¿La hipótesis lo es todo?

Cuenta la historia que hace 31 años varias zonas boscosas y desoladas de Colinas de los Ceibos y del tramo comprendido entre el kilómetro 8 al 24 de la vía a Daule en Guayaquil, se convirtieron en un escenario macabro. En ese entonces y en esos sitios, cada semana, aparecían osamentas y cadáveres en descomposición de mujeres que habían sido violadas. Ante esa profusión de muerte, la sociedad no podía hacer otra cosa que mirar conmocionada e impotente cómo la situación se le escapaba de las manos a un Estado enredado en conjeturas y en su propia incapacidad.

Varias hipótesis se lanzaban sobre el caso y las notas de prensa de aquel 1985 referían que dada la gran cantidad de cadáveres de mujeres violadas, muchas de entre 18 y 22 años, todo parecía indicar que era una banda criminal organizada la que estaba detrás de los sádicos asesinatos.

Pero nadie hizo nada. La Policía estaba muy ocupada en “acabar con la amenaza del terrorismo” mientras paulatina y dolorosamente se incrementaba el número de mujeres violadas y asesinadas, cuyos cadáveres ya no aparecían solamente en Guayaquil sino también en Quito, Ambato, Machala, Nobol, Quevedo y Ventanas. Aquella aberración sin control duró 14 meses y le costó la vida a 71 mujeres, algunas de ellas niñas, sin que el Estado, que había armado a la Policía y a sus escuadrones volantes hasta los dientes, fuera capaz de investigar lo que estaba pasando. Y esos 14 meses hubieran sido mucho más, de no mediar la casualidad de que el 26 de febrero de 1986 un grupo de policías que patrullaban en Quito abordaron a un hombre de aspecto harapiento que llevaba consigo una maleta y que dijo llamarse Manuel Solís Bulgarín.

Los policías hurgaron el contenido de la maleta y encontraron que en ella había decenas de prendas íntimas femeninas manchadas con sangre. Recién ahí comenzaron a atarse cabos y a establecer conexiones entre el sujeto y los asesinatos en serie que habían conmovido al país. Fue entonces que se descubrió que su verdadero nombre era Daniel Camargo Barbosa, que él solo había cometido los crímenes y que nunca usó la fuerza para convencer a sus víctimas a  acompañarlo sino que apelaba a un sentimiento de lástima para persuadirlas de hacerlo y entonces violarlas y asesinarlas.

La justica condenó a aquel miserable a 16 años de prisión (solo 16 años por la autoría de 71 asesinatos) y, para colmo, se le redujo aquella pena a 14 años, conmutándole los dos restantes por buena conducta. La historia también dice que Camargo nunca logró salir en libertad pues faltando menos de seis meses para cumplir su pena fue asesinado por otro recluso en la celda 14 del pabellón B del penal García Moreno, el 13 de noviembre de 1994.

Así se manejaban las cosas en el pasado y así se mantenía en la indefensión a la sociedad entera, tanto desde lo policial como desde lo judicial. Pero, y más allá de eso, ¿a qué viene el relato de toda esta historia? Pues simplemente a recordar que las hipótesis son simplemente una parte de todo un proceso de investigación y que, dentro de ese proceso, es muy posible que las conjeturas iniciales se queden solamente en eso, en conjeturas.

Mucho se ha especulado acerca del nefasto y deplorable caso de las jóvenes argentinas María José Coni y Marina Menegazzo asesinadas en la localidad costera de Montañita. Se ha cuestionado la rápida reacción policial, la ágil recolección de pistas y pruebas, y la contraposición entre los primeros indicios obtenidos por las autoridades ecuatorianas frente a las hipótesis expresadas por los familiares de las jóvenes victimadas.

En medio de todo este escenario, varios políticos y medios de prensa se han encargado de posicionar esas divergencias como una señal inequívoca de que el Estado ecuatoriano es incapaz de resolver un caso así y que la idoneidad de la investigación que realiza al respecto es dudosa y no confiable. Esos actores que criticaron a un ministro por haber “sentenciado” a priori en este caso, hicieron exactamente lo mismo que critican: sentenciaron que el Ecuador no es capaz de investigar el crimen y que los resultados de la investigación ecuatoriana no pueden ser aceptados pues sobre ellos existe el estigma de que están amañados.

Basta un poco de sentido común para darse cuenta de la cantidad de presión que se coloca sobre los investigadores, en medio de este escenario hostil al que se los está exponiendo. ¿Cómo esperar que hagan su trabajo de manera adecuada si ya se está desautorizando el resultado de las pericias, aún antes de que estas terminen?

Ahora, ¿qué es lo que motiva a ciertos actores políticos, a determinados medios de comunicación a otras muchas otras voces en redes sociales a “colgar” anticipadamente a los investigadores y peritos encargados del tema? La respuesta es simple: la inconformidad de los familiares de las chicas respecto a la versión de que ellas se fueron con sus dos presuntos asesinos hasta la vivienda en que las mataron.

Sin embargo, ¿qué es lo que no cuadra, a decir de los familiares, en la sucesión de los hechos? Ellos han dicho que las chicas eran tan buenas, tan sanas y tan inteligentes que jamás habrían aceptado irse con sus asesinos y que habrían huido de inmediato ante esa posibilidad, con solo ver los feos rostros de los dos implicados. Pero, ¿el hecho de que hayan accedido a marcharse con ellos las hacía menos buenas, menos sanas o menos inteligentes? De ninguna manera; absolutamente no. Aún es incierto el por qué las chicas estaban con sus asesinos y sé que las comparaciones son odiosas pero en el caso Camargo (quien no era para nada agraciado), 71 mujeres aceptaron acompañarlo hasta el sitio en que encontraban la muerte, convencidas por un criminal que con sus palabras era capaz de despertar en ellas un sentimiento de lástima y eso tampoco las hacía menos buenas, menos sanas o menos inteligentes.

No obstante, la noción de que es inaceptable barajar la hipótesis de que se hayan marchado con sus asesinos es la que lleva a los familiares a pensar que tras este caso está una red de trata de personas y que, incluso, las dos chicas estarían aún con vida.

Es completamente comprensible que en una circunstancia tan dolorosa como esta, los familiares expresen dudas acerca de cómo se maneja la investigación. Es más, están en su pleno derecho de dudar y de pedir mayores detalles acerca de cómo se han realizado las indagaciones y por ello se ha aceptado, incluso, la presencia de peritos argentinos para conocer el caso in situ. Pero de eso a pretender que el trabajo de las autoridades ecuatorianas deba tener como único fin el confirmar a toda costa la versión de los familiares y que únicamente bajo esa condición pueda considerarse a la investigación como valedera y aceptable, es simplemente un desatino.

Pero hay algo más: pocos días después del deplorable asesinato de las chicas, otro caso alarmó a la opinión pública. Dos niños fueron degollados en la localidad de Muey, provincia de Santa Elena. Los pequeños pertenecían a una familia de origen humilde y el cruel asesinato recibió un tratamiento diferente. Ya nadie cuestiona el devenir de las investigaciones ni se ha desautorizado la actuación de las autoridades y la noticia, pese al impacto mediático inicial, ya no es objeto de seguimiento ni ha vuelto a ocupar las primeras planas de los diarios y noticieros. ¿Por qué en un caso sí se propendió a una movilización de voces y en el otro no? ¿Cuál es la interpretación que algunos actores hacen de las situaciones? ¿Acaso la vida de unas personas son más valiosas que las de otras? ¿Qué es lo que verdaderamente mueve a la prensa y a ciertos ‘líderes’ de opinión?

Aquello es materia de otro análisis, pero creo que ya es hora de que la colectividad se detenga a pensar que ante estas realidades, tan importante como estar pendiente de la actuación de las autoridades y entidades del Estado, es estar pendiente del comportamiento y las actuaciones de ciertos estamentos de la sociedad para, ahí sí, plantear la hipótesis de ¿por qué lo hacen y con qué intenciones?

Por: Sergio Freire

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