El radicalismo ambiental en el Ecuador

Autor: Calvin
Las actividades recientes del colectivo Yasunidos se enmarcan dentro de una línea de pensamiento extremo sobre la conservación y preservación del ambiente que no considera la opción de un manejo sustentable de los recursos naturales. Grupos cómo este considera únicamente la relevancia de la naturaleza intacta sin dimensionar la importancia estratégica que esta pueda tener a nivel económico y social a mayor escala. Las últimas tendencias de la conservación promueven un manejo de los ecosistemas que permite hacer uso de los bienes y servicios ecosistémicos abandonando el conservacionismo puro sobre todo en países con una densidad poblacional alta como el Ecuador. Igualmente, este tipo de grupo sobredimensiona el impacto real y la amenaza a la naturaleza que representan las actividades extractivistas, llegando a niveles de radicalización y violencia innecesaria como ha sido el caso de Intag o Sarayacu. Sin embargo, el daño más grande que ha hecho esta organización se la ha hecho a sí misma al incursionar en el ámbito de la política y la movilización social con el intento de recaudar 700 mil firmas para una Consulta Popular referente a la explotación del Yasuní-ITT.

La propuesta original del Estado Ecuatoriano con respecto al Yasuní – ITT (entre 2007 al 2013) era resolver de manera creativa el problema de la amenaza de la extracción del crudo localizado en un sitio de alta vulnerabilidad como es el Parque Nacional Yasuní. Con esto se buscaba la conservación de la biodiversidad, la reducción de emisiones del CO2 y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. El Presidente Correa señaló, en su momento, que la primera opción para el país era mantener el crudo bajo suelo. Para este fin se buscaría estimular a la sociedad nacional e internacional para contribuir con el Estado Ecuatoriano en la aplicación de esta decisión nacional. Bajo la Iniciativa, el Estado ecuatoriano se comprometía a dejar bajo tierra, de forma indefinida, cerca de 856 millones de barriles de petróleo dentro de la reserva ecológica Yasuní, a fin de evitar la emisión a la atmosfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que se producirían por la quema de esos combustibles.

Se esperaba lograr obtener el 50% de los que obtendría de extraer el crudo. Esto implicaba que el Estado emitiera bonos por el crudo que permaneciera bajo tierra. Con el compromiso de no extraer nunca ese crudo y de proteger el parque Nacional Yasuní. Se estimaba que el Estado podría recibir alrededor de 350 millones de dólares durante 10 años, sin embargo se calculaba que al sexto año habría un decrecimiento constante de los ingresos. De esta forma, se buscaban alternativas que le produzcan al Estado el 50% de los recursos, y que pueda representar una renta en forma definida. Adicionalmente, estos montos debían ser destinados a actividades que permitan al país librarse de la dependencia a las exportaciones y consoliden la soberanía alimentaria. El Estado planteaba que estos recursos se destinen al manejo de 19 áreas protegidas, un programa de reforestación nacional y acciones relacionadas al cambio de la matriz energética. Uno de los argumentos principales a favor de mantener el crudo bajo tierra fue el tema del cambio climático que estaba en la agenda internacional debido a la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Era importante la conservación del Yasuní puesto que múltiples informes científicos comprobaban que el Parque Nacional concentraba la mayor cantidad de biodiversidad del planeta. La recaudación de fondos internacionales fue débil y en agosto de 2013, el gobierno puso fin a la iniciativa y dio inicio a la explotación de 1000 ha en la zona. Se estima que la explotación de este bloque generará alrededor de 600 millones de dólares anuales durante 30 años.

Si bien la intencionalidad del Colectivo Yasunidos para una Consulta Popular fue noble, las formas del activismo radical y los intereses mezquinos de sus voceros, causaron rechazo significativo en la ciudadanía, o en su defecto, ambivalencia. De tal forma que, los activistas que se encadenaban a los árboles no pudieron convencer a la ciudadanía que la pelea por el 1x1000 del Yasuní valía la pena. De hecho es una pelea perdida cuando se considera la importancia estratégica de estos bloques cuyos ingresos se podrían destinar al desarrollo de las comunidades más afectadas por la explotación de los recursos naturales. No olvidemos, son comunidades que por alrededor de 50 años (sino más) han sido víctimas de la negligencia tanto estatal como empresarial que ha descuidado la inclusión de este segmento de la población a un proceso de ciudadanización. En términos prácticos, la población amazónica ha estorbado y no se le ha considerado parte del país en firme. Es una realidad bochornosa, con décadas de retraso, que se ha empezado a remediar mediante distribuciones más equitativas de las regalías (Ley 010) o construcción de infraestructura y facilidades mediante el ECORAE y Ecuador Estratégico.

De permitir articular adecuadamente la política de desarrollo social, la ambiental y la estratégica el panorama sería otro para estas poblaciones. Sin embargo, organizaciones radicales como Acción Ecológica, Fundación Pachamama y el colectivo Yasunidos, lo ha impedido. Para sus fines activistas, Yasunidos cuenta con un contingente de apoyo internacional de ONG altamente cuestionada por sus prácticas Anarco-Ecológicas. Entre los grandes financistas del Colectivo se destacan Amazon Watch, Greenpeace, The Rainforest Foundation, OilWatch International. Estas ONG internacionales han apoyado a Acción Ecológica y a la Fundación Pachamama con asesoría legal y financiamiento de acciones de activismo. La asesoría legal también se ha brindado a organizaciones indígenas quienes han emprendido innumerables juicios contra el Estado Ecuatoriano por violaciones de derechos humanos, derechos colectivos, entre otros.

A pesar de que el Ecuador se ha convertido en líder latinoamericano sobre el cambio climático, organizaciones como las mencionadas han protestado cada paso del camino. Cuando el Estado ecuatoriano ha implementado medidas y políticas que se replican a nivel regional, los activistas en una representación autoproclamada de comunidades indígenas, han exacerbado la conflictividad socio-ambiental en vez de apaciguarla, no solo a escala nacional sino incluso internacional, intentando dejar en duda las acciones gubernamentales en pos del bien común. El Ecuador ha logrado reducir su tasa de deforestación y a pesar de que sea uno de tres países que haya implementado una Estrategia Nacional de Cambio Climático y programas cómo Socio Bosque; Socio Manglar; Socio Manejo, Socio Páramo, y otras medidas como la exoneración de impuestos por conservación, las organizaciones radicales obstaculizan el desarrollo pleno de estas medidas al boicotear el posible acercamiento entre el Estado y las comunidades que se beneficiarían más de estos programas. Y es que se oponen a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); se oponen a proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD); se oponen a los transgénicos, agrocombustibles, geoingeniería, mega-proyectos hidroeléctricos, centrales nucleares, fractura hidráulica, agricultura climáticamente inteligente, entre varias otras. Pues parece que únicamente se oponen.

Y como se ha vuelto costumbre, nuevamente se oponen a algo, en esta ocasión se oponen a la vigésima Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) y la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP10). La Conferencia se llevará a cabo del 1 al 12 de diciembre del 2014 en Lima, Perú. Son 195 países los que han firmado el Convenio Marco, y el Ecuador es uno de varios a la vanguardia sobre cambio climático en Latinoamérica. En este sentido, el Estado Ecuatoriano estará representado por la Ministra de Ambiente. A su vez, la sociedad civil y las indefensas comunidades indígenas ecuatorianas estarán representadas por…Yasunidos. De forma paralela a la COP20 se realizará la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en la misma ciudad de Lima, Perú. En una sala de conferencias distinta, se encontrarán los dirigentes, conferencistas, indigenistas y pachamamistas de todo corte para exigir que las medidas que se adopten en la COP20 se descarten.

La intención de torpedear la participación del Ecuador en la COP20 es una de un sinnúmero de acciones que han realizado los ambientalistas radicales en su perpetua lucha contra el Estado. Su accionar bordea en la sedición cuando en ningún otro momento en la historia ecuatoriana ha habido los avances en términos de política pública ambiental. El protagonismo de los ambientalistas radicales en las esferas de la sociedad civil internacional ha sido importante y ha traído atención a una problemática profunda, la esquizofrénica dicotomía entre ser un país primario exportador y ser un país post-petrolero. Esta dinámica es de contraposición y de contradicción puesto que si de la lucha contra la pobreza hablamos, el fin lamentablemente justifica los medios. Sin embargo, para los ambientalistas radicales, el fin es la utopía del Jardín del Edén. No existe.

La resistencia al progreso no debe contaminar la voluntad de los pueblos por superar sus condiciones, no puede ser el obstáculo que mantenga empobrecidas a comunidades que de otra manera podrían ya lograr suplir sus necesidades más básicas, incluyendo la garantía de los derechos humanos. El sabor de la política ha envenenado a las cabezas de Acción Ecológica/Yasunidos. A pesar de decir que su organización no participa de actividades políticas, todo su accionar es político y con la doble intención de elevar el perfil de Alberto Acosta y Esperanza Martínez a una palestra verde internacional. La perpetua victimización a la que se someten estos actores políticos es deplorable y no promulga el supuesto “Buen Vivir” sino la confrontación ilógica entre la ciudadanía y la conservación. Pues me atrevo a pensar que la población ecuatoriana estaría más presta a acudir al llamado de la conservación del medio ambiente sino fuera por la constante martirización de estos personajes y su acoso a los que no compartan con su visión extrema de la naturaleza intacta. Es lamentable que los cambios y la evolución que ha tenido el país en materia de conservación se vean manchados por intereses propios. Los activistas radicales que van a la Cumbre de los Pueblos, no me representan, no representan al Ecuador y difícilmente representan a las comunidades indígenas que terminan siendo objeto de su salvación. Me pregunto: ¿Y quién salvará a las comunidades indígenas de los activistas?

Por Mateo Izquierdo
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3 comentarios

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Anónimo
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2 de diciembre de 2014, 12:40 delete

Es grave cuando ciertos grupos se proponen paralizar el progreso, cuando deberian apoyarlo y simplemente dar sugerencias para mejorarlo. Ecuador es un ejemplo para mitigar danios ambientales, es un ejemplo en utilizar energia alternativa y mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, entonces como podemos estar representados por grupos que pretenden figurar, mas no ayudar??

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Anónimo
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2 de diciembre de 2014, 13:01 delete

Tipico, ni saben que significa medioambiente y se hacen los que luchan si esos grupos son los pincipales en dar efectos negativos contra la naturaleza y hacer danio al entorno animal y vegetal... y ahora quieren interrumpoir el progreso!

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Anónimo
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2 de diciembre de 2014, 17:06 delete

Dise el dicho perro que ladra no muerde asi esque Sr. presidente siga adelante com su monumental obra que los que lo apoyamos somos muchisimos mas

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