Durante años
varios estudios de la comunicación han señalado que la concentración de la
propiedad de medios afecta la libertad de expresión y aun así, esta es solo una
arista de las regulaciones que fueron necesarias en la norma comunicacional.
Al cumplirse
tres años de la aprobación de la Ley de Comunicación en el Ecuador, la memoria
histórica de la comunicación en el país y en la región nos revela que en
décadas pasadas se impuso, ahí sí, una norma legal mordaza.
En la América
Latina de los últimos años la consolidación de leyes comunicacionales han sido
claves en la construcción de los diferentes órdenes sociales en la región, ya
sea para democratizar la comunicación, para adoctrinar a la población o para homologar
el contenido informativo sustentado sobre un único pilar que constituía un
sistema mediático estructuralmente privado y por tanto comercial.
En 2009 el
Ecuador empezó a discutir temas como el monopolio mediático con el fin de
promulgar una Ley de Comunicación, pero pasaron cuatro años para que este
cuerpo legal sea aprobado. Fue un tiempo considerable en el cual el debate se
intensificó con los aportes de voces nacionales, pero también enfrentando el
desprestigio internacional provocado por pseudoperiodistas ecuatorianos que
denunciaban una supuesta censura, cuando lo que hacían en realidad era defender
los intereses de un grupo de poder que nunca supo ser consecuente con las
necesidades éticas y profesionales de sus trabajadores.
En los años
cuarenta y cincuenta, con la llegada de la televisión a América Latina, los
gobiernos quisieron promover políticas que permitieran entender la comunicación
como un servicio. No obstante, el Estado no fue capaz de desarrollar mecanismos
que permitieran regular al sector debido entre varios factores, a la
inestabilidad política y económica de la época. A finales de los sesenta el
modelo desarrollista dio paso a un proceso de modernización económica y de renovación
cultural bajo la cooperación norteamericana, teniendo así una gran inversión en
equipos de comunicación y programas de investigación periodística.
En aquella
época la relación entre los medios y el gobierno de Galo Plaza Lasso fue
cordial y permisiva. A Plaza se lo acusó incluso de dar demasiada libertad a
los medios. Sin embargo, los gobiernos posteriores, como el tercer periodo velasquista
(1952-1956) se caracterizaron por generar un clima hostil a la prensa, llegando
a cerrar medios como el diario ‘La Nación’ de Guayaquil y apresando al
representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el Ecuador,
Jorge Mantilla, por haber iniciado un paro nacional de los medios de
información.
Académicos
como Mastrini y Becerra aseguran que en los sesentas la comunicación se definía
en dos dimensiones de concentración: geográfica y económica. La primera hace
alusión al acceso restringido de las estaciones de radio y televisión en varias
zonas geográficas lo cual, para los autores, reduce la visión que las élites
capitalinas tienen respecto de la diversidad cultural de los países. Por otro
lado, la segunda forma de concentración hace referencia a las relaciones entre
el poder político, económico y los propietarios de las empresas de comunicación.
Con los medios en manos de los grupos hegemónicos se dificultó la aparición y
difusión de las voces discordantes a la estructura social de la época. No
obstante este escenario marcó por muchos años en la región una tendencia
negativa para el desarrollo del sistema mediático. Un panorama marcado por el
predominio de la industria privada, un desarrollo irrisorio de la comunicación
pública y una baja profesionalización del periodismo muy ligado al clientelismo
político.
La entrada en
la región de cadenas televisivas norteamericanas como la CBS, NBC y ABC y la
poca capacidad de la burguesía latinoamericana para invertir en el desarrollo de
contenidos, trajeron consigo una línea comunicacional en la que regía la visión
extranjera sobre la nacional. Esta situación se profundizó con la proliferación
de las dictaduras militares en la región, que forjaron la doctrina de la
seguridad nacional mediante la cual controlaron severamente a los medios de
comunicación con persecución, arrestos, asesinatos, clausuras, etc.
Durante los
años setentas las Naciones Unidas intentaron definir el ‘derecho a la
comunicación’ como parte integral y complementaria a los conceptos de libertad
y libre circulación de la información, con la elaboración del informe de la
Comisión MacBride que buscó regular la concentración económica y financiera en
un modelo vertical y así promover un modelo horizontal y participativo. Lamentablemente
los nuevos conceptos basados en novedosas políticas de comunicación emergen
coincidentemente a un periodo de creciente inestabilidad política que abortó
cualquier intento de cambiar el estado de las cosas.
Aun así en el
Ecuador se aprobó la Ley de Radiodifusión y Televisión bajo Decreto Supremo el
18 de abril de 1975. Una ley explícitamente redactada para controlar y regular a
los medios de comunicación pero con algunas características claras que dieron
pie al panorama mediático actual. La
norma contemplaba vacíos legales que sirvieron para concesionar frecuencias a
cambio de favores políticos y para dar paso a la concentración de medios de
comunicación en pocas manos. Se trató de una ley poco participativa, con tintes
nacionalistas y autoritarios sobre lo que atentaba o no contra la seguridad
nacional y por ello contemplaba que toda la comunicación estuviera centralizada
en el Estado.
En esa medida,
durante las décadas de los 80 y 90, las recomendaciones del informe MacBride no
dieron frutos. Es así que en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988)
hubo persecución política a varios comunicadores y directivos de medios como
Vicente Adum Antón, gerente del vespertino ‘Segundo Meridiano’, quien fue
brutalmente agredido. Eduardo Castillo Barredo periodista guayaquileño, crítico
del régimen, fue ‘inhabilitado’ durante 12 horas (El Telégrafo, 1985, 20–21 de
noviembre). En la provincia de Los Ríos
el diario ‘Tribuna’ de Quevedo sufrió ataques a sus instalaciones. Mientras
tanto las radios del país eran suspendidas una a una: Atalaya, Huancavilca,
Democracia, Victoria, Dinámica, Tarqui, Cristal, Bolívar, El Sol, Éxito,
Sideral, Tropicana y CRE. Estas dos últimas también sufrieron atentados en sus
instalaciones, al igual que varias redes de televisión. El Canal 5 ORTEL, que
obtuvo la concesión de frecuencia otorgada por el expresidente Osvaldo Hurtado
al finalizar su periodo, fue clausurado por el gobernador del Guayas, Jaime
Nebot Saadi. Esto tras una conversación que mantuvieron Nebot y un funcionario
en Quito en la que se arguyó el concepto de la “seguridad del Estado” (Carrión,
Andrés, 1987:17-41). Curiosamente, a partir del 10 de agosto de 1984, varios
programas de opinión que eran conducidos por periodistas de aceptación popular
desaparecieron.
En el Ecuador
los medios se desarrollaron de la mano de los grupos económicos familiares que fueron
surgiendo paralelamente a los grupos bancarios. Todos ellos han sido parte de
la élite que ha manejado al país. Sin embargo en los años noventa la industria
de la información tomó un giro inspirado en un modelo neoliberal amparado en el
marco del denominado Consenso de Washington. Latinoamérica se encaminó hacia la
apertura de los mercados, lo cual permitió el crecimiento de los grupos
mediáticos y su expansión a otras áreas propias de la comunicación y fuera de
ella.
Con esa
escuela, los medios ecuatorianos han estado acostumbrados a una concepción
tecno-mercantilista de las telecomunicaciones, con una anulación de los
derechos de las audiencias y una ausencia absoluta de regulación de contenidos.
Es este
recorrido histórico el que lleva al país a buscar una consolidación más democrática
de la estructura comunicacional que permanecía ligada a las nociones
dictatoriales de la antigua Ley de Comunicación, y que invisibilizaba los
problemas estructurales de un sistema cuyo único objetivo era el de defender a
los grandes grupos comunicacionales en detrimento de la comunicación misma.
María Augusta
Espín
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