Entender el conflicto de Siria es entender en su amplio espectro lo que la movilidad humana significa, no sólo desde su categoría de derecho humano sino desde su dimensión social, económica, histórica y geopolítica. Es así que la podemos entender como una posibilidad o como una efectividad. En el primer caso, la posibilidad de moverse y de realizar un cambio de ubicación, y en el segundo el hecho mismo de efectuar tal desplazamiento.

El ser humano, en su esencia biológica está dotado de una serie de rasgos naturales, sobre todo de dos instrumentos: sus pies y su inteligencia. Su uso es un ejercicio de esa capacidad natural que tenemos de pensar, imaginar, diseñar y valernos de las leyes de la naturaleza para hacerlas funcionar en nuestro provecho (Plaza, 2015).

Podemos afirmar a priori (y ya que no es el fin de este escrito), que el desplazarse es una actividad valiosa y que hay un valor incorporado a esa faceta esencial de nuestra vida. Por tanto, privar a alguien de la posibilidad de moverse es coartar su libertad. Esto implica la no realización de una capacidad que es valiosa, no solo en su posibilidad o aptitud sino específicamente en su ejercicio efectivo.

La guerra civil en Siria ha forzado a un gran número de sirios a desplazarse de sus hogares y comunidades. Hay una gran diversidad de cifras en cuanto a personas afectadas por dicho conflicto, sin embargo, la ONU estimaba que para finales de 2014 cerca 7,5 millones de personas se encontraban desplazadas dentro de Siria y más de 2,9 millones estaban en el exilio como refugiadas. Más allá de las fronteras de Siria, en su mayoría acogidas por los países vecinos. De hecho, la mitad de la población de Siria se encuentra desarraigada, empobrecida y muchos están atrapados en áreas de difícil acceso, seguramente estas cifras son subestimaciones. Además no nos olvidemos de la impunidad que reina en Siria. Si alguna vez un conflicto armado se ha caracterizado por su ausencia de proporcionalidad y distinción, la guerra civil en Siria debería serlo. Todos los bandos son culpables y todos causan estragos.

La guerra civil en Siria comenzó tras las revueltas conocidas como Primavera Árabe a comienzos de 2011. A diferencia de algunos países árabes donde las protestas llevaron a una democratización y a un cambio de dirigentes, en Siria el poder establecido del régimen de El Assad resistió, provocando una guerra civil. En un primer momento, esa guerra enfrentaba al gobierno contra los rebeldes, una fuerza heterogénea. Después el panorama se ha hecho más complejo, con diversos contendientes. Aunque la comunidad internacional se movilizó para detener la guerra civil en Siria entre 2012 y 2015, no se realizó una presión suficiente, y la guerra ha continuado con consecuencias muy negativas: división del país, desplazamiento de la población civil, millones de refugiados, violencia extrema y violaciones de derechos humanos.

En cuanto a la cuestión de los refugiados, la guerra civil en Siria ha provocado un enorme flujo hacia los países vecinos en primer lugar y después hacia Europa. Los refugiados de la guerra civil en Siria están sobre todo en Turquía, Líbano y Jordania: dos millones en Turquía, un millón en Líbano, y un millón en Jordania y viven en condiciones difíciles. En la actualidad, la Unión Europea se ha convertido en el mayor destino mundial de los refugiados (por delante de Estados Unidos o cualquier otro) en los últimos años. Esto se debe a la cercanía de los conflictos  y al hecho de que algunos países europeos, como Alemania, Francia, Suecia o Reino Unido conceden el estatuto de asilo a numerosos refugiados. Según ACNUR, para fines de marzo se estimaba la movilización de cerca de cinco millones de refugiados.

Si a esto ampliamos el análisis a un panorama general, la vulnerabilidad se vuelve crónica, profunda y arraigada en la zona. Por ejemplo, la atención humanitaria se centra en los refugiados sirios como amerita, pero la situación de los refugiados palestinos e iraquíes desplazados por segunda vez desde Siria se convierte en extremadamente seria. Los costos e impactos del desplazamiento en sus medios de vida son graves y la marginación del programa de respuesta integral es especialmente preocupante, afectando al desarrollo de esas personas y al estancamiento de la economía.

En ese sentido, a nivel económico, los países que quieran acoger a los refugiados deben considerar dos niveles de análisis respecto a países que ya han abierto sus puertas a la migración: el micro y el macro. En el primer caso, los niveles de alquiler de viviendas están aumentando vertiginosamente, dejando a la población local fuera del mercado. Se han generalizado los aumentos sustanciales en el desempleo, las tasas de salarios bajas y escasas oportunidades de empleo, principalmente para los trabajadores poco cualificados, obligándolos a trabajar de manera ilegal y  generando distorsiones en el mercado laboral; así como el aumento de los precios de mercado de los productos básicos, la nueva presión fiscal con impacto en el rendimiento y en la producción económica. A nivel macro el escenario tampoco es alentador, grandes pérdidas en términos de rendimiento económico, ingresos públicos e impuestos, recortes en el crecimiento, aumento del desempleo y ampliación de los déficits nacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial estimó que el impacto de la crisis redujo la tasa de crecimiento económico de Líbano (PIB) en un 2,9% anual a partir de una tasa de crecimiento prevista del 4,4% en 2012-2014, mientras se previó que la inversión extranjera directa disminuirá a más de la mitad en comparación con años anteriores. De mantenerse esta tendencia, podría tener un alcance mundial en materia de comercio internacional por las variaciones en las dinámicas de importación y exportación y de los precios de las materias primas para los consumidores.

Ahora bien, no todo son malas noticias. El desafío para los actores humanitarios y de desarrollo para estabilizar la precaria situación económica, forjar una transición de la asistencia al desarrollo, promover estrategias de desarrollo económico; y al mismo tiempo, garantizar y mejorar un entorno de protección para los refugiados; parece estar tomando forma (CESR, 2015).

Moverse hacia el desarrollo supone invertir en la mejora de las infraestructuras sanitarias, de provisión de agua y de electricidad, así como lanzar proyectos (tal vez con la implicación mixta de los sectores público y privado) que puedan generar empleo y paliar la pobreza. Dicha inversión estará orientada a todas las comunidades vulnerables, en especial a las zonas con menos servicios. Esto irá acompañado por la difusión de la idea de permitir a las comunidades locales expresar sus quejas y publicitar los esfuerzos que el Estado y la comunidad de ayuda están realizando a la hora de abordar sus necesidades y las de los refugiados. El aumento de la aportación local, la transparencia y la divulgación en los medios de comunicación resultan claves para lograr los objetivos trazados.

Para ello será necesaria una cooperación más estrecha entre organismos multilaterales y regionales con una agenda transversal basada en el derecho humano en general, y específicamente en la movilidad humana.

Si consideramos válida la argumentación de las líneas precedentes, vemos que esos impedimentos son contrarios a reglas de derecho y resultan antijurídicos. Notemos, sin embargo, que eso es así solo cuando tales impedimentos van más allá de restricciones circunscritas que pueden tomarse por razones válidas de orden público como salubridad, abastecimiento de poblaciones o para atajar situaciones excepcionales de cualquier otra índole como poner coto a abusos en el ejercicio del derecho individual y colectivo a la movilidad humana.

La propuesta es pasar a considerar la movilidad como un valor. Aquí ya no nos basta acudir al principio lógico-jurídico de no-vulneración, sino que vamos más lejos: atenta contra el valor de la movilidad humana, contra la materialización de ese valor en los hechos colectivos de la sociedad humana, mientras implique dificultar la realización de hechos migratorios, lo que puede hacerse desfavoreciéndola, desalentándola, creando un clima que la haga in-atractiva, denigrándola o presentándola como un fenómeno socialmente negativo.

Para concluir, y con el ánimo de generar debate en la sociedad ecuatoriana ¿estamos dispuestos a asumir la movilidad humana como un derecho para los migrantes de Colombia y Cuba? ¿La ley de Movilidad Humana presentada en la Asamblea cumple con las expectativas de lo que demanda el contexto internacional?


Carlos Andrade
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