¿Hubo algún impacto con las movilizaciones?

Si pudiera enumerar todas las contradicciones que hemos presenciado como sociedad en las últimas semanas, terminaría haciendo una disertación de maestría. Sin embargo, ante la necesidad de puntualizar, me remito a los temas de mayor incomodidad que han surgido a raíz del mal llamado “Paro Nacional” que irrumpió en la psiquis colectiva hace más de una semana. Habrá que evaluar el verdadero impacto de las movilizaciones en términos económicos, sociales y políticos. Ese análisis vendrá con calma y hay que esperar que las aguas se aquieten para iniciarlo. No obstante, y todavía en caliente, ya existen indicios contundentes que nos llevan a la conclusión de que la movilización no fue precisamente exitosa. Si el objetivo de la protesta fue doblegar al Gobierno para que ceda ante las demandas de la dirigencia indígena, el fracaso es evidente. Si su objetivo fue posicionar en el discurso político las reivindicaciones de la población indígena, también estamos ante un revés para quienes protagonizaron la medida. La ciudadanía, en mayoría mestiza, nunca logró enterarse de cuál era la bandera de lucha que enarboló el paro.

Es innegable que existe malestar en ciertos sectores con respecto al gobierno de la Revolución Ciudadana, pero de ahí a ver a dirigentes sociales repetir como disco rayado exactamente el mismo discurso que pronuncian actores de la derecha retardataria, más allá de ser espeluznante, desnuda un vergonzoso nivel de desconocimiento sobre los pormenores jurídicos de lo que demandan. Ya dependerá de cada lector evaluar si eso se debe a una ignorancia profunda, o a la mala fe de ciertos dirigentes que han visto en la actual coyuntura efervescente una oportunidad para cosechar protagonismo y elevar su perfil político. Pese a ese escenario, mantengo y mantendré mi posición de que ningún malestar justifica la ruptura el orden constitucional.

Queda en evidencia un elemento que muchos analistas han preferido obviar cuando se refieren a los procesos organizativos indígenas. Este tema escamoso se refiere a la relación perversa que existe entre la dirigencia y las bases de las organizaciones indígenas. Desde el concertaje, que duró hasta mediados del siglo XX, hasta el 2015, la lógica “comunitaria” ha impedido la ciudadanización de la población indígena con todo lo que eso implica. Es momento de aceptar que la exigencia de la “distinción” sustentada en las particularidades étnicas ha sido una fabricación conceptual que ha perpetuado e institucionalizado dinámicas infames de poder y de representación, en lugar de eliminarlas. La dicotomía está en exigir equidad y justicia social colectiva y omitir los principios escenciales de esta, como las obligaciones y el derecho individual de la ciudadanía.

La plurinacionalidad, en el ámbito institucional, se limita a lograr exenciones de la ley. ¿En qué queda entonces el principio constitucional de la igualdad de todos los ciudadanos? El efecto de ello es que las bases sociales de las organizaciones indígenas permanezcan sometidas a lógicas de dominación perniciosas que terminan alimentando una relación de co-dependencia. Estamos ante un grupo de sub-ciudadanos que son objeto de manipulación y chantaje de su dirigencia con el único fin de movilizarlos, pero como esto ocurre al interior de una “jurisdicción cultural”, en cierta forma “externa” al Estado, ni la justica ordinaria ni el rechazo moral y ético de la sociedad han podido romper esta práctica so pretexto del respeto a las particularidades culturales.

Durante las confrontaciones entre comuneros y las fuerzas del orden, poco a poco se pudo vislumbrar el por qué de la violencia. Al consultar a dirigentes locales sobre sus demandas, las respuestas eran solicitudes muy puntuales referentes a la obra pública local, el reemplazo de un gobernador, una licencia ambiental y el archivo de las enmiendas constitucionales. Es decir, al margen de las demandas que tuviera la dirigencia indígena de la CONAIE, las organizaciones de segundo grado asumieron que la coyuntura de movilización se presentaba como una oportunidad para exigir, de forma excesivamente violenta, acciones en materia de política pública por parte del Estado en beneficio de sus localidades. En un desconocimiento absoluto del orden constitucional y democrático y de las funciones del Estado, asumieron que seguimos en la lógica del estado de bienestar clientelar de hace 100 años. Me pregunto cuán poco ha cambiado el escenario para que la población más vulnerable mantenga esa visión. Si ese es el caso, el concepto de la democracia, de la institucionalidad, de la ciudadanía con sus obligaciones y sus derechos siguen siendo completamente extraños para este sector de la población e, incluso, para su dirigencia. Si las cosas son así, ahí yace un gran fracaso para la Revolución Ciudadana, pues se ha quedado únicamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable, pero no ha sido capaz de generar una conciencia social sobre la necesidad de la equidad como la única forma de vencer la ignorancia, la pobreza y la explotación.

La semana de convulsión que vivió el Ecuador fue eso únicamente: convulsión social. Los motivos son múltiples, cada grupo de oposición tiene su argumento justo. Igualmente, cada grupo tiene objetivos propios que en ningún momento convergen. En lo único que coinciden es en la creencia que de la desestabilización podrán cosechar mejores condiciones de las que viven hoy. Sin hacer un análisis de posibles escenarios, la oposición, sea esta de derecha o de izquierda radical, cree que del caos que generen podrán retomar la gobernabilidad con un trozo más grande del reparto. Esos grupos no se han detenido a medir que sus intereses jamás coincidirán con modelos de desarrollo, inclusión social y o garantía de derechos. A esta telenovelesca secuencia no le faltó su historia de amor en tiempos de la globalización, elemento que fue oportunamente utilizado para ocultar el fracaso del posicionamiento de ideas que, supuestamente, fueron los motivos de la caotización. Sin darse cuenta, la oposición evidenció el nivel de injerencia del activismo pachamamista internacional en la cúpula de la organización indígena. No deja de asombrarme que uno de los símbolos más relevantes de la lucha social de hoy sea una activista extranjera que bajo cualquier lógica o definición, está en el Ecuador haciendo proselitismo político. De igual forma, no deja de asombrar el deseo de ciertos dirigentes de la (neo) burocracia indígena por convertirse en politiqueros comunes, antes que en los líderes comunitarios que, se supone, deberían ser.

El Paro Nacional vino y se fue sin afectar el estatus quo o incidir favorablemente en la opinión pública. Causó desorden y tráfico, además de un poco de preocupación en cuanto al nivel de violencia suscitada, cosa que los medios privados están prestos a sobredimensionar. Sin embargo, si de algo sirvió la movilización indígena, fue para evidenciar la completa desarticulación de los grupos de oposición al momento de generar propuestas constructivas y promover una transición ordenada del poder.

Por Mateo Izquierdo

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