Balance político del 2015

Este diciembre el Ecuador cierra un año repleto de convulsión y divisionismo que no ha hecho más que traer la amenaza de un conflicto social. Sin embargo, y aunque la violencia fue parte de la expresión popular, no hubo mayores percances y se pudo contener el caos en la medida de lo posible. El tan ansiado “desborde” de la violencia no llegó a repercutir en la paralización de actividades, pues la indignación y el enfrentamiento a los que convocaba la protesta, no lograron cuajar en la ciudadanía. Las manifestaciones contaron con una asistencia endeble y menguante, pese a que ocurrieron durante todo el año.

Tanto las organizaciones indígenas como las sindicales movilizaron a sus bases repetidas veces con poco o ningún eco, sin una afectación del statu quo y sin generar la pretendida desestabilización. Los dirigentes sociales sostuvieron que la consigna de “Fuera Correa fuera” no era nada más que un adorno simbólico del deseo de cambio y no una proclama para incitar a la defenestración del Presidente de la República. 

A pesar de arrancar el año con movilizaciones casuales, el año político en firme comienza a fines de febrero cuando la “Unidad” se reúne en Cuenca. ¿Unidad de qué? nunca se supo puesto que a pesar de toda la pantomima mediática y escénica, la iniciativa quedó en nada. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas; Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil; y Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, mantuvieron una reunión que a la postre pareció tener la intención de mostrar el músculo de una coalición de oposición para enfrentar al autoritarismo, la crisis y la decadencia de la democracia en el Ecuador. Se sospechaba que se aprovecharía esta instancia para lanzar al estrellato a Mauricio Rodas y establecerlo como posible pre-candidato para la contienda electoral del 2017. 

Siempre tibio, Rodas no pudo capitalizar la oportunidad que su mentor Nebot le otorgaba y fracasó al asumir de forma caótica y a destiempo el liderazgo de la movilización de los grupos ciudadanos de la avenida de Los Shyris durante los meses de abril, mayo y junio. Los índices de aprobación y credibilidad del alcalde de Quito han estado en picada desde aquel momento y su protagonismo en el escenario nacional ha sido minúsculo. Esto se atribuye, en parte, a que a la ciudadanía no gustó que el alcalde saliera a manifestarse como uno más del montón, sin asumir el protagonismo que claramente se le estaba planteando. Mucho menos gustó que Rodas empezara a figurar junto a personajes reconocidos de la politiquería ecuatoriana como Fernando Villavicencio, César Montufar o Andrés Páez. El malestar ciudadano fue evidente ante el hecho de que figuras políticas de reputación manchada intentaron apropiarse de la molestia genuina de la gente. Las convocatorias a la Shyris fueron disminuyendo progresivamente, sin pena ni gloria.

Algo que definitivamente marcó el escenario político fue el sobredimensionamiento de la crisis y una exageración tremenda sobre sus impactos. En franco desconocimiento de la institucionalidad democrática y el orden constituido, se descalificó al proyecto político que a principios del 2015 cumplía ocho años de vigencia y tenía 10 procesos electorales a sus espaldas. Procesos que, le guste a quien le guste, se ganaron limpiamente con amplias mayorías y apoyo popular. Para justificar esta descalificación se mencionaba la supuesta falta de independencia entre poderes del Estado, el despilfarro de recursos fiscales y el endeudamiento excesivo al que el gobierno estaba sometiendo al pueblo. Tras este discurso yacían intereses muy puntuales de sectores de izquierda radical, como la oposición a la Ley de Aguas, Ley de Tierras, reforma laboral, entre otros. Desde los sectores empresariales y de derecha, los cañones apuntaron a la Ley de herencias y plusvalía, además de las salvaguardias que se habían implementado a principios de año.

Sin embargo, el eje fundamental de la movilización fue el paso de las enmiendas a la Constitución de la República que debían entrar a segundo debate a principios de diciembre. La médula del asunto fue la enmienda que permitía que una autoridad de elección popular se lance indefinidamente. Como si esto genuinamente significara un atentado a la democracia, se pintó a este elemento como la consolidación del totalitarismo en el Ecuador. Todos estos elementos, al parecer catastróficos, anunciaban la llegada de los cuatro jinetes del apocalipsis y la desaparición del dólar. Debían impedirse semejantes aberraciones ante el peligro de que la nueva moneda sea el “Mashi” y esto se convierta en una pesadilla comunista. La existencia misma de la República dependía de ello. Así de hiperbólicos fueron los discursos de estos muchachos.

Estos factores coincidieron para desembocar en lo que la clase política concluyó era la gota que derramó el vaso. La oposición consideró que hubo restricción de derechos y atentados contra sus intereses que no se podían permitir a un gobierno corrupto, ilegítimo y populista. 

Es oportuno ahora hacer un análisis retrospectivo respecto a cuáles fueron los impactos reales de las decisiones que provocaron tanta confrontación y si la protesta logró cumplir sus objetivos.

Las salvaguardias no fueron la debacle que los empresarios avizoraban, el dólar no desapareció y en su gran medida la ciudadanía aguantó, con resignación, el alza relativa de algunos productos de consumo y la desaparición de otros productos extranjeros. Se puso freno al trámite de las leyes de herencia y plusvalía hasta que haya un proceso de socialización más amplio en el cual se explicarían los supuestos beneficios y afectaciones que traerían estos instrumentos impositivos. 

Con una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional, las enmiendas pasaron sin mayor infortunio. Dos mil manifestantes se prostraron en las afueras del edificio legislativo para manifestar su objeción, mientras el país siguió con normalidad sus actividades cotidianas. Así, unos pocos asumieron la representación del pueblo ecuatoriano que nadie les había otorgado e intentaron irrumpir en la paz del ciudadano común. 

Los sujetos detenidos por causar desmanes y daño a bienes públicos aquí se hacen llamar “presos políticos”, como si en Suecia no estarían presos por hacer lo mismo o como si intentos de desestabilización de una oposición política fueran tolerados en Estados Unidos o Alemania. Veo a opositores que se dedicaron el año entero a conspirar, no tiene otro nombre, caminando campantes por la vida sin mayor cuestionamiento a sus afinidades, lealtades o fuentes de financiamiento. Aun así, la intención de deslegitimar al gobierno en sus esfuerzos por navegar una crisis económica, no cesa.

En un desconocimiento pre-escolar de los preceptos democráticos, se ha instaurado la creencia de que la movilización social, la desestabilización y la ruptura del orden constituido son expresiones democráticas. La creencia que del caos puede surgir la gobernabilidad está tatuada en nuestra psiquis y será difícil de erradicar. Sigue siendo bochornoso que con una población que ya pasó los 16 millones de habitantes, este país siga siendo ingobernable. La imposibilidad de lograr acuerdos mínimos de convivencia es de caricatura y se da a raíz de que cada sector crea que merece atención particular y especializada. Hay ciudades en el mundo con poblaciones más grandes que la que tiene el Ecuador y lo logran.

Sin duda, el 2015 se trataba de un año que debió servirle a la oposición ecuatoriana para plantearse alternativas al modelo de desarrollo que tanto detestan, pero fue una oportunidad despilfarrada. No han surgido liderazgos contundentes que puedan aglomerar las demandas de los diversos sectores que hoy sienten la necesidad de un cambio político. De hecho, lo único que se ha demostrado en este año es que la oposición carece del menor sentido de gobernabilidad o de una agenda política que pueda reemplazar fehacientemente, y sin caos, al proyecto político de la Revolución Ciudadana. 

La izquierda radical, enfrascada en el sindicalismo, la organización estudiantil y los desechos del antiguo MPD sigue mermada en discursos caducos y prácticas clientelares nefastas que impiden que su mensaje penetre a una amplia gama de la ciudadanía. El nuevo partido que surgió de la desaparición del MPD, Unidad Popular, ha manifestado el deseo de participar en la contienda electoral del 2017 con candidato propio. Aunque a fines de 2015 no habían anunciado candidato, manifestaban que existen diversos nombres que se barajan incluyendo figuras exógenas a la organización. Se presume que en el transcurso del primer trimestre del 2016 anunciará un candidato que agrade a las bases sindicales pero que, sin embargo, tendrá poco reconocimiento de nombre, acceso mediático o plataforma “amigable” que pueda apelar a un electorado deseoso de superar discursos demagógicos y anquilosados. 

El movimiento indígena, también adherente a esta línea de pensamiento, se ha visto debilitado por pugnas internas y desgaste de liderazgos que hace mucho dejaron de representar los intereses de las comunidades más empobrecidas y velaron más bien por el reparto de una troncha que cree merecer. En efecto podríamos estar presenciando el fin del movimiento indígena y sus reivindicaciones históricas y nadie dice nada. Para que Pachakutik defina un candidato de consenso, primero deberá superar las pugnas internas, el revanchismo y la exclusión de dirigentes menores y las bases sociales. Aun logrando esta misión interminable, lanzar a Salvador Quishpe, actual prefecto de Zamora, o a Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, significaría enterrar a Pachakutik en los libros de la historia.

Tras el año de movilización, paros, huelgas y pies de lucha, las organizaciones de izquierda han demostrado tener demandas excesivamente particulares y exclusivas para su sector. Sin posibilidad de elaborar una plataforma moderada que apele al común de los ciudadanos, este sector estará castigado en la esquina del pastel político, limitando su participación a procesos locales y un par de curules en la Asamblea Nacional. 

La claridad está en para quien la quiera ver. Una de las conclusiones más relevantes que surgen del último año de convulsión es que la derecha ecuatoriana ha perdido su capacidad de convocatoria y de movilización, por eso se suma a las movilizaciones de organizaciones de izquierda que no los quieren ahí. A pesar de tener algunos puntos en común (enmiendas), las organizaciones sociales de derecha viven en un vacío político. Sin representación o canales de mediación para sus demandas, este sector típicamente de clase media, ha sido el más afectado por las políticas de gobierno y la que menos capacidad organizativa demuestra. Adicionalmente, este sector comete el gravísimo error de asumir que su malestar es compartido por una gran mayoría de la población, ignorando encuestas, indicadores sociales y sus propios números en las manifestaciones. La realidad es que se percibe apatía y ambivalencia en una ciudadanía que ha sido bombardeada por mensajes pesimistas y contradictorios desde todos los bandos. Sin candidato claro para los oficialistas como para la oposición, será interesante ver quién logre animar al electorado y transmitir positivamente un mensaje conciliador que proponga creativamente mejores épocas para el Ecuador.

La dispersión de agendas y la falta de coincidencia en objetivos mínimos impiden la articulación de un programa gobierno de largo aliento. No existe un solo candidato viable de la oposición que represente un cambio pro-positivo y no amenace con deshacer la constitución y la institucionalidad hasta ahora consolidada. Menos aún, se puede esperar la conformación de un frente de oposición unido, pues el tiempo no lo permite. Tanto en el caso argentino como en el venezolano, plataformas de esa naturaleza requirieron de tiempo, coordinación y que múltiples actores depongan ambiciones personales en pos de una meta común. A un año del siguiente proceso electoral, esa meta se ve cada día más improbable. 

Por Mateo Izquierdo

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