El pasado lunes 5
de octubre, Estados Unidos y once países de la cuenca del Pacífico concluyeron 7
años de negociaciones para lograr el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP
por sus siglas en inglés). Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam acordaron
conformar la zona de libre comercio más grande del mundo, que abarca un 40% del
PIB mundial, 25% del valor de las exportaciones globales, 11% de la población
del planeta y un mercado de 799 millones de consumidores.
Lo que parecía ser
un gran logro del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
rápidamente fue convirtiéndose en un lastre que manchará su legado para los
libros de historia. El miércoles 7 de octubre, la precandidata demócrata a la presidencia
de ese país, Hillary Clinton, manifestó su oposición al acuerdo. A pesar de
haber impulsado el tratado durante los siete años de negociaciones, Clinton
tuvo que desmarcarse pues Bernie Sanders, también precandidato demócrata, ya había
expresado su rechazo al TPP un día antes. Los motivos de ambos candidatos se
basan en la queja de sectores sindicales norteamericanos temerosos de que el
acuerdo no conduzca a la generación de empleos en EEUU, al aumento de salarios o
a la mejora de la seguridad nacional. No obstante, el rechazo al tratado
expresado por ambos candidatos, más bien forma parte de una estrategia política
que obedece a un momento en sus respectivas campañas en el cual deben mostrarse
receptivos a los reclamos del electorado y tomar distancia con Obama. Su
oposición no es porque el acuerdo tenga graves problemas en materia de derechos
y defensa de la democracia en países en vías de desarrollo, sino porque no es
lo suficientemente proteccionista de los intereses locales americanos. A esto
se suma la impredecible ingobernabilidad a la que ha descendido el congreso
norteamericano -con los Republicanos al mando-, factor que impide conocer cómo
votarán al momento de debatir su aprobación en el pleno. Ahora empieza una
nueva fase en la que los 12 países deberán aprobar el acuerdo en sus
respectivos cuerpos legislativos. Todos estos factores incidirán en el éxito o
no del “mega acuerdo”, con un Obama en la recta final de su gobierno.
La gran movida geopolítica
de Obama y su intención de reposicionar a EEUU en el Asía-Pacífico, podría terminar
siendo un fiasco global en beneficio de las grandes multinacionales y en
detrimento de los ciudadanos de los países en vías del desarrollo, al romper
barreras comerciales e imponer normas laborales y de protección de la propiedad
intelectual de las corporaciones. Si bien Obama ha defendido su viraje hacia el
Pacífico, aduciendo que creará nuevos marcos legales e institucionales en la
región; en definitiva se busca un fortalecimiento militar en esta zona del
mundo, con el fin de restarle capacidad de incidencia a China. Visto de esta
forma, no es tanto un tratado de libre comercio como tal, sino más bien un
acuerdo geopolítico sin China.
A pesar del
melodrama ocasionado por el anuncio, todos los actores políticos que han
lanzado opiniones al respecto se basan en notas filtradas de Wikileaks, puesto
que el borrador final del acuerdo aún es clasificado. Las notas filtradas por esa
fuente de Internet se referían a una “estrategia de privatización y
globalización de amplio alcance” con la cual se “restringen severamente a las
empresas estatales”. Únicamente miembros del Congreso y funcionarios
autorizados han podido verlo. Obama, anunció que el acuerdo se haría público
una vez que se lo haya concluido. En definitiva, nadie sabe lo que incluye y
qué impactos va a causar en la industria, las economías y los trabajadores en
todo el mundo.
Según varios analistas
que apoyan el TPP, esta alianza beneficiará a los ciudadanos de los países adherentes
al generar empleo; así como al fortalecimiento y la integración comercial de
países en vías del desarrollo. Además destacan que con este acuerdo se
eliminarán barreras en áreas como compras públicas, fijación de estándares para
derechos laborales, propiedad intelectual y cuidado ambiental.
Pero no todo son
lirios y rosas. Algunos detractores señalan que este tratado está lejos de ser
un acuerdo de “libre comercio” como tal y afectará negativamente a los
consumidores y a los derechos de libertad de prensa, derechos de propiedad
intelectual y derechos laborales. Para esos analistas, la razón de sus asertos
se basa en que se trata de un acuerdo que se ha consumado a espaldas de la
sociedad, sin tomar en cuenta a las organizaciones de trabajadores, a la sociedad
civil y hasta a la Organización Mundial del Comercio. Con el acuerdo, se
otorgan super poderes a las grandes corporaciones globales por encima de los
gobiernos nacionales, lo cual básicamente permitirá a las multinacionales
demandar a los gobiernos cuando crean que estos cometen prácticas que van en
contra de lo que esté estipulado en el tratado. Es decir, el problema yace en
que ya no son los gobiernos nacionales los que ponen las reglas del juego con
respecto a la propiedad intelectual, el internet, la industria farmacéutica,
etc.
En una entrevista
con el Vancouver Sun, el premio Nobel de
economía Joseph Stiglitz argumentó que el acuerdo obliga a naciones en vías de
desarrollo a deshacerse de sus propias regulaciones ambientales, de seguridad,
económicas y de salud. El impacto directo es, por ejemplo, que se prohibiría la
producción o provisión de medicamentos genéricos, lo cual provocaría que la
medicina sea inaccesible para los ciudadanos más vulnerables. “La historia de
que los fármacos estarán más disponibles es básicamente una mentira”, fustigó.
Así mismo sostuvo que el TTP “es un motivador de desigualdad y socavador de
protecciones básicas de las personas en nuestra economía”.
En nuestro país no
faltaron los miopes agoreros del desastre que se lamentaban por la exclusión
del Ecuador de semejante maravilla. En un desconocimiento absoluto de las
implicaciones que un acuerdo de tal envergadura tendría en nuestra economía,
acusaron al Gobierno de carecer de visión político-económica, sin medir que el
Estado ecuatoriano no solo que ha decidido autoexcluirse de las negociaciones,
sino que no podría participar de ellas aún cuando quisiera hacerlo, dadas las
políticas que emprende el Gobierno y que priorizan a la sociedad sobre la hegemonía
del capital. Más aún, los genios del comercio exterior ecuatoriano continúan
sumidos en su ignorancia respecto a los avances que en materia de integración
regional se han logrado, gracias a una política exterior que prioriza el
desarrollo humano sobre el beneficio de la concentración de la riqueza en manos
de un puñado de empresarios que se verían favorecidos si el Ecuador hubiese
entrado en el TPP.
Contrariamente a la
pesadumbre que expresarán muchos trasnochados empresarios por la exclusión de
este tratado, empresarios que en los próximos días van a desfilar por las
pantallas de los noticieros de TV y las primeras planas de ciertos periódicos
privados fungiendo el título de ‘analistas económicos’; es absolutamente
beneficioso (en el mediano y largo plazo) que el Ecuador quede fuera de este
tipo de acuerdos, pues eso no solo permite sino que obliga al país a entrar en un
proceso de industrialización interna que actualmente no existe, en parte debido
a la centenaria ceguera de un empresariado ecuatoriano que cree y quiere seguir
viviendo en la era de la producción primaria que y se niega a superarla.
Por Mateo Izquierdo
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