¿Quién te invitó, Guillermo Lasso?




Por Mateo Izquierdo

Desde hace pocas semanas se ha incrementado la bulla del comentario político en torno a la inminente convocatoria a una consulta popular. Como si se tratase de un partido de futbol callejero, ahora salen de sus tugurios algunos politiqueros vivarachos que sueñan con ser capitán del equipo. Lo que para algunos constituye una adhesión política sobre el llamado a consulta popular, para otros es la señal que evidencia una abrumadora dispersión de agendas. Casi a diario aparece un nuevo colectivo o coalición que se suma al pedido de consulta y cada uno lo hace con su pliego de demandas excesivas e irrealizables.

Solo esta semana asomó Diego Borja, exministro de Economía, ahora “líder” del incipiente movimiento Poder Ciudadano, a manifestar su respaldo. También apareció la coalición Unidos Contra la Impunidad que, supuestamente, agrupa a 16 organizaciones y movimientos. Este colectivo quiere consulta popular para que se apruebe la instalación de una Asamblea Constituyente. A la chanfaina también se monta con entusiasmo Unidad Popular (ex-MPD), organización que ya ha presentado ante la Corte Constitucional una lista de preguntas para que califique su constitucionalidad; tan diligentes ellos.

El club social de octogenarios de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNACE), junto al Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), además, han desarrollado su propia lista de preguntas que exigen incluir en la consulta. Los abuelitos y los sindicalistas se han adjudicado la representación de la ciudadanía sin que nadie les haya otorgado ese privilegio. También están la Mesa de Convergencia y la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, integrada por la Corporación Participación Ciudadana, Fundación Esquel, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Plataforma por la Salud, el Observatorio de Derechos y Justicia, la Federación Nacional de Periodistas, el Observatorio Electoral Ciudadano, Nosotras por la Democracia, la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, la Unión Nacional de Periodistas, Fundamedios, la Confederación de Comerciantes Minoristas, la Ecuarunari, la Unión Nacional de Educadores, Yasunidos, entre otras organizaciones de la sociedad (no tan) civil. Hasta la Cámara de Comercio de Guayaquil, sede alterna del partido CREO del banquero-candidato Guillermo Lasso, ha metido su pico sugiriendo temas de interés netamente particulares como la eliminación de la Ley de Plusvalía, del anticipo del Impuesto a la Renta y la supresión de otros impuestos.

En lo poco que coinciden las diversas iniciativas es en el gran abstracto de “descorreizar” las entidades de control, propuesta reduccionista, estomacal y cortoplacista que en la práctica no termina siendo más que una cacería de brujas y depuración arbitraria de autoridades que determine (quién sabe bajo qué parámetros) quiénes son fieles a Rafael Correa y al correísmo. La supuesta “metida de mano a la justicia” ahora se convierte en la muletilla más útil para justificar todo tipo de locuras que, casualmente, ignoran que toda reforma institucional se realizó en su momento con el beneplácito de la ciudadanía mediante, justamente, una consulta popular.

Por si esto no fuera suficientemente inquisitorio, muchos han llegado a proponer el cese de funciones de todas las autoridades designadas mediante procesos de mérito, oposición e impugnación realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana. En una generalización absurda y prejuiciada se ha definido que absolutamente todo lo actuado por esta entidad ha estado viciado de irregularidades y favoritismo. Por este motivo, las propuestas de preguntas terminan develando una intencionalidad revanchista y persecutoria, más que un deseo genuino por consultar a la ciudadanía sobre temas trascendentales para el desenvolvimiento nacional. En toda la vorágine “consultista” de las organizaciones políticas y de la sociedad civil no hay una sola mención sobre el fortalecimiento de la participación ciudadana.

El presidente Lenín Moreno anunció que está analizando cuatro temas para una posible consulta popular: mejorar el sistema político para tener más democracia; profundizar la participación ciudadana; lograr absoluta transparencia en la elección de autoridades de control; y fortalecer el equilibrio en las funciones del Estado. Estos ejes dejan entrever intencionalmente la posible orientación del contenido de lo que va a preguntarse. De eso podemos colegir que la consulta se enfocará hacia ciertas reformas institucionales y modificación de los procedimientos para la elección de autoridades de control. Al parecer se han percatado que el desmontaje institucional no conduce necesariamente a mayor gobernabilidad. Al fin de cuentas, la Consulta es una suerte de medición de fuerzas y referéndum sobre la gestión. Lo que se pregunte termina siendo intrascendente mientras que el objetivo de fondo sea el consolidar una Agenda Política propia con la estabilidad democrática que faltó en los últimos dos años de gestión de Correa.

Al analizar la radicalidad de las medidas que solicitan las organizaciones entusiastas, podemos suponer que más de un actor saldrá insatisfecho con el proceso consultivo por no desembocar efectivamente con Rafael Correa crucificado en el Panecillo con las letras RC pintadas en el pecho desnudo, como algunos quisieran.

La discusión de las supuestas bondades de la consulta popular y su respectiva atención mediática, ha opacado ciertos pormenores del ajedrez político. Los grupos de oposición han buscado protagonismo frente a la coyuntura pero en su desesperación han revelado su mayor problema: una fatal desarticulación que impide que un grupo sobresalga a otro. Y, peor aún, que surja un liderazgo claro que se apadrine del malestar de esos sectores. Un error garrafal que cometen estas organizaciones es asumir que sus demandas son las de la ciudadanía. Al autoproclamarse representantes del malestar ciudadano, asumen de forma muy arrogante que actúan en representación de la colectividad entera sin preguntarse siquiera si la ciudadanía quiere lo mismo que ellos. ¿Acaso no fue la continuidad del correísmo la que ganó las elecciones?

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se pronunció al respecto manifestando que sería un grave y peligroso desacierto politizar la consulta popular por tratarse de un tema que rebasa a los partidos políticos y a los líderes. Nebot envía su mensaje velado a todos los politiqueros golositos pero, sobre todo, va con dedicatoria a uno en particular: Guillermo Lasso. El mismo que hace 100 días desconocía los resultados electorales y armaba un berrinche indecoroso. El banquero-candidato ha visto con particular apetencia a la consulta popular como una oportunidad para recuperar relevancia política luego de su malogrado intento de promover una desestabilización institucional mediante una denuncia ficticia de fraude electoral en los comicios del 2 de abril. Al que en algún momento fuera la cara visible del anticorreísmo se le vuelve más y más difícil diferenciarse de la masa de denunciólogos pseudo-cívicos y surgir como líder redentor por decisión popular. Guillermo Lasso se fumó con su circo del fraude el poco capital político que habría acumulado en la campaña. No ayudó a Lasso el desaparecer del escenario público sin pena ni gloria durante casi tres meses porque, mientras a escondidas se lamía las heridas de su vergonzosa derrota, en su ausencia un sinfín de actores de segundo y tercer orden se apropiaron de su espacio. Mientras algunos celebramos la desaparición de Lasso en perpetua irrelevancia, su ausencia refleja una falencia de un sistema político que no resuelve su crisis de representación.


Si de algo ha servido el torbellino democrático de la consulta popular ha sido para anular a las voces más visibles de la oposición y convertirlas a todas en un conglomerado de actores que exigen, con alevosía pero sin propuestas concretas, soluciones a los problemas nacionales. En ningún momento se ha visto semejante necesidad del surgimiento de nuevas y jóvenes figuras políticas, pero tampoco jamás se ha visto tanta irrelevancia política de los que juran ser nuestros representantes.
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