A pocos días de que se cumpla un mes del terremoto de 7.8 grados que no solo sacudió Manabí y Esmeraldas sino también el escenario político, una revisión de lo sucedido solo nos muestra cuán utilitaria puede ser una crisis humanitaria para los intereses electorales. Algunos virtuales candidatos tuvieron que adelantar sus discursos navideños de solidaridad y las fotografías de entrega de regalos y sin embargo, a un mes de la tragedia las acciones y los discursos se van agotando y poco a poco vuelven a su habitual tono beligerante.
El terremoto lo cambió todo. Hasta la tarde del 16 de abril el discurso de la oposición se basaba únicamente en la crisis económica, las repercusiones de caída de los precios del petróleo y una falta de liquidez. No obstante ese mismo día, a partir del sismo, la estrategia cambió y los cañones apuntaron a criticar la organización del Estado para responder a la crisis. Días después los políticos no lograron resistir a la tentación y se lanzaron a explotar electoralmente el escenario, ya sea convirtiendo su contingente de ayuda en auténticas caravanas propagandísticas como la del precandidato de CREO, Guillermo Lasso, y la del magnate del banano, Álvaro Noboa; o mediante videos lanzados en redes en los que desgañitaron qué es lo que habrían hecho ellos si hubiesen tenido que enfrentar la catástrofe, recurso que usó Ramiro González, de Avanza.
Pero toda esa efervescencia del momento inicial se ha enfriado ya, y ahora resulta que la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí, que hasta hace una semana tuvo la atención no solo del país sino del mundo, queda bajo el amparo silencioso de todo el soporte del Gobierno Nacional, gobiernos locales y la ayuda de organismos multilaterales. Para la oposición, dar vuelta a la página cuanto antes al tema del terremoto era vital; a fin de cuentas ya se tomaron la foto. No podían soportar más las manifestaciones de solidaridad y les resultaba inconveniente aquello del país unido en torno a un solo objetivo como es el levantar a Manabí y Esmeraldas. El discurso de la unión deja sin piso su discurso de la confrontación y en ese escenario los villanos son ellos. Ahora que la transitoria sensibilidad nacional vuelve a morigerarse, la oposición comienza a respirar aliviada pues sabe que ocurrió el menor de los males para ella: perdieron solamente un mes de ataques y sus plataformas vuelven a reactivarse para reiniciar la incesante campaña de deslegitimación con temas como el cobro de los 41 millones al ISFFA, los Panamá Papers, o la consulta popular sobre el alza de pasajes en Guayaquil.
El Presidente ha mencionado que cerca de un 3% del PIB del país, es decir unos USD 3.000 millones, serían necesarios para la construcción de nueva infraestructura en las zonas afectadas. Al momento los recursos con que se contaría están en alrededor de USD 600 millones gracias a las líneas de emergencia que activó el país con el Banco Mundial, CAF y BID, que ya estaban preparadas y listas cuando ocurrió la amenaza del Cotopaxi en octubre y noviembre pasado. El resto deberá ser financiado con medidas tributarias como el Proyecto de Ley de Contribución Solidaria con las víctimas del terremoto de Ecuador, que prevé reactivar la vida social, económica y productiva de las zonas de desastre, y que plantea beneficios tributarios para los habitantes de Manabí y Esmeraldas, además de marcar una contribución nacional por una sola vez y con temporalidad definida en favor de los más de 29 mil desplazados.
Esas medidas contemplan la contribución de dos puntos adicionales sobre el IVA por un año, a excepción de los afectados por el terremoto; la contribución del 0,9% por una sola vez para las personas naturales con patrimonio mayor a USD 1.000.000; y la donación de un día de sueldo para quienes perciben más de USD 1.000 mensuales. Se trata de un aporte nacional que se recaudará una vez aprobada la ley y que se destinará a la recuperación de servicios públicos y de vialidad, reconstrucción de vivienda y reactivación productiva.
Frente al panorama evidentemente claro de cuál es el camino elegido por el Estado para continuar con la etapa de la reconstrucción, ahora los candidatos opositores han tomado como bandera de lucha la creación de un fideicomiso privado que sea el que administre los fondos públicos que se recauden para esa reconstrucción. Pero, ¿qué ha sucedido en el país con los fideicomisos?
Hace unos años, el Ecuador eliminó el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep), que servía para acumular el dinero obtenido de la venta del petróleo. De este fondo, el 70% se destinaba al pago y recompra de la deuda pública tanto interna, como externa. El 20% se empleaba para cubrir el desfinanciamiento del Presupuesto del Estado y el 10% restante se usaba para impulsar la política social.
Con esos porcentajes de distribución del Feirep, la consecuencia lógica fue el crecimiento exorbitante de los bonos Global 2012 y 2030 de la deuda externa en el Gobierno de Gustavo Noboa. Es decir, fácticamente el país nunca dispuso del dinero del Feirep que, además, permanecía depositado en las arcas de la banca internacional ganando un ridículo interés. Aun así la oposición insiste en este tema acusando al Gobierno de una supuesta mala administración económica de los recursos por no haber creado fondos como el Feirep, argumento que el Presidente desvirtúa con la frase de que lo realizado en el país en cuanto a obra pública “no es gasto, es inversión”.
¿Qué ha hecho la oposición para plantear soluciones o promover financiamiento o generación de proyectos, que vayan más allá de la comodidad del discurso repetitivo y vacío? ¿Qué más hicieron, aparte de quejarse y entorpecer la comunicación durante la emergencia con información falsa sobre la ayuda? ¿Qué hicieron aparte de señalar a la Secretaría de Gestión de Riesgos por su labor y parchar los kits de donación de los ecuatorianos con sellos de la Alcaldía de Quito o Guayaquil? ¿Qué hicieron por las familias damnificadas que además de perderlo todo, perdieron sus familiares?
¿Qué hicieron además de correr el morbo en redes preguntando el número de fallecidos?
Hoy, la reconstrucción desde un sentido nacional nos llama a todos, porque este es un proceso que replantea no solo la reducción del gasto público, sino también la necesidad de una corresponsabilidad. No podemos negar que la crisis de precios de los commodities, la recesión mundial y la caída del precio del petróleo nos llevaron a una crisis económica pero, además de ello, la nación debió enfrentar un escenario no contemplado de crisis humanitaria con el terremoto de 7.8 del 16 de abril y sus impactos en todos los ámbitos de la administración pública pero también en lo concerniente a la corresponsabilidad de la sociedad entera para empujar en una misma dirección y sacar al país de esta catástrofe. Sin duda el financiamiento de la reconstrucción no será el mismo que requirieron Japón o Chile, que cuentan con una moneda propia y que pudieron tomar medidas efectivas para dinamizar la economía y el proceso de reconstrucción gracias, en gran parte, a la madurez de sus propias sociedades que entendieron que las secuelas de los desastres naturales que debieron enfrentar no eran un problema “del gobierno” solamente, sino de todo un país.
La reconstrucción requiere del esfuerzo de todos, empresas, trabajadores y Estado. Su costo es un desafío que podemos superar como nación.
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