esta naturaleza para jugar a la política.
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1 comentarios:
Write comentariosLos riesgos de la naturaleza no pueden ser manipulados con fines políticos. La ciudadanía sensata es consciente de que las medidas adoptadas por el Gobierno son acertadas y que todos debemos apoyarlas.
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