La seguridad, ¿cambió en estos 9 años?

Desde la vuelta a la democracia en el Ecuador en 1979, tres hitos reflejan los vaivenes en los que ha navegado la administración pública en materia de seguridad. El primero corresponde a la era Febrescorderista de los 80 cuando el gobierno dotó de armamento a la Policía Nacional, alineándola bajo una doctrina represiva justificada por la premisa de “acabar con el terrorismo”. Lejos de cumplir cabalmente con ese objetivo, en su lugar se impuso desde el régimen un terrorismo de Estado cuyas consecuencias fueron el asesinato, tortura y desaparición de civiles.

El segundo hito se enmarca en el contexto de la dramática desinstitucionalización del Estado, cuyos efectos más devastadores se sintieron en los primeros años del nuevo milenio. En medio de la ausencia de autoridad estatal y de legitimidad que avalara esa autoridad, ocurrió lo inimaginable: la Municipalidad de Guayaquil, con Jaime Nebot a la cabeza, estructuró su propio cuerpo de uniformados para encargarse de la seguridad en la ciudad, desplazando a la policía y al mismo Estado de una tarea que siempre le ha sido privativa por disposición constitucional.

Como vemos, los dos extremos (el de otorgar poderes armamentísticos y suprajudiciales a la policía, en un caso, y el de marginarla por completo de su labor natural reemplazándola por empresas privadas de seguridad, en el otro) sucedieron, paradójicamente, cuando el mismo partido de derecha y sus líderes históricos estaban al frente de la gestión estatal.

Mencionamos estos hitos para poner en contexto los radicales desequilibrios que caracterizaron el manejo de la seguridad y sus impactos que, a la larga, siempre terminó sufriendo la sociedad civil.

Más allá de las simpatías u odios que pueda generar el actual proceso político que vive el Ecuador, es claro que el tercer hito está marcado por las políticas en seguridad que ha promovido el gobierno que hasta hoy administra el Estado. Esa política se ha basado en una gran inversión para mejorar infraestructura física y capacitación del talento humano, tarea que va de la mano de un cambio de viejas y viciosas estructuras y prácticas institucionales de entidades involucradas en el tema seguridad tales como Policía Nacional, Función Judicial y Rehabilitación Social.

Es así que durante los 9 años del proceso político actual se han destinado 1500 millones de dólares para fortalecer a la Policía no solamente en cuanto a equipamiento y armas (como ocurrió en el gobierno de Febres Cordero), sino con la visión de articularse a un Plan Nacional de Seguridad Integral que establece un sistema técnico de distritalización del país. Es en ese marco que se han creado 469 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) distribuidas en todas las provincias, las cuáles, además de constituir una infraestructura potente que mejora las condiciones de trabajo de los policías, son el soporte que sustenta la meta de insertar la gestión policial directamente en el territorio. Todo esto forma parte también del Sistema de Seguridad ECU911 que posee videocámaras de vigilancia y monitoreo en todo el país.

Este es uno de los muchos factores que han permitido al Ecuador colocarse entre los 3 países más seguros de la región, según un reporte de Naciones Unidas. Es importante mencionar que en 2007 el país ocupaba el puesto 13 entre los 20 países más inseguros de la región.

Un indicador que refleja de manera contundente el índice de seguridad de los países es la tasa de homicidios. En el año 2006, el Ecuador tenía una tasa de 18 homicidios por cada 100 000 habitantes. La tasa actual es de apenas 6.4 homicidios por cada 100 000 habitantes.

En cuanto al tópico de la administración de justicia existen también logros que no pueden ser soslayados, más allá de la visión política que podamos tener: para 2006, la tasa de caducidad de la prisión preventiva estaba en el 18% debido a la inmovilidad y corrupción de un sistema que era incapaz de atender las causas. Actualmente esa tasa se ubica en el 0.03%.

Igualmente, los juicios sin sentencia que hasta el 2008 alcanzaban una tasa del 68% hoy están en el 34% y por primera vez se revierte una tendencia de tres décadas: se han comenzado a resolver más causas de las que ingresan y, por ende, a atender aquellas que estaban represadas durante años. Esto ha sido posible gracias al incremento en la tasa de jueces que se ubica en 12,55 magistrados por cada 100000 habitantes cuando el promedio de América Latina es de 10,78.

En cuanto a Rehabilitación Social los avances son evidentes. Todos recordamos la indignidad de centros carcelarios como la Penitenciaría del Litoral y el penal García Moreno que se construyó hace 140 años y que hasta hace apenas dos seguía funcionando en pleno Centro Histórico de Quito.

Esa nefasta realidad de las cárceles ecuatoriana llegó al extremo de contener un hacinamiento que alcanzaba hasta el 250%. Gracias a la construcción y modernización de 53 centros carcelarios, esa tasa de hacinamiento se ubica en la actualidad en apenas el 2%.

Es cierto, son apenas pocos números los aquí expuestos pero dicen mucho de lo realizado en materia de seguridad durante estos 9 años y que, sin duda, marcan diferencias con el escenario anterior a 2007.

Redacción Atento Ecuador