Una justicia que no claudique ante el poder político




 Por María Augusta Espín


Ecuador se ha caracterizado por ser un país escéptico a la justicia. Su sistema no fue garantía de derechos, ni mucho menos de autonomía. Para ser una función del Estado, su quehacer ha estado ligado a los intereses partidistas y de gobierno. La selección de magistrados fue muchas veces un trueque de favores deslegitimando a la administración de la justicia.

Lamentablemente muchas veces claudicó ante el poder del dinero y la presión política dejando de lado el cumplimiento de los derechos humanos y la Constitución. Por ello, hoy la consulta popular que se pretende llevar a cabo es de fundamental importancia para evitar que la partidocracia recupere su poder en la justicia. La pugna entre la dispersa derecha estará en cómo elaborar la pregunta y posteriormente en cómo hacer las reformas que les permitan volver a cooptar este espacio de poder.  

Tener jueces que obedezcan sus designios es el objetivo de fondo. Un drama que ha pasado ya factura al país. Recordemos como durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara se establecieron Tribunales Especiales que dio paso a una serie de abusos y casos de corrupción. Estos sirvieron para perseguir a opositores y usar la justicia de forma parcializada.

Otro ejemplo claro fue el gobierno de León Febres Cordero con una fuerte injerencia política en el alto tribunal de justicia. Recordemos que en octubre de 1984, la mayoría legislativa conformada por la Izquierda Democrática y Democracia Popular se dedicó a renovar toda la Corte Suprema de Justicia colocando personajes muy cercanos a los mismos. Resultado de ello, el entonces presidente Febres-Cordero declaró inconstitucional las designaciones e impidió la posesión de estos. Durante dos meses el Ecuador tuvo dos Cortes.

Más tarde en 1993, el gobierno de Durán Ballén intentó poner un nuevo sistema de nominación de magistrados con el cual la asignación de cargos fue totalmente absorto por la partidocracia. Dos años después, el Presidente de la Corte fue llevado a juicio por no haber actuado bajo la ley en un millonario caso contra el IESS. El presidente de la Corte que lo reemplazó acusó al entonces Vicepresidente Alberto Dahik de manejo doloso de fondos reservados por un pacto con el Partido Social Cristiano de quien el gobierno recibía dinero por cada ley aprobaba en el Congreso. Pero salió indemne del juicio.

Pero las cosas sólo siguieron empeorando, ni la nueva Constitución de 1998 logró establecer cambios en la administración Judicial que den como resultado un sistema independiente. Con una mayoría de derecha, la Asamblea Constituyente de 1998 dejó por fuera varios temas como: reforma de los tribunales (Supremo Electoral y Constitucional), no hubo cambios significativos en la Función Judicial, se mantuvo la misma Corte y no se estableció la forma de elección a los magistrados de la Corte Suprema que para entonces mantenían una designación vitalicia.

Más tarde en las presidenciales del 2002 Lucio Gutiérrez llega al poder con apoyo del PSP, PK y el MPD. Pero su plan de ruta cambia en 2004 y esta vez aliado del PRE y el PRIAN decide enfrentar al PSC y su poderío en el Congreso y la Corte Suprema. Empeñado en una reorganización de la justicia, el 8 de diciembre del 2004, el Congreso cesó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombra a nuevos integrantes. El objetivo era despolitizar los cargos y quitar la injerencia de Febres Cordero sobre el organismo. Pero además se preveía que la nueva Corte retirara los cargos contra el ex presidente Abdalá Bucaram y así permitir su retorno al Ecuador.

Sin duda este repaso en la historia sólo evidencia una profunda crisis institucional en la que el nombramiento de jueces obedecía a un reparto de cuotas políticas. Las designaciones a dedo era el pan que alimentaba los intereses políticos partidarios.  

Transparencia e independencia no eran características de la Función Judicial. El Ecuador vivía una justicia totalmente politizada. Es por ello que con la Constitución de 2008 se intentó marcar una nueva hoja de ruta en los sistemas judicial y penitenciario del país. Se creó el Consejo de la Judicatura que más tarde pondría orden en todo el sistema judicial.

A partir de entonces se buscó una modernización y renovación del sistema judicial con mejores infraestructuras para la administración de defensores públicos, fiscales y jueces. Se incrementó el número de servidores judiciales generando así una tasa de 12,6 jueces por cada 100.000 habitantes, una tasa mayor al promedio regional. Con ello se logró  brindar una atención eficiente a la ciudadanía.

Pero además la reforma constitucional de Montecristi determina que los órganos de la Función Judicial deberán ejercer la administración de justicia como una medida de independencia de poderes y garantía del debido proceso.

El presidente Lenín Moreno que se ha embarcado en una lucha contra la corrupción ha mantenido una postura alejada de las entidades de control con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Contraloría actúen con independencia. Es más convocó a los jueces a actuar con libertad y sin presiones.

Hoy tenemos un sistema más trasparente sin intromisión política, con una designación de jueces por concurso de méritos obligados a rendir cuentas. La persecución política sin base legal ya no tiene cabida.

¿Qué implica independencia? Que un ciudadano tiene derecho a ser juzgado sin arbitrariedades garantizando el uso de la Ley y el respeto a sus derechos.

Los hechos en la historia hablan por sí solos. Durante años la derecha metió mano a la justicia para gobernar a su antojo y perseguir a ciudadanos o castigar políticamente a sus opositores. Pero las reformas legales y constitucionales han ido cambiando en el tiempo y hoy el sistema de justicia que aún es perfectible debe ver la forma de avanzar y no caer en un retroceso que perjudique al país.

Una posible consulta popular deberá considerar bien las preguntas que se realicen. No podemos volver al país del pasado donde la voluntad de los partidos prevalecía sobre el Poder Judicial.  La ley debe ser al final del día la que mande sobre los procesos.




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