Entender el conflicto de Siria es
entender en su amplio espectro lo que la movilidad humana significa, no sólo
desde su categoría de derecho humano sino desde su dimensión social, económica,
histórica y geopolítica. Es así que la podemos entender como una posibilidad o
como una efectividad. En el primer caso, la posibilidad de moverse y de
realizar un cambio de ubicación, y en el segundo el hecho mismo de efectuar tal
desplazamiento.
El ser humano, en su esencia
biológica está dotado de una serie de rasgos naturales, sobre todo de dos
instrumentos: sus pies y su inteligencia. Su uso es un ejercicio de esa
capacidad natural que tenemos de pensar, imaginar, diseñar y valernos de las
leyes de la naturaleza para hacerlas funcionar en nuestro provecho (Plaza,
2015).
Podemos afirmar a priori (y ya
que no es el fin de este escrito), que el desplazarse es una actividad valiosa
y que hay un valor incorporado a esa faceta esencial de nuestra vida. Por
tanto, privar a alguien de la posibilidad de moverse es coartar su libertad. Esto
implica la no realización de una capacidad que es valiosa, no solo en su
posibilidad o aptitud sino específicamente en su ejercicio efectivo.
La guerra civil en Siria ha
forzado a un gran número de sirios a desplazarse de sus hogares y comunidades.
Hay una gran diversidad de cifras en cuanto a personas afectadas por dicho
conflicto, sin embargo, la ONU estimaba que para finales de 2014 cerca 7,5
millones de personas se encontraban desplazadas dentro de Siria y más de 2,9
millones estaban en el exilio como refugiadas. Más allá de las fronteras de
Siria, en su mayoría acogidas por los países vecinos. De hecho, la mitad de la
población de Siria se encuentra desarraigada, empobrecida y muchos están
atrapados en áreas de difícil acceso, seguramente estas cifras son
subestimaciones. Además no nos olvidemos de la impunidad que reina en Siria. Si
alguna vez un conflicto armado se ha caracterizado por su ausencia de
proporcionalidad y distinción, la guerra civil en Siria debería serlo. Todos
los bandos son culpables y todos causan estragos.
La guerra civil en Siria comenzó
tras las revueltas conocidas como Primavera Árabe a comienzos de 2011. A
diferencia de algunos países árabes donde las protestas llevaron a una
democratización y a un cambio de dirigentes, en Siria el poder establecido del
régimen de El Assad resistió, provocando una guerra civil. En un primer
momento, esa guerra enfrentaba al gobierno contra los rebeldes, una fuerza
heterogénea. Después el panorama se ha hecho más complejo, con diversos
contendientes. Aunque la comunidad internacional se movilizó para detener la
guerra civil en Siria entre 2012 y 2015, no se realizó una presión suficiente,
y la guerra ha continuado con consecuencias muy negativas: división del país,
desplazamiento de la población civil, millones de refugiados, violencia extrema
y violaciones de derechos humanos.
En cuanto a la cuestión de los
refugiados, la guerra civil en Siria ha provocado un enorme flujo hacia los
países vecinos en primer lugar y después hacia Europa. Los refugiados de la
guerra civil en Siria están sobre todo en Turquía, Líbano y Jordania: dos
millones en Turquía, un millón en Líbano, y un millón en Jordania y viven en
condiciones difíciles. En la actualidad, la Unión Europea se ha convertido en
el mayor destino mundial de los refugiados (por delante de Estados Unidos o
cualquier otro) en los últimos años. Esto se debe a la cercanía de los
conflictos y al hecho de que algunos
países europeos, como Alemania, Francia, Suecia o Reino Unido conceden el
estatuto de asilo a numerosos refugiados. Según ACNUR, para fines de marzo se
estimaba la movilización de cerca de cinco millones de refugiados.
Si a esto ampliamos el análisis a
un panorama general, la vulnerabilidad se vuelve crónica, profunda y arraigada
en la zona. Por ejemplo, la atención humanitaria se centra en los refugiados
sirios como amerita, pero la situación de los refugiados palestinos e iraquíes
desplazados por segunda vez desde Siria se convierte en extremadamente seria.
Los costos e impactos del desplazamiento en sus medios de vida son graves y la marginación
del programa de respuesta integral es especialmente preocupante, afectando al
desarrollo de esas personas y al estancamiento de la economía.
En ese sentido, a nivel
económico, los países que quieran acoger a los refugiados deben considerar dos
niveles de análisis respecto a países que ya han abierto sus puertas a la
migración: el micro y el macro. En el primer caso, los niveles de alquiler de
viviendas están aumentando vertiginosamente, dejando a la población local fuera
del mercado. Se han generalizado los aumentos sustanciales en el desempleo, las
tasas de salarios bajas y escasas oportunidades de empleo, principalmente para
los trabajadores poco cualificados, obligándolos a trabajar de manera ilegal y generando distorsiones en el mercado laboral;
así como el aumento de los precios de mercado de los productos básicos, la
nueva presión fiscal con impacto en el rendimiento y en la producción
económica. A nivel macro el escenario tampoco es alentador, grandes pérdidas en
términos de rendimiento económico, ingresos públicos e impuestos, recortes en
el crecimiento, aumento del desempleo y ampliación de los déficits nacionales.
Por ejemplo, el Banco Mundial estimó que el impacto de la crisis redujo la tasa
de crecimiento económico de Líbano (PIB) en un 2,9% anual a partir de una tasa
de crecimiento prevista del 4,4% en 2012-2014, mientras se previó que la
inversión extranjera directa disminuirá a más de la mitad en comparación con
años anteriores. De mantenerse esta tendencia, podría tener un alcance mundial
en materia de comercio internacional por las variaciones en las dinámicas de
importación y exportación y de los precios de las materias primas para los
consumidores.
Ahora bien, no todo son malas
noticias. El desafío para los actores humanitarios y de desarrollo para
estabilizar la precaria situación económica, forjar una transición de la
asistencia al desarrollo, promover estrategias de desarrollo económico; y al
mismo tiempo, garantizar y mejorar un entorno de protección para los refugiados;
parece estar tomando forma (CESR, 2015).
Moverse hacia el desarrollo
supone invertir en la mejora de las infraestructuras sanitarias, de provisión
de agua y de electricidad, así como lanzar proyectos (tal vez con la
implicación mixta de los sectores público y privado) que puedan generar empleo
y paliar la pobreza. Dicha inversión estará orientada a todas las comunidades
vulnerables, en especial a las zonas con menos servicios. Esto irá acompañado
por la difusión de la idea de permitir a las comunidades locales expresar sus
quejas y publicitar los esfuerzos que el Estado y la comunidad de ayuda están
realizando a la hora de abordar sus necesidades y las de los refugiados. El
aumento de la aportación local, la transparencia y la divulgación en los medios
de comunicación resultan claves para lograr los objetivos trazados.
Para ello será necesaria una
cooperación más estrecha entre organismos multilaterales y regionales con una
agenda transversal basada en el derecho humano en general, y específicamente en
la movilidad humana.
Si consideramos válida la
argumentación de las líneas precedentes, vemos que esos impedimentos son contrarios
a reglas de derecho y resultan antijurídicos. Notemos, sin embargo, que eso es
así solo cuando tales impedimentos van más allá de restricciones circunscritas
que pueden tomarse por razones válidas de orden público como salubridad,
abastecimiento de poblaciones o para atajar situaciones excepcionales de
cualquier otra índole como poner coto a abusos en el ejercicio del derecho
individual y colectivo a la movilidad humana.
La propuesta es pasar a
considerar la movilidad como un valor. Aquí ya no nos basta acudir al principio
lógico-jurídico de no-vulneración, sino que vamos más lejos: atenta contra el
valor de la movilidad humana, contra la materialización de ese valor en los
hechos colectivos de la sociedad humana, mientras implique dificultar la
realización de hechos migratorios, lo que puede hacerse desfavoreciéndola,
desalentándola, creando un clima que la haga in-atractiva, denigrándola o
presentándola como un fenómeno socialmente negativo.
Para concluir, y con el ánimo de
generar debate en la sociedad ecuatoriana ¿estamos dispuestos a asumir la
movilidad humana como un derecho para los migrantes de Colombia y Cuba? ¿La ley
de Movilidad Humana presentada en la Asamblea cumple con las expectativas de lo
que demanda el contexto internacional?
Carlos Andrade
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