Para nadie es
desconocido que el permanente estado embrionario en el que durante décadas ha
permanecido el movimiento sindical ecuatoriano se debe a la inexistente visión de
su cúpula, en especial la actual (si tomamos en cuenta que esos dirigentes son
los mismos que han conducido al movimiento desde hace dos o tres décadas sin
dar paso a un proceso de renovación).
Sin esa
visión, el movimiento se ha visto supeditado a actuar en función de la coyuntura
local o la influencia internacional del momento, y desde el retorno a la
democracia en 1979 ha sido una constante, el observar cómo la vigencia de las
organizaciones sindicales, más que de sí mismas y su organicidad, ha dependido
de factores tan pasajeros como el derecho laboral impuesto en determinado
gobierno o el espíritu más o menos represor de algún régimen para acallar sus
protestas. El Ecuador no ha podido ver el crecimiento real de un movimiento
sindical robusto, protagonista en el contexto histórico y con una vigencia
sustentada en una auténtica identidad clasista. Todo lo contrario: la presencia
de liderazgos sindicales obsoletos que son el producto de estructuras de
organización social caducas ha sumido al sindicalismo en un inmovilismo
histórico que se refleja en su discurso decadente, anacrónico y nada conectado
con los retos y las problemáticas actuales de los trabajadores.
No obstante,
es imposible desconocer que medidas como las que adoptó Rodrigo Borja (1990)
con la expedición de la Ley de Régimen de Maquila o la Ley de Zonas Francas que
permitió que los contratos de trabajo sean temporales; o aquellas que
implementó Gustavo Noboa (2000) como la Ley para la Transformación Económica
del Ecuador que incorporó la contratación por horas, favoreciendo el despido
intempestivo sin indemnización; o, incluso, las reformas que dieron paso a la
intermediación laboral con Jamil Mahuad (1998) y la tercerización con Lucio
Gutiérrez (2003) causaron severos impactos a la organización sindical en cuanto
a una reducción de las afiliaciones de los trabajadores.
Los gobiernos
neoliberales en el Ecuador aprovecharon el impulso de la globalización de la
economía para promover la privatización, generando una tensión favorable para
el mercado y no para el Estado. De esta forma los trabajadores tuvieron que
ajustarse a las reglas de juego de la empresa privada, que vinieron de la mano
de la precarización y sin garantías de seguridad ni de estabilidad laboral.
La
modernización de las empresas vino de la mano de gobiernos pertenecientes a
grupos económicos y de poder que beneficiaban a su sector y que generaron
políticas de exclusión y discriminación de trabajadores, con una reducción de
la mano de obra a la que reemplazaron por la tecnología. Se implementó todo un
aparataje basado en la “producción eficiente”. El sector privado llegó a
establecer legalmente empresas distintas que no superaban los treinta
trabajadores en nómina para evitar la consolidación de los sindicatos. Fue
entonces cuando la tercerización truncó aún más la organización de los
trabajadores ya que estos pasaban factura por servicios prestados mientras los
empleadores evadían, además, toda responsabilidad laboral como la seguridad
social, pago de utilidades o elementales derechos como el pago de vacaciones o
“conquistas laborales” de antaño como los sobresueldos.
Cabe
preguntarse entonces ¿dónde estaban esos líderes sindicales que velaban por la lucha
de clases? ¿Dónde estaban cuando el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996)
convocó a un plebiscito para privatizar la Seguridad Social? ¿Dónde estuvieron
cuando el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) pretendió mediante
consulta popular penalizar la protesta social, prohibir la sindicalización de
los empleados públicos y eliminar el derecho a la Seguridad Social administrada
por el Estado?
La
politización de los sindicatos en el Ecuador en las dos últimas décadas ha provocado
que las organizaciones de trabajadores se movilicen sin una estrategia definida
y huérfanas de propuestas de políticas laborales que se conviertan en el
motivante de toda una clase obrera que luche por la reivindicación de sus
derechos como objetivo prioritario, más allá de su participación como opositores
a medidas económicas coyunturales y lineamientos políticos lejanos al contexto laboral.
La falta de otro
mecanismo de acción además de la protesta en las calles muestra la decadencia
de una organización sindical de trabajadores que se ha quedado fuera de los
retos actuales de la clase trabajadora. Esto ha provocado que su fuerza
movilizadora sea cooptada por partidos políticos cuya estrategia es utilizar a
las bases sindicales como carne de cañón para medir fuerzas con los gobiernos
de turno.
Esta ausencia
de propuestas serias y actuales provenientes sindicalismo ecuatoriano es lo que
ha llevado al Gobierno a ser el generador de un planteamiento que por muchos años
estuvo congelado: la creación de una Central Unitaria de Trabajadores. Una
organización que obligó a la burocracia sindical a acelerar la creación de un
organismo que englobe a los diversos sindicatos como es el Frente Popular, el
cual se ha convertido en una plataforma política que reúne también a facciones
del movimiento indígena, jubilados y sector campesino.
Aun así, los
liderazgos sindicales que durante años han permanecido en el poder no han
logrado identificar los cambios estructurales a los cuales hoy se debe la organización,
quedando atados a un ordenamiento sin contenido.
La capacidad
de negociación de la organización sindical está debilitada por personas como Manuel
Mesías Tatamuez Moreno, presidente de la Confederación Ecuatoriana de
Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut) que, de acuerdo a
su historial laboral, es, desde 1989, financiado por organizaciones sindicales
sin ser un trabajador del sector privado o público. Aun así, dícese ser un
representante de los trabajadores.
El discurso
del sindicalismo ecuatoriano recae en una perorata vacía, sin planteamientos
que reivindiquen las consigas de un frente clasista empoderado de las demandas
obreras:
“CEDOCUT
exige al gobierno archivo inmediato de todo proyecto de ley que afecte la vida
del pueblo y derechos ciudadanos y derogue leyes que afectan a los
trabajadores” (Cedocut, 19-04-2016).
Como esta confederación
existen otras en el Ecuador en las que se tejen relaciones clientelares en
función de los intereses políticos de los dirigentes sindicales.
La falta de
visión ante los retos actuales deja de lado propuestas como la creación de sindicatos
por rama de actividad que protejan a los trabajadores del sector privado y no solo
fomenten la organización de profesionales que se encuentran fuera del sector
público y que se encuentran dispersos y débiles frente a la voluntad de las
empresas. Esto no implica obviar la visión de un desarrollo estratégico y crítico
de la unidad sindical. Además es pertinente establecer procesos de alternabilidad
y transparencia en el manejo participativo de los sindicatos.
¿Qué han
planteado los sindicatos desde aquel noviembre de 1992, cuando la huelga obrera
terminó con cientos de cuerpos arrojados
al río Guayas? ¿Qué hemos aprendido desde la primera gran huelga de los obreros
ecuatorianos en 1919? ¿Qué queda del movimiento sindical, las reivindicaciones
laborales y de la organización social en Ecuador? Todas esas son reflexiones
pendientes.
María
Augusta Espín
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